viernes, 12 de octubre de 2012

CANIBALISMO CAPITALISTA


La naturaleza del capitalismo, que el marxismo ha descrito con nitidez poniendo énfasis en la lucha de clases, y su acción corruptora sobre conceptos fundamentales para la convivencia y el progreso de la sociedad como democracia y libertad, ahora ya son visibles desde el interior mismo del sistema. Devorada toda oposición ideológica y en un estado general de anomia, el capitalismo del siglo XXI ya se devora a sí mismo.

El actual poder económico, representado por una opaca oligarquía financiera, que controla las elites represivas y ha desplazado el polo de poder de la economía productiva a la economía financiera, ha propiciado la pérdida de valores y referencias éticas, la vulgarización de la actividad política y el sometimiento de las soberanías nacionales y del Estado, y dado lugar a una situación inédita en la historia moderna. Una situación en la que el capitalismo ha llegado al punto de vulnerar uno de sus principios básicos como es la propiedad privada.
Hasta el siglo XIV, la idea de propiedad se centraba fundamentalmente en la tenencia de la tierra, pero desde entonces «el ascenso de la burguesía y su tendencia a la acumulación de las riquezas -como apunto en Diccionario político- tuvo consecuencias para la propiedad personal, a la que se le concedió más valor, y para la real. [...] Con el desarrollo del capitalismo, el concepto de propiedad trascendió la tenencia de la tierra y alcanzó el de la tenencia de los medios de producción, lo que dio lugar a la elaboración de un sistema de leyes orientado a garantizar los derechos de la propiedad privada».
El derecho de la propiedad de bienes -materiales o inmateriales- comprende «las facultades de uso -ius utendi-, por el cual el titular puede servirse del bien para sus intereses, pero respetando la función social del derecho; de disfrute -ius fruendi- por el cual el titular puede aprovechar y disponer de los frutos o productos que el bien genere, con o sin su intervención, y de disposición -ius abutendi-, por el cual el titular puede hacer lo que desee, salvo cuando su acción es contraria a la función social del bien. De aquí que el derecho de propiedad constituya un poder moral, exclusivo, y también limitado por los intereses del bien común y la subordinación al deber moral, perpetuo e imprescindible, según lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.»
Este factor moral inherente a la propiedad privada es recogido por todas las constituciones democráticas y la Constitución española no es una excepción. En su artículo 33 dice: 
  1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
  3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Sin embargo, la dinámica acumulativa que el capitalismo lleva en su propia naturaleza ha experimentado tal aceleración que ha colapsado al sistema mismo, el cual, con el pretexto de la supervivencia, ha empezado a devorarse a sí mismo atacando el principio fundamental de la propiedad privada sin que el Estado, convertido en gestor del poder económico-financiero, pueda hacer nada por evitarlo. Esto, y su anorexia política, explica que el Gobierno legitime que bancos y otras entidades financieras se queden con las viviendas de miles de hipotecados sin que las propiedades incautadas cancelen las deudas hipotecarias. Y si escandalosa es la conculcación flagrante del punto 3 del artículo 33 de la Constitución, también lo es que se creen «bancos malos» encargados de poner nuevamente en el mercado las miles de viviendas indebidamente apropiadas, y que los beneficios obtenidos por sus ventas no vayan a destinarse a la extinción de la deuda ni ha indemnizar a los ciudadanos sino a «equilibrar» el cuadro de pérdidas y ganancias de los bancos. ¿Es esto lo que los gobiernos entienden por «causa justificada de utilidad pública o interés social»?
Cabe añadir que no sólo es ilegítima esta acción de los bancos sino también la acción del Gobierno que la permite al faltar al artículo 47, que considera la vivienda como un derecho, y al artículo 38, que trata de la economía de mercado, cuyo ejercicio deben ser garantizados y protegidos por los poderes públicos «de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación», lo que quiere decir que el Estado tiene la prerrogativa y la obligación de velar por el bien común.

miércoles, 3 de octubre de 2012

CLASE POLÍTICA Y POLÍTICOS


Desde la crisis del petróleo de 1973 ha ido instalándose progresivamente en el imaginario de la sociedad el descrédito de la clase política y la desconfianza hacia el Estado, al tiempo que los políticos tradicionales eran sustituidos en sus puestos por tecnócratas y las grandes corporaciones económico-financieras se hacían con el control del poder. Tal situación ha tenido graves consecuencias para el bienestar de los ciudadanos y para la paz mundial.

La política, cuya etimología griega significa «de los ciudadanos», es el «conjunto de actividades humanas que tienen como referencia el Estado y una serie de procesos mediante los cuales se manifiestan diversas relaciones de poder entre grupos de individuos» (Diccionario político, El Viejo Topo, 2011). El ejercicio del poder político, como ya apuntaba Aristóteles, se verifica en el seno de la comunidad porque es en ésta donde puede alcanzar sus fines específicos. Dado que estos fines son el bien común, la justicia, la igualdad, la seguridad y la prosperidad en tiempos de paz, el ejercicio de la política exige a los políticos un sentido ético para toda actuación social.
Desde este punto de vista queda claro que el principal objetivo de la acción política, es decir del servicio público, es velar por la felicidad de los ciudadanos en el marco del Estado y sus instituciones. Sin embargo, hoy este objetivo aparece pervertido por la idea de que el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos y de gestionar el patrimonio público, y, consecuentemente, los políticos carecen de la inteligencia suficiente para tan altas funciones. De este modo, al cuestionarse la eficacia del Estado y de la clase política, los poderes privados que operan según las normas capitalistas, tienden a ocupar el ámbito de la res publica desplazando y desprestigiando a la clase política y colocando en su lugar a tecnócratas que actúan al servicio de los intereses económicos y financieros y privatizando servicios que, por su naturaleza pública, no tienen que ser necesariamente rentables. 
Con la crisis del petróleo de 1973 comenzó así un portentoso proceso invasivo de la política que ha debilitado al Estado y ha usurpado el puesto de los políticos colocando en su lugar a ejecutivos que gobiernan y legislan en favor del poder económico. La perversidad del sistema es que, para ejercer un control absoluto del ciudadano y sus derechos, ha mantenido a la clase política y la acción política como apariencias de una realidad regida por el orden económico. Un orden que minimiza los derechos civiles y constitucionales al punto de exigir a los gobiernos que el colapso provocado por las prácticas especulativas, la corrupción y la acumulación sea sufragado por la ciudadanía y dado lugar a una escandalosa rapiña de bienes por parte de los bancos.
En este momento histórico, cabe a la ciudadanía una actuación orientada a recuperar su soberanía, secuestrada por el poder económico, dueño y gestor asimismo de la violencia y de la represión, y reivindicar el ejercicio de la política y al político para devolver al Estado su fortaleza y su función. Un Gobierno de políticos nunca actuaría para «contentar a los mercados», sino para mantener la paz, la seguridad y la felicidad de sus ciudadanos. Un Gobierno de políticos democráticos nunca procuraría cercenar los derechos de expresión y manifestación de los ciudadanos.