lunes, 31 de diciembre de 2012

TECNOCRACIA Y POLÍTICA

 El anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de nacionalizar cuatro filiales de Iberdrola para asegurar el suministro eléctrico a las zonas rurales a precios accesibles para los usuarios, sirve para exponer la diferencia que existe entre una acción política y otra tecnocrática y lo que esto supone en relación a la idea que se tiene de la naturaleza y la función del Estado.

Algunos líderes latinoamericanos -Morales, Correa, Fernández de Kirschner, Chávez, Mujica, Rousseff- independientemente de sus posicionamientos ideológicos o de sus métodos de gobierno- tienen en común una misma idea sobre la función del Estado y del rol que éste debe cumplir como entidad superior protectora de los intereses, la seguridad y la felicidad de los ciudadanos. Todos ellos y sus partidos, a pesar de la fuerte presión neoliberal que sufrieron a partir de la década de los setenta del siglo XX y del desmantelamiento de las escasas infraestructuras industriales, siguen fieles a la tradición del ejercicio de la política como principal factor de gobierno. Incluso durante el crash de la economía argentina en 2001 provocada por la orientación económica del FMI y otros organismos financieros mundiales y los efectos de la corrupción en el estamento político, que llevó a la ciudadanía a pedir «que se vayan todos», no se dejó de hacer política y esa fue una de las razones por las que el país pudo salvarse de la quiebra.
A partir de la guerra de Yom Kippur y del golpe de Pinochet en Chile, en 1973, los centros de poder del capitalismo neoliberal desencadenaron en todo el planeta un soberbio ataque de desprestigio al Estado como gestor y administrador de la res publica, que se aceleró tras las caídas del muro de Berlín y del bloque soviético, en 1989 y 1991. El principal síntoma de este ataque fue la fiebre privatizadora que aligeró el patrimonio del Estado, al que incluso se privó de empresas estratégicas -de transportes y telecomunicación, energía, etc.-, al mismo tiempo que los puestos claves de partidos e instituciones eran progresivamente ocupados por tecnócratas, especialmente economistas, que actuaban bajo el paraguas de la política trasmitiendo a la ciudadanía un engañoso mensaje sobre sus verdaderos propósitos: convertir el Estado en gerente ejecutivo y legislativo de los intereses de las grandes corporaciones privadas y promover el desarrollo económico sin trabas ni perturbaciones políticas. De este modo, los Estados vaciados de sus patrimonios quedaron inermes frente a la acción depredadora de ese opaco poder que se ha dado en llamar «los mercados» y, consecuentemente, incapaz de defender el bienestar de la ciudadanía.
La decisión del presidente Evo Morales de expropiar cuatro filiales de Iberdrola -como en abril de 2012 de Cristina Kirschner de hacer lo propio con YPF, filial de Repsol- constituye una decisión política orientada a fortalecer el Estado y proteger al ciudadano de la acción depredadora de las empresas. El uso sinonímico de los términos «expropiar» y «nacionalizar» no hace sino enfatizar la naturaleza política de una acción de Gobierno que tiene como objeto el bienestar de la comunidad.
Una acción de esta naturaleza choca frontalmente con las medidas de los gobiernos tecnócratas, como el español, lanzado a una escandalosa actividad privatizadora de la educación y la sanidad, al mismo tiempo que sale al rescate con dinero público de bancos en quiebra que, una vez saneados reprivatizará para beneficio de algún grupo particular. Pero, aparte de esto, la situación de crisis social y económica -desempleo, deshaucios- derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, favorecida por una ley del suelo que dio pábulo a la especulación, y de las malas praxis de las entidades financieras no ha motivado ninguna medida del Gobierno dirigida a proteger a la ciudadanía, tal como es deber del Estado, sino que, por el contrario, ha destinado millones de euros ha rescatar a los grupos privados causantes de la crisis. Es evidente que el Gobierno de tecnócratas no sólo no tiene ningún control sobre la situación general en la medida que ha entregado la soberanía del Estado a los grupos de poder capitalista, sino que tampoco tiene entre sus planes llevar a cabo acciones políticas en favor de los ciudadanos. 
¿Qué hacer? es una pregunta que vuelve a cargarse de sentido y supone que la ciudadanía impulse un proceso de transformaciones radicales en las relaciones con sus representantes, a fin de minar su discurso tecnocrático y restaurar el orden político hoy usurpado por el orden económico.

martes, 18 de diciembre de 2012

LA LIBERTAD COMO SUBPRODUCTO

La noción de libertad, si bien ha sido expresada y utilizada de muy diversas maneras según los momentos históricos y los contextos políticos y culturales, se define fundamentalmente por la capacidad inmanente del ser humano para obrar de un modo u otro o de no obrar. Por esta vía la libertad alcanzó el carácter de derecho fundamental que, en la actualidad, los intereses particulares han reducido a mero subproducto del orden económico.

La libertad fue expresada por los pensadores griegos como una facultad natural del ser humano de acuerdo con la cual podía sustraerse al determinismo cósmico, sea entendido éste como el Destino o la Naturaleza, y también como un concepto social y político que permite a una comunidad humana «regirse sin interferencias de otras comunidades y en cuyo seno los individuos obran acordes con las leyes» (1)
Desde aquel momento histórico, la libertad ha sido objeto de reflexión tanto en el orden filosófico como social, político y religioso. Al margen de otras consideraciones, la libertad es hoy el campo de batalla donde dirimen su hegemonía las concepciones republicana y liberal de la misma y de cuyo resultado depende la felicidad o infelicidad de la mayoría social.
Para el liberalismo la libertad «es un derecho natural del individuo a quien no cabe poner interferencias a su voluntad» y, consecuentemente, las leyes deben ser hechas para favorecerla. Para la tradición republicana, la libertad se concibe «como no dominación de unos sobre otros» ya que «la libertad individual no existe en sí mismo sino como expresión de la libertad colectiva concebida como un todo». Esto significa que para el republicanismo la libertad no es un derecho natural, el cual supone reconocer y aceptar la ley de la selva, donde prevalece el más fuerte, sino que «emana de las instituciones políticas republicanas y de las leyes que garantizan la convivencia en armonía dentro de la comunidad», porque los «ciudadanos libres hacen las leyes y las leyes hacen la libertad». Dicho de otro modo, el individuo es libre en la medida que la comunidad a la que pertenece lo es.
El liberalismo, cuyo correlato emocional es el romanticismo, constituye el fundamento ideológico sobre el cual se ha desarrollado el capitalismo que ha hecho del individuo y no la sociedad el motor del progreso científico y tecnológico, paradigma que se consagra con la expresión «iniciativa privada» con alto valor positivo. Esto significa que, mientras para el republicanismo la libertad política se plantea en la espacialidad determinada por el desarrollo económico y cultural armónicos, que permite a los ciudadanos influir en las estructuras instituciones y orientar las políticas de sus gobiernos, para el liberalismo dicha espacialidad se traduce como mercado, dentro del cual los ciudadanos se convierten en consumidores. Esto viene a explicar los ataques del neoliberalismo al Estado y las estructuras políticas y económicas públicas sobre las que impone la «libertad de mercado» y sus leyes en detrimento de la libertad y felicidad de los ciudadanos en su conjunto. 
Llegados a esta encrucijada, en la que la libertad, como «no dominación de unos sobre otros», es una palabra muerta viviente, la felicidad futura de la ciudadanía depende de la toma de conciencia de los ciudadanos de este estado de cosas y de su voluntad de transformar radicalmente el vínculo con sus representantes -políticos, sindicales, gremiales- recuperando las riendas de la acción política. Sin ésta, la libertad seguirá siendo un subproducto y los ciudadanos esclavos/consumidores del orden económico capitalista.
(1) Diccionario político. Voces y locuciones, Antonio Tello (El Viejo Topo, 2012)