domingo, 27 de enero de 2013

DE LA LIBERTAD Y LA NECESIDAD



En la vida diaria, la libertad se tiene más como una aspiración que como una realidad posible. Esta falsa creencia hace que la conducta de los individuos siempre esté minada de trampas, que no pocas veces se enmascaran en la necesidad, que coartan la libertad misma y perpetúan la esclavitud. 

Así está, por ejemplo, el trabajador que no apoya una huelga en defensa de sus derechos con el pretexto de que tiene hijos que mantener; el escritor que se somete a las líneas editoriales y rinde culto al argumento y a la trama para obtener las regalías de su publicación, premio o consideración mediática renunciando a sus ideas acerca de la escritura, o los gobiernos que cierran ambulatorios en pequeños pueblos porque no son rentables.
Toda relación – laboral [trabajador-patrón], literaria [escritor-lector], etc.- exige un compromiso ético con el otro cuya cláusula fundamental para su extinción es la libertad y no la necesidad. De este modo, los patronos no pueden pretextar salvar su empresa y salvarse ellos, sin contar con sus trabajadores y prescindiendo de ellos, de cuya plusvalía han vivido y hasta se han enriquecido sin hacerles partícipes de sus beneficios; los gobiernos no pueden abandonar a los ciudadanos para salvar a la economía o los escritores traicionar al lector y a sus principios estéticos, para ganar dinero o fama. Salvarse por su lado en nombre de la necesidad sin contar con el otro es, en definitiva, un gesto egoísta y censurable.
Quiero decir, que la necesidad como fundamento de una acción o decisión que afecta a la vida de las partes comprometidas en un vínculo no es sino una trampa más que conduce a los individuos y a los pueblos al fracaso, no así la apelación a la libertad, la cual al tener una vía de doble sentido, desdeña traiciones, engaños, corrupciones, ambiciones, egoísmos, etc., y a la vez exige coraje, valentía, generosidad, capacidad de renuncia y fuertes convicciones éticas para dar coherencia, sentido y, consecuentemente, felicidad a la vida de las personas. Quiero decir que tanto la fundación del vínculo como su extinción son actos que nacen de la libre voluntad de sus actores. Todo esto también cabe para las relaciones interpersonales, de amistad, de pareja, porque todo, absolutamente todo, contribuye a lograr la dicha o la miseria de la sociedad y de cada una de las personas.

lunes, 14 de enero de 2013

LOS CORRUPTOS SE QUITAN LA MÁSCARA


Esperanza Aguirre, ex presidenta de la
Comunidad de Madrid
Los escándalos de venalidad de los políticos son la punta del iceberg de la corrupción de la actividad política, dado que bajo la superficie de lo lícito se ocultan conductas reñidas con la ética y la responsabilidad obligatoriamente observables por los servidores públicos. Junto a los casos de corrupción clásica - Gürtel, Mata, Fabra, Pokemon, etc.- que implica el soborno también son casos de corrupción el paso más o menos inmediato de altos cargos políticos a la empresa privada.


Rodrigo Rato, como ministro privatizó Telefónica, de la que
ahora es consejero para Europa y América Latina.
Como la mujer del César, el político no sólo ha de ser honesto, sino parecerlo. Pero este no es el caso de  Juan José Güemes ex consejero de sanidad de Madrid, fichado por la empresa Unilabs, a la que había adjudicado el servicio público de análisis; Pedro Morenés, ministro de Defensa y vinculado a empresas armamentísticas; Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del primer gobierno de Aznar durante el cual privatizó Argentaria, Tabacalera, Endesa, Repsol y Telefónica, ex director gerente del FMI y director de Bankia, fichado por Telefónica, y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, quien después de acomodar las leyes para la instalación Eurovega, renunció de este cargo para fichar por Seeliger y Conde manteniéndose como presidenta del Partido Popular de Madrid. Después de estos casos, que no son los únicos sino los más recientes, viendo las medidas favorables a los bancos y a las grandes corporaciones que el gobierno del PP está tomando a golpe de mayoría absoluta en el Parlamento cabe preguntarse ¿por quién fichará o habrá fichado ya Mariano Rajoy y con él los muchos que participan en el desmantelamiento del Estado de bienestar? Pero dado que esta pregunta sólo transmite una sospecha, quizás la pregunta que debe hacerse el ciudadano es ¿qué es la corrupción? Para responder a esta pregunta recurro a la definición que doy de «corrupción política» en mi Diccionario político. Voces y locuciones (El Viejo Topo, 2012). 
La corrupción política es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, generalmente secreto y privado. La corrupción política se manifiesta de muy diversas formas, aunque las más frecuentes son el uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude electoral, el nepotismo, etc. y afecta desde los más altos cargos de gobierno hasta el funcionario que ocupa el puesto más bajo del escalafón administrativo. Su origen está en las tensiones que produce la confrontación entre los intereses públicos y los privados, en particular cuando estos últimos hacen sentir su influencia en las instituciones del Estado. 
La corrupción política tiende a degradar la credibilidad de la clase política, a menoscabar el respeto a las instituciones públicas y a comprometer el Estado de derecho, lo que da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado.La corrupción se plantea como un problema real cuando infisiona el sistema social de relaciones y se convierte en un fenómeno difícil de precisar y juzgar.  En el primer caso, la dificultad se debe a la diversidad de las actuaciones, que van desde el soborno de un funcionario de ventanilla hasta el regalo interesado a un alto cargo de gobierno o a un grupo de diputados para que sancione o rechace determinada ley o favorezca a un lobby en una licitación, en el segundo a los diferentes grados de percepción que los actores y la ciudadanía tienen del fenómeno. Generalmente, en este caso, la opinión pública es la que determina el alcance de la corrupción y su mayor o menor identificación con las conductas corruptas, según quienes sean los corruptos y los corruptores. 
Para algunos especialistas, los intercambios sociales generan un mercado de la corrupción, donde se establecen las exigencias, las obligaciones y los métodos precisos de compensación, y para otros es la corrupción la que genera intercambios sociales que favorecen la existencia de redes legales en el marco de los sistemas neocorporativistas*, que desarrollan mecanismos de protección a corruptos y corruptores que garantizan la realización de las operaciones clandestinas.
En el orden político la corrupción se localiza en los legisladores, los partidos políticos y la Administración y se asienta en la mayor o menor venalidad del político y su grado de ambición personal, política o económica; el nivel de competencia entre los partidos políticos y sus recursos para la financiación de sus actividades, y el grado de organización de los grupos de presión, así como la existencia o no de competencia entre ellos. La corrupción legislativa se verifica mediante las votaciones que sancionan o rechazan leyes que afectan a grandes corporaciones que conforman poderosos grupos de presión ilegales. 
La corrupción de los partidos parte del deseo de la formación política de asegurar su triunfo electoral y su acceso o permanencia en el Gobierno mediante espectaculares campañas de propaganda, beneficios clientelares o compra de votos, etc. Las posibilidades de éxito de estas campañas se ven favorecidas al influir sobre una base electoral pasiva, acrítica, mal informada y vulnerable a la demagogia, y por la acción eficaz de grupos de presión bien organizados, que actúan protegidos por la misma red política. La corrupción administrativa tiene que ver con la venalidad de los funcionarios y su capacidad para bloquear o acelerar la aplicación de una ley, una sanción, etc., dar trato preferencial o filtrar información.

viernes, 11 de enero de 2013

FEUDALIZACIÓN DEL CAPITALISMO, DE CIUDADANO A SIERVO

El colapso capitalista que se vive hoy es la culminación de un ciclo de expansión y acumulación de riquezas inherente al sistema, caracterizado por la naturaleza parasitaria del capital financiero que, en esta fase final, prevalece sobre la economía productiva y paraliza su dinámica. Este colapso, al dejar sin efecto el contrato social sobre el que se asienta el sistema democrático, inaugura un proceso de desintegración social de tipo neofeudal que degrada al ciudadano a la categoría de siervo.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, los reinos bárbaros que le siguieron basaron su   existencia en la expansión territorial. Situándose por encima del pueblo y la nobleza, los reyes victoriosos consideraron los países conquistados como propiedad particular y sus habitantes como súbditos de quienes podía disponer a capricho. Así, la tenencia de la tierra y la servidumbre se convirtieron en los pilares del poder real. Pero, a medida que los reinos se expandían también crecían las exigencias defensivas en proporción inversa a la capacidad real para satisfacerlas, hecho que se agravó con la violenta irrupción en el escenario europeo del islam. Ante la presencia de los musulmanes en el sur y de tribus bárbaras en el Este, los reyes otorgaron a un puñado de señores (condes) el usufructo de tierras primero y de prebendas y privilegios después con plena autoridad sobre ellas a cambio de proteger dichos territorios y la vida de sus siervos, en quienes recaía el peso de toda la actividad productiva y del sustento económico del reino.
El reino y el imperio carolingios fueron, entre los siglos VIII y IX, un frustrado proyecto de restauración y fortalecimiento del poder real que, en cierto modo, aceleró la feudalización y la fragmentación del mapa político de Europa que quedó configurado en reinos nominales sostenidos económica y militarmente por innumerables señoríos con su masa de siervos de la gleba.
De esta sumarísima síntesis cabe deducir que la atomización del poder real se produjo en ese período histórico a causa, entre otros factores, de la incapacidad de dicho poder real para asegurar la paz y el bienestar dentro de sus territorio, de la inercia expansiva de carácter militar que aumentaba esa incapacidad y de una concepción doméstica de la economía.
Este proceso de expansión territorial, que trajo aparejada la acumulación de tierras, que se volvían  improductivas; el debilitamiento de las instituciones estatales y el colapso de sistema, tiene su correlato moderno en los ciclos expansivos del sistema capitalista. Así, el fin del ciclo colonial estuvo determinado por el colapso del comercio monopólico que desembocó en la emancipación de las colonias, principalmente las norte y sudamericanas, y los finales de los ciclos neocolonial e imperialista lo estuvieron por el ahogamiento del espacio vital (lebensraum), que desencadenó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las posteriores guerras de liberación nacional.
Tras la caída del muro de Berlín y de la URSS, las grandes corporaciones capitalistas se apresuraron a ocupar los espacios "liberados" globalizando la economía sobre la base de los avances científicos y tecnológicos acelerando de forma brutal el flujo de capitales financieros y su ingente concentración. El hecho es particularmente grave en la medida que estos capitales autogeneran sus propios beneficios casi de modo autónomo a la acción de la economía productiva creando una ficción económica en la que las catástrofes naturales, los accidentes -aéreos, nucleares, etc.-, los atentados terroristas, las guerras localizadas o hasta las declaraciones de un personaje público se convierten en detonadores de bruscos movimientos sísmicos en las bolsas del mundo y en terremotos que hacen temblar a determinados gobiernos.
La globalización, que ha supuesto que las grandes corporaciones transnacionales ocupen el planeta, salvo el espacio chino, donde persiste un fuerte aunque no invulnerable poder político, ha llevado a la economía mundial al punto de colapso del sistema e iniciado la fase feudalización tanto de los estados como de las sociedades que los conforman. Con este objetivo, las élites corporativas que han asumido el control del poder económico y de las fuerzas represivas a escala mundial (industrias alimenticias y armamentísticas y compañías militares de seguridad), vienen atacando desde la guerra del Yom Kippur al Estado y a la actividad pública con fuertes campañas de desprestigio al tiempo que corrompen o sustituyen a sus dirigentes por tecnócratas, que se ocupan de descapitalizarlo mediante la privatización de sus empresas estratégicas más rentables (energía, telecomunicaciones, bancos, transportes, etc.) y sus principales servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, etc.). Así, el Estado, aunque inerme e incapacitado para ejercer la defensa de los derechos y del bienestar de sus ciudadanos, asume como razón de ser la defensa de los intereses de las empresas «nacionales» y la correa de transmisión de los directrices del «mercado» o de los organismos financieros mundiales (FMI, BM, BCE).
La deuda pública se convierte en la espada de Damocles del Estado que pende y oscila cada día al ritmo de la llamada «prima de riesgo» y cuyo horizonte lo determinan el temido «rescate», el cual equivale a una lisa y llana privatización del Estado, la cual se realiza con frecuencia a través de los llamados «fondos buitres», que también suelen ser utilizados por los «inversionistas de fondos tristes» para corromper gobiernos, comprar países o dinamitar los mecanismos de ayuda de la ONU a los países pobres.
Tal como los antiguos reyes victoriosos consideraban los territorios conquistados como propiedad privada, las grandes corporaciones capitalistas también consideran los Estados sometidos al poder económico como  feudos propios y los convierten Estados-señoríos de cuyas estructuras político-administrativas se valen para mantener un cierto ordenamiento jurídico que legitime la ocupación y mantenga las marcas que distinguen los territorios entre los distintos grupos económico-financieros que se disputan el control absoluto del poder.
Del mismo modo que se mantiene el Estado como aparato gerencial de los intereses corporativos transnacionales también se mantiene la ficción el sistema democrático como primer valladar de control y represión de la ciudadanía, la cual se ve abocada a elegir periódicamente a sus representantes salidos de las listas de partidos políticos, cuya financiación procede en gran parte de bancos, grandes compañías y grupos que sitúan a sus vasallos en puestos clave de la administración pública y que luego de cumplir con el cometido que se les ha encomendado vuelven a la empresa privada como consejeros o asesores. Este orden de cosas viene a explicar el porqué los gobernantes y parlamentarios no actúan con mentalidad política sino con instinto empresarial legislando en favor del capital y en contra de los intereses ciudadanos, quienes pierden sus puestos de trabajo, sus viviendas, su asistencia sanitaria, etc. sin que los gobiernos hagan nada por ellos.
La feudalización capitalista no sólo afecta a las estructuras del Estado y a la soberanía de los pueblos, sino a la sociedad misma. El fundamento de toda democracia reside en considerar al ciudadano como acreedor de una serie de derechos fundamentales sin distinción de raza, religión, creencias políticas o sexo, e independientemente de su renta. Por este principio todos los ciudadanos son iguales ante la justicia o  son acreedores a tener una educación y una sanidad gratuitas, y un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, la feudalización capitalista al despojar al ciudadano de estos derechos en favor del rendimiento y el beneficio del capital, convierte al ciudadano en un siervo sin derechos, cuyo mayor o menor valor depende del dinero de que pueda disponer para consumir.
Los trabajadores y los comerciantes son igualmente atomizados en asalariados y autónomos los primeros, lo cual limita considerablemente la capacidad sindical de negociación colectiva, y favorece la precariedad laboral y la drástica disminución de sus salarios y demás formas de retribución de su trabajo, y en pequeños y medianos empresarios los segundos, a los cuales se ahoga progresivamente apartándolos del flujo de créditos en favor de las grandes compañías, y de este modo incorporados, como en la Edad Media a siervos y artesanos, a la masa de servidumbre sobre la cual se hace recaer todo el peso de los impuestos y ajustes diseñados por el capitalismo neofeudal. Un capitalismo que, de acuerdo con la doctrina neoliberal, necesita de la aniquilación de todo lo construido y conquistado por la sociedad para poder reiniciar un nuevo ciclo de expansión.
No obstante, este proceso de feudalización del mundo abre grandes brechas en el espacio público que, como en el medioevo con las bandas de ladrones o de mercenarios,  ahora son ocupados por grupos radicales nacionalistas, terroristas, religiosos o delincuentes que en algunos casos llegan a crear paraestados, cuyo objetivo no es disputar el poder político sino ocupar espacios de actuación dentro del mismo Estado. Tales son los casos de los cárteles colombianos y mexicanos, de Hezbollah en Líbano, de al-Qaeda, en Pakistán y Afganistán, o de la Camorra, en Italia.