La decisión del Gobierno argentino de recuperar el control de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ha desatado reacciones tan viscerales como teatrales que impiden un análisis racional y riguroso sobre la medida, su alcance y significación. El hecho sirve además para ejemplificar hasta qué punto la elite política está sujeta a la soberanía de los mercados, aunque su lenguaje sigue atado a un orden emocional que necesita de la exaltación patriótica para justificarse.
En 1922, el viejo caudillo de la Unión Civica Radical, Hipólito Yrigoyen, promovió la creación de YPF con el propósito de contar con una compañía de bandera para la explotación del petróleo y del gas del noroeste del país, que, en esos momentos, monopolizaban la estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Con esta decisión, Yrigoyen no sólo abrió una brecha en la presión que ejercían las multinacionales sobre la economía y los recursos naturales del país, sino que, en el ámbito doméstico, logró acallar el ruido de sables que hacía el sector más nacionalista de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había hecho el caudillo radical? Simplemente una maniobra política.
Cinco años más tarde, en 1927, en España fue creada Campsa, que junto a Hispanoil, abrieron el camino al gobierno de Felipe González para la fundación de Repsol. El objetivo era que España tuviera participación en el cada vez más complejo mercado energético mundial. Esta misma complejidad llevó a los socialistas a permitir la entrada a sectores privados en la compañía estatal. ¿Qué había hecho Felipe González? Simplemente una maniobra destinada a defender la parcela política que le corresponde al Estado.
Sin embargo, en 1997, justo un año después de ganar las elecciones y en el momento más álgido de la entronización de los mercados, el gobierno conservador de José María Aznar, presa de la fiebre neoliberal, inició la venta de las empresas estatales, entre ellas Repsol, y el vaciamiento del patrimonio estatal. A partir de ese año, Repsol pasó a manos de un grupo de accionistas privados ajeno a cualquier bandera que no sea la del capital. ¿Qué había hecho el caudillo del Partido Popular? Simplemente una maniobra política de signo económico orientada al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».
Por esa misma época, en Argentina, el peronista Carlos Menem hacía lo propio y vendía todo lo que el Estado argentino tenía hasta convertirlo en una entelequia política en la que sucumbió en 2001 el radical Fernando de la Rúa, cuya denostada figura aún está pendiente de un análisis serio que le devuelva su integridad a ojos de la ciudadanía. En 1999, Menem vendió, entre otras compañías estatales, Aerolíneas Argentinas a Iberia e YPF a Repsol. Es decir, a una compañía que ya no pertenecía a España sino a unos inversores privados. ¿Qué había hecho el caudillo peronista? Simplemente contribuir al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».
Con estos antecedentes ahora cabe entrar en el sentido de la expropiación de Repsol-YPF ordenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirshner y en el papel del Gobierno español que preside el conservador [me niego al contrasentido del adjetivo «popular» en este caso] Mariano Rajoy. Tanto Argentina como España, como la mayoría de los países del planeta, no sólo han malvendido sus empresas nacionales sino que al hacerlo han aceptado que el Estado sea mero gestor de los intereses del gran capital. Es decir que sus gobernantes han incumplido el contrato social y vulnerado la soberanía que los legitimaba. De modo que toda manifestación de patrioterismo está fuera de lugar. En Argentina, porque el discurso político está viciado del rancio caudillismo populista, himno, bandera y bombo, y en España, porque el discurso político del Gobierno español está contaminado por el apolillado espíritu de la Contrarreforma.
Independientemente de las cuestionables oportunidad, formas y causas domésticas -inflación, desabastecimiento energético, casos de corrupción en uno de los cuales aparece comprometido el vicepresidente Amado Boudou- como se ha procedido a la expropiación de Repsol, nadie puede sinceramente negar la legitimidad de la medida ¿Qué ha hecho la presidenta Argentina? Simplemente tratar de recuperar mediante un acto político el sentido de existir del Estado y la soberanía malversada de su país. ¿Qué ha hecho el primer ministro español? Simplemente hacer de corifeo de intereses económicos que nada tienen que ver con el Estado español.
Lo que resulta chocante para muchos, tanto para los patrioteros de uno y otro lado, como para los dirigentes de una clase política que ha naturalizado su subordinación a la soberanía del «mercado», es encontrarse de nuevo con una acción política interfiriendo en la acción económica y no a la inversa. La histeria con que han reaccionado el Gobierno español y la Unión Europea jaleados por una prensa comprometida con los intereses privados se debe a que, a pesar de sus esfuerzos, ya no reconocen la política como protagonista de la vida de los países y de los ciudadanos y con ello arrastran a estos a aceptar resignadamente que sean despojados de su bienestar y de su imaginación. El regreso a la acción política hará que los Estados y con ellos sus ciudadanos recuperen su soberanía dejando sin efecto la perversa jurisdicción de los mercados, los bancos mundiales, los golmandsachs y los efemeís sobre la vida de las personas.
Pino Solanas expone detalladamente el proceso de privatización, argentinización y expropiación de YPF.
