LITERATURA DE ALTO CONSUMO Y BAJO CONTENIDO

En los primeros años de la segunda década del siglo XXI, la literatura constata el total divorcio entre la creación literaria y la producción editorial, como consecuencia de la deriva mercantil de la sociedad de consumo. Pero, además de los económicos, también han incidido en la conformación de este cuadro factores ideológicos de un invisible totalitarismo.

La existencia del divorcio entre la literatura como creación artística y el negocio editorial no es algo abstracto sino concreto que tanto el escritor como el lector pueden observar a simple vista.
En primer lugar vemos, como en el sector alimentario y sin olvidar que en los supermercados también se venden libros, cómo las grandes superficies, reales y virtuales, han desplazado a las librerías de libreros, quienes no pueden seguir el vertiginoso ritmo de las novedades que ocupan/desocupan sus mesas y sus estanterías. La novedad y el entretenimiento se constituyen en los pilares maestros de toda lectura y no, como en realidad son, los pilares fundamentales de la dinámica editorial del capitalismo.
En el supuesto de que se acepte el consumo como principal factor dinamizador de la economía capitalista, cabe preguntarse si es sólo este el único motivo de esta clase de producción masiva de libros de usar y tirar. Cabe preguntarse si detrás de esta motivación económica no existe otra, quizás inconsciente para los agentes directos, de convertir a los ciudadanos en animales consumidores y políticamente sumisos neutralizando y adormeciendo su capacidad para pensar e imaginar.

Llegados a este punto surge la figura del escritor no como creador sino como engranaje importante en la cadena de producción editorial, en cuyo ámbito también los editores tradicionales han sido desplazados por burócratas y mercadotécnicos a quienes no les importa el contenido del libro sino el libro como objeto de venta y consumo. En este proceso de industrialización y comercio de la creación literaria, el escritor acepta someterse a las reglas del industrialismo editorial y renuncia a su condición de creador para convertirse en un productor. Al hacerlo no cae en la cuenta de que su posición no sólo pierde prestigio sino que se hace mucho más vulnerable a una nueva y más amplia competencia profesional.

No hay que olvidar que el contexto en el que se desarrolla el capitalismo es el de la democracia y que este concepto social tan alto de libertades ciudadanas también ha sido carcomido por los intereses venales del sistema económico. En nombre de la democracia -y más ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación- se ha convencido a las masas de que cualquiera puede ser escritor. Es cierto. Cualquiera puede ser escritor de productos manufacturados que se sostienen sobre la sobrevaloración mal intencionada del argumento y de los subgéneros, pero pocos pueden ser escritores creadores. Y lo dicho de los escritores en tanto narradores también queda dicho en tanto poetas. Cualquiera puede escribir versos -después de todo un verso puede ser sólo una medida de longitud-, pero son unos pocos quienes pueden hacer poesía, simplemente porque la creación artística no atiende a los sistemas políticos sino a pulsiones más hondas que comprometen al alma humana. Por esto se les llama creadores.

Un creador produce su obra una vez que se ha asomado al abismo y ha sentido la respiración de las sombras y lo hace sin mediatizaciones de ninguna naturaleza, pues si lo hace con alguna estaría traicionando su compromiso con la verdad y estaría haciendo política, religión, ideología, etc., pero no literatura, pero no poesía. No se habla aquí ni de belleza ni de entretenimiento, sino de libertad, pues la preservación de este principio permitirá al lector potenciar su imaginación, realizar su propio viaje y encontrar las respuestas que estás más allá de las apariencias. Ser libre. Esta es la responsabilidad del escritor creador que no tiene y que el escritor productor no tiene o no le importa tener. ¿Significa esto que el escritor creador debe renunciar a vivir de lo que produce? Por supuesto que no. 

En en esta soberbia ceremonia de la confusión creada por el sistema, no son quienes sueñan con escribir su cuento, su novela o su poema los intrusos que intervienen en la competencia. Los intrusos, y a la vez ejemplos claros de la corrupción de la actividad literaria, son aquellos que, aprovechando su situación de privilegio en los medios de comunicación y tentados por los grandes grupos editoriales o su frívola vanidad, se lanzan, por sí o por redactores clandestinos, a escribir sobre sus vidas, sus intimidades, sus miserias, prolongando la basura televisiva y produciendo verdaderos ¡best sellers! Y aquí se cierra el círculo, porque el éxito de ventas -verdadero objetivo del mercantilismo editorial- constata la existencia de un comprador de algo (el libro) que quizás nunca vaya a consumir (leer), pero que guarda como un objeto sagrado porque tiene la firma o el rostro que ve cada día en su altar de plasma, por donde se ha derramado tanta miseria íntima. La mediocridad como materia viva del sistema consagra el mito popularidad. 

CANIBALISMO CAPITALISTA

La naturaleza del capitalismo, que el marxismo ha descrito con nitidez poniendo énfasis en la lucha de clases, y su acción corruptora sobre conceptos fundamentales para la convivencia y el progreso de la sociedad como democracia y libertad, ahora ya son visibles desde el interior mismo del sistema. Devorada toda oposición ideológica y en un estado general de anomia, el capitalismo del siglo XXI ya se devora a sí mismo.

El actual poder económico, representado por una opaca oligarquía financiera, que controla las elites represivas y ha desplazado el polo de poder de la economía productiva a la economía financiera, ha propiciado la pérdida de valores y referencias éticas, la vulgarización de la actividad política y el sometimiento de las soberanías nacionales y del Estado, y dado lugar a una situación inédita en la historia moderna. Una situación en la que el capitalismo ha llegado al punto de vulnerar uno de sus principios básicos como es la propiedad privada.

Hasta el siglo XIV, la idea de propiedad se centraba fundamentalmente en la tenencia de la tierra, pero desde entonces «el ascenso de la burguesía y su tendencia a la acumulación de las riquezas -como apunto en Diccionario político- tuvo consecuencias para la propiedad personal, a la que se le concedió más valor, y para la real. [...] Con el desarrollo del capitalismo, el concepto de propiedad trascendió la tenencia de la tierra y alcanzó el de la tenencia de los medios de producción, lo que dio lugar a la elaboración de un sistema de leyes orientado a garantizar los derechos de la propiedad privada».

El derecho de la propiedad de bienes -materiales o inmateriales- comprende «las facultades de uso -ius utendi-, por el cual el titular puede servirse del bien para sus intereses, pero respetando la función social del derecho; de disfrute -ius fruendi- por el cual el titular puede aprovechar y disponer de los frutos o productos que el bien genere, con o sin su intervención, y de disposición -ius abutendi-, por el cual el titular puede hacer lo que desee, salvo cuando su acción es contraria a la función social del bien. De aquí que el derecho de propiedad constituya un poder moral, exclusivo, y también limitado por los intereses del bien común y la subordinación al deber moral, perpetuo e imprescindible, según lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.»

Este factor moral inherente a la propiedad privada es recogido por todas las constituciones democráticas y la Constitución española no es una excepción. En su artículo 33 dice: 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Sin embargo, la dinámica acumulativa que el capitalismo lleva en su propia naturaleza ha experimentado tal aceleración que ha colapsado al sistema mismo, el cual, con el pretexto de la supervivencia, ha empezado a devorarse a sí mismo atacando el principio fundamental de la propiedad privada sin que el Estado, convertido en gestor del poder económico-financiero, pueda hacer nada por evitarlo. Esto, y su anorexia política, explica que el Gobierno legitime que bancos y otras entidades financieras se queden con las viviendas de miles de hipotecados sin que las propiedades incautadas cancelen las deudas hipotecarias. Y si escandalosa es la conculcación flagrante del punto 3 del artículo 33 de la Constitución, también lo es que se creen «bancos malos» encargados de poner nuevamente en el mercado las miles de viviendas indebidamente apropiadas, y que los beneficios obtenidos por sus ventas no vayan a destinarse a la extinción de la deuda ni ha indemnizar a los ciudadanos sino a «equilibrar» el cuadro de pérdidas y ganancias de los bancos. ¿Es esto lo que los gobiernos entienden por «causa justificada de utilidad pública o interés social»?

Cabe añadir que no sólo es ilegítima esta acción de los bancos sino también la acción del Gobierno que la permite al faltar al artículo 47, que considera la vivienda como un derecho, y al artículo 38, que trata de la economía de mercado, cuyo ejercicio deben ser garantizados y protegidos por los poderes públicos «de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación», lo que quiere decir que el Estado tiene la prerrogativa y la obligación de velar por el bien común.

CLASE POLÍTICA Y POLÍTICOS

Desde la crisis del petróleo de 1973 ha ido instalándose progresivamente en el imaginario de la sociedad el descrédito de la clase política y la desconfianza hacia el Estado, al tiempo que los políticos tradicionales eran sustituidos en sus puestos por tecnócratas y las grandes corporaciones económico-financieras se hacían con el control del poder. Tal situación ha tenido graves consecuencias para el bienestar de los ciudadanos y para la paz mundial.

La política, cuya etimología griega significa «de los ciudadanos», es el «conjunto de actividades humanas que tienen como referencia el Estado y una serie de procesos mediante los cuales se manifiestan diversas relaciones de poder entre grupos de individuos» (Diccionario político, El Viejo Topo, 2011). El ejercicio del poder político, como ya apuntaba Aristóteles, se verifica en el seno de la comunidad porque es en ésta donde puede alcanzar sus fines específicos. Dado que estos fines son el bien común, la justicia, la igualdad, la seguridad y la prosperidad en tiempos de paz, el ejercicio de la política exige a los políticos un sentido ético para toda actuación social.

Desde este punto de vista queda claro que el principal objetivo de la acción política, es decir del servicio público, es velar por la felicidad de los ciudadanos en el marco del Estado y sus instituciones. Sin embargo, hoy este objetivo aparece pervertido por la idea de que el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos y de gestionar el patrimonio público, y, consecuentemente, los políticos carecen de la inteligencia suficiente para tan altas funciones. De este modo, al cuestionarse la eficacia del Estado y de la clase política, los poderes privados que operan según las normas capitalistas, tienden a ocupar el ámbito de la res publica desplazando y desprestigiando a la clase política y colocando en su lugar a tecnócratas que actúan al servicio de los intereses económicos y financieros y privatizando servicios que, por su naturaleza pública, no tienen que ser necesariamente rentables. 

Con la crisis del petróleo de 1973 comenzó así un portentoso proceso invasivo de la política que ha debilitado al Estado y ha usurpado el puesto de los políticos colocando en su lugar a ejecutivos que gobiernan y legislan en favor del poder económico. La perversidad del sistema es que, para ejercer un control absoluto del ciudadano y sus derechos, ha mantenido a la clase política y la acción política como apariencias de una realidad regida por el orden económico. Un orden que minimiza los derechos civiles y constitucionales al punto de exigir a los gobiernos que el colapso provocado por las prácticas especulativas, la corrupción y la acumulación sea sufragado por la ciudadanía y dado lugar a una escandalosa rapiña de bienes por parte de los bancos.

En este momento histórico, cabe a la ciudadanía una actuación orientada a recuperar su soberanía, secuestrada por el poder económico, dueño y gestor asimismo de la violencia y de la represión, y reivindicar el ejercicio de la política y al político para devolver al Estado su fortaleza y su función. Un Gobierno de políticos nunca actuaría para «contentar a los mercados», sino para mantener la paz, la seguridad y la felicidad de sus ciudadanos. Un Gobierno de políticos democráticos nunca procuraría cercenar los derechos de expresión y manifestación de los ciudadanos.

LA TRISTEZA DE LOS NECIOS

Ronaldo exhibe su tristeza

Las declaraciones de Ronaldo, una de las estrellas del fútbol mundial, haciendo pública su tristeza ha desatado un cúmulo de teorías sobre sus razones, la mayoría de ellas emocionales y especulativas, que se propalan por los medios de comunicación y las redes sociales con tanta velocidad como frivolidad. Pero, independientemente de la veracidad o no de dicha tristeza y de las causas o intereses que la provocan, cabe reflexionar sobre el hecho mismo del anuncio.

El domingo 2 de septiembre, tras un partido cuya única trascendencia era la victoria de su equipo, el jugador Ronaldo se mostró abúlico a pesar de marcar dos goles y al final anunció que estaba triste y que «la gente del club» ya sabía por qué. La reacción fue inmediata y, como corresponde a unos medios de comunicación y a una sociedad que se nutren del espectáculo, entró en el ancho cauce de la frivolidad. En primer lugar, cabe considerar que el señor Ronaldo es tan vulnerable a la tristeza o a la angustia existencial como cualquier otro ser humano, pues el alma no atiende a statu social ni a posesiones materiales, aunque la sabiduría popular,  que ha consagrado aquello de que «el dinero no hace a la felicidad», ahora parece rechazar la posibilidad de tristeza a un rico.
Es cierto que la angustia, la depresión y cualquier otra caída del espíritu, del ánimo o de la voluntad constituyen un lujo que la gente corriente no puede permitirse porque, en general, está abocada a la lucha por la supervivencia; una lucha en la que actualmente están comprometidas millones de personas sin trabajo, sin casas, sin sanidad, pero esto no quita que los ricos no puedan estar tristes o ser infelices a pesar de sus fortunas. No se puede aceptar o negar que alguien esté triste, porque la tristeza no es un derecho sino una emoción básica del ser humano. No caben, por tanto, ni el rechazo ni la burla.

Sin embargo, lo que cabe cuestionar es si un rico, y más un rico con una actividad pública, tiene derecho a exhibir su tristeza, cualquiera sea su causa, y convertirla en un espectáculo que deviene, quiera o no, burla social. Esto es inmoral, porque el escándalo no es que Ronaldo esté triste sino la falsa creencia de que su tristeza ha de ser epicentro emocional del mundo; la pretensión de que su tristeza es más grande e importante que la de millones de personas para las cuales satisfacer sus necesidades cotidianas es una lucha ardua y desesperada. El escándalo moral es convertir esta emoción como valor de cambio para obtener prebendas personales, afectivas o económicas, sin consideración ni sensibilidad hacia el sufrimiento y la angustia del prójimo. 

  

EL EXILIO COMO PRIVILEGIO

(Ilustración: Samy)

Tres escritores argentinos - Raúl Argemí, Carlos Salem y Marcelo Luján- asistentes a la Semana Negra de Gijón valoran el exilio como un privilegio. Las causas benéficas que el exilio haya reportado para sus vidas de escritores quizás sean atendibles y ciertas, pero, aún así, ver esta experiencia como un privilegio resulta una peligrosa frivolización que favorece la equivocada  percepción que tienen de ella muchos ciudadanos argentinos que no la sufrieron.

Cuando Raúl Argemí, Carlos Salem y Marcelo Luján afirman que el exilio «les ha permitido mirar el mundo desde una perspectiva más amplia y les ha enriquecido el lenguaje de sus obras», como dice la nota de prensa, están siendo muy sinceros, porque cualquier experiencia, aun las traumáticas, como lo es la del exilio, desarrolla en el ser humano mecanismos que le confieren una mejor comprensión del entorno y, consecuentemente, nuevos recursos y mecanismos de supervivencia. 

Pero este aprendizaje no es un privilegio sino el resultado de una portentosa lucha que se libra en el campo abierto de la sociedad de acogida y en el territorio íntimo de la identidad. El exilio, la emigración, el destierro y toda forma de ostracismo no constituyen una beca para los individuos que son expulsados u obligados a abandonar el país de origen por causas políticas o económicas. El hecho de que el exiliado descubra en su destierro los valores de esa experiencia límite que es la extranjeridad y que luego adopte ésta como una forma de identidad, a través de la cual puede abrazar como compatriotas a gentes de diferentes países y hablar y escribir una lengua con mayor riqueza léxica y sintáctica, no significa que haya sido bendecido por la suerte. Significa simplemente que ha sobrevivido a un trance que pudo costarle la vida.

La idea de privilegio [palabra que quizás ellos no pronunciaron y que sólo sea fruto de un atajo periodístico] ligada al exilio resulta muy negativa, especialmente para los miles de argentinos que han sufrido y, en cierto modo lo sufren. El exilio no es una elección, razón por la cual Marcelo Luján se autoexcluye de la condición de exiliado. El exilio debe considerarse sobre todo como la apelación desesperada del individuo y su familia a salvar la vida. Una salvación que se hace a costa de desviar o quebrar para siempre su biografía personal y abrir una distancia casi insalvable con el lugar y la familia a los que pertenece. Además de este coste, una vez  lograda la salvación y librada con más o menos éxito la lucha por la supervivencia, ese exiliado, aún cuando hayan desaparecido las causas que lo arrojaron fuera del país, sigue pagando el elevado coste personal y económico que le reporta su deseo de restablecer o mantener los vínculos con su familia y su país. 

Pero este aspecto no es visto así por la sociedad de su país o gran parte de ella a causa de mezquindades partidistas o falta de sensibilidad para comprender una experiencia ajena. Es entonces cuando se fraguan los mitos del «exilio de oro» y de la «suerte» o el «privilegio» para eludir la responsabilidad que la sociedad y, sobre todo, el Estado tienen con los ciudadanos que fueron apartados violentamente del cuerpo del país. 

Esto explica que, desde hace más de treinta años, una ley promovida por el recientemente fallecido Eduardo Luis Duhalde y otros defensores de los derechos humanos para compensar a los exiliados, siga durmiendo el sueño de los [in] justos. La paralización de esta ley de indemnización a quienes fueron víctimas del terror de Estado durante los gobiernos del general Perón y de su viuda y de la junta militar que les sucedió se debe principalmente en que gran parte de la sociedad, reitero, considera que tales víctimas «tuvieron suerte» con salvar la vida y acabar viviendo en el «primer mundo». Esta equivocada percepción del exilio y su frivolización, aunque  en el presente caso presumo sin mala intención, permiten al Gobierno argentino eludir la responsabilidad compensatoria y a la sociedad no aceptar la verdadera realidad de otra secuela del terror de Estado.

MEMORIA Y JUSTICIA, FALLO HISTÓRICO EN ARGENTINA

Los ex generales Videla y Bignone y otros genocidas argentinos escuchan la sentencia condenatoria

La Justicia argentina acaba de emitir un fallo histórico contra responsables de la dictadura que sometió el país entre 1976 y 1983. Los ex generales Videla y Bignone y ocho de sus secuaces han sido condenados a penas que oscilan entre los quince y los cincuenta años de prisión por robo de bebés, como parte de un plan sistemático de represión y aniquilación de la oposición política. La sentencia, que se suma a otras a los mismos actores por crímenes de lesa humanidad sienta un importante precedente ético contra la impunidad.

El Tribunal Oral Federal nº 6 de Buenos Aires al hacer efectiva la condena a los principales responsables del robo de niños como parte del «plan general de aniquilación de la subversión», marca un hito histórico importante, no sólo para la justicia del país, sino para la justicia universal en relación a la vigencia de los Derechos Humanos. Argentina al convertirse en el primer país del mundo que ha sido capaz de juzgar a sus propios criminales no sólo contribuye a dar contenido a sus propias instituciones sino que se convierte en referencia para otros países que han sufrido tragedias semejantes y sus gobiernos deben recurrir a tribunales internacionales específicos y de aquellos que, a pesar de su desarrollo democrático, no son capaces de saldar cuentas con su pasado.

El terror de Estado produce en la sociedad una profunda herida en la conciencia ética que abona el territorio de la impunidad, la cual se extiende más allá del período de vigencia efectiva de la represión justificando todo tipo de conductas anómalas y con frecuencia delictivas, uno de cuyos correlatos es la corrupción generalizada en los ámbitos público y privado. Esta degradación moral de la sociedad opera negativamente en los mecanismos domésticos y públicos y afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas dificultando la restauración plena del sistema. Si bien la idea de impunidad se genera en un marco de terror y represión, sobre todo para quienes los ejercen, su fortalecimiento y perdurabilidad se asienta en la creencia de que «el tiempo todo lo cura». Este ha sido el principio de quienes decretaron el fin de la historia y, en consecuencia, la aniquilación de la memoria, para impulsar un vasto proceso de hegemonía mundial basada en el exclusivo y excluyente poder económico.

Las sentencias de la Justicia argentina contra sus propios genocidas, que actuaron como cipayos de ese poder económico e imponer su orden mundial, han sido posibles por la persistente lucha contra el olvido y la impunidad como fórmula para restaurar el orden ético en el país por parte de una minoría social activa y comprometida encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por activistas como Adolfo Pérez Esquivel y otras organizaciones defensoras de los DDHH. Para un gobierno democrático, cuya misión fundamental es proteger a los ciudadanos y cuidar de su felicidad, no es un compromiso sino un deber velar por la vigencia de los Derechos Humanos y apoyar su defensa, lo que significa que, en el caso argentino, sería de una gran mezquindad moral por parte del partido gobernante o de cualquier otro apellidar y capitalizar políticamente los logros y avances de la Justicia en este terreno.
El fallo condenatorio constituye un paso importante en un camino que también debería incluir el procesamiento de los ejecutivos de multinacionales comprometidos con la represión militar, de la jerarquía eclesiástica y de la cúpula sindical y de los miembros del partido Justicialista que participaron activamente en el terror de Estado, desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

EXIGENCIA ÉTICA

Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa

Uno de los fundamentos sobre los cuales se asienta la gestión pública es la ética. Sin ésta todo el andamiaje del sistema democrático y de las instituciones que conforman el Estado de derecho queda a expuesto a la acción corruptora de los intereses privados. La vinculación del actual ministro de Defensa español, Pedro Morenés Eulate, con empresas fabricantes de armas pone en entredicho la legitimidad del actual gobierno del PP para seguir en el poder.

Millones de ciudadanos españoles asisten perplejos y desorientados cómo el Estado de bienestar va siendo desmantelado sin que haya una oposición frontal más allá de la retórica de los partidos de la oposición, de los titubeos sindicalistas y las intermitentes acciones del movimiento de los «indignados». El ejercicio de una democracia real no se atisba en el horizonte, mientras la acción política aparece totalmente subordinada a la acción de la economía. El triunfo socialista en Francia apenas si ha logrado modificar el discurso de los tecnócratas europeos que han usurpado los cargos políticos y actúan en beneficio de intereses económicos contrarios a la felicidad de sus pueblos. Esta usurpación constituye una verdadera conculcación de los Derechos Humanos y corrompe los principios  éticos que sostienen el Estado de derecho y salvaguardan el Estado de bienestar.  

Ejemplo flagrante de esta corrupción moral lo constituye la disposición del actual gobierno español de indemnizar con cuarenta millones de euros a Instalanza, S.A., empresa fabricante de armas, o a su sucesora, por la prohibición de fabricar, almacenar y vender bombas de racimo, que el gobierno socialista decretó en 2008 de acuerdo con el Tratado de Dublín de ese año. Además del escándalo que supone la indemnización y su cuantía, se da la ¿casual? circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue directivo de la empresa en cuestión y su representante hasta poco antes de asumir el cargo, y, sin que parezca suponer ningún choque de intereses, es actual directivo ejecutivo de MBDA, empresa multinacional dedicada a la fabricación de misiles, según informa el diario Cinco días.

La corrupción política -como apunto en mi Diccionario político- es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo», fruto de la connivencia de los intereses públicos con los privados, que se manifiesta de muy diversas formas -uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude elector, etc.- con graves consecuencias para la vida ciudadana. La corrupción política no es ajena a las dificultades habidas para extinguir los recientes incendios ocurridos en Valencia y las graves consecuencias para miles de ciudadanos y para la naturaleza de la región. Tampoco es ajena la corrupción política y a la usurpación de los cargos públicos, los recortes a la educación y, sobre todo, a la sanidad, sector donde algunos ministros o secretarios autonómicos aparecen vinculados a grandes empresas sanitarias que se beneficiarían de la privatización de la sanidad pública. 
En otras palabras que la corrupción política, espejo de la corrupción moral de los representantes gubernamentales, «da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado». En este sentido ¿puede considerarse ético que se prometa a un magnate modificar leyes de ámbito nacional para favorecer la instalación de su negocio? ¿puede considerarse ético cuando ese negocio es un centro de juego que, como tal, atrae el tráfico de drogas, la prostitución, el turismo sexual, el lavado de dinero, etc.?
Los ciudadanos tenemos ahora la responsabilidad de activar los medios para iniciar una recuperación del orden ético y la restauración de una democracia real cuya acción política esté por encima de la acción económica si queremos defender nuestro bienestar y felicidad.