Las autobiografías de los personajes públicos siempre tienen atractivo, porque permiten al lector conocer los entresijos y los chismes de una vida y su entorno. Esta curiosidad casi morbosa de la gente «común» es la que reporta tanto éxito a este tipo de libros y, en el colmo de la frivolidad, sustenta las audiencias y las tiradas de los programas de televisión y revistas «rosas».
Olivia de Havilland, una de las viejas glorias de Hollywood -la magnífica Melanie Hamilton de Lo que el viento se llevó, interpretación que le supuso su candidatura al Oscar-, cuenta muchas batallitas que seguramente gustarán a cinéfilos y mitómanos. Pero, según ella anticipa en una entrevista, en el libro hay una historia «opaca». Es decir, que no se ha llevado al primer plano y que, sin embargo, es reveladora de la conducta y sensibilidad de esta actriz ante las duras condiciones en las que debió trabajar.
En la primera mitad del siglo XX, los grandes estudios habían impuesto un régimen laboral que reducía a los actores y actrices a poco menos que esclavos y Havilland se consideraba así. Una esclava. Por este motivo, en 1943, Olivia de Havilland, decidió cambiar la situación y tomó una decisión valiente que pudo costarle su carrera. Denunció a la Warner Bros por reducir a los trabajadores a la condición de siervos, hecho que prohibía expresamente la ley «antipeonaje» de California. De Havilland recuerda que se había leído muy bien la ley «y sabía que lo que hacían los estudios estaba mal» y que por ello «estaba segura de ganar». Y ganó. «Lo que me satisface -recuerda con indisimulado orgullo- es que aquella decisión [judicial] benefició a Clark Gable, Jimmy Stewart, Glenn Ford, Henry Fonda y todos los otros actores que habían estado ausentes haciendo el servicio militar. Cuando regresaron a Hollywood, pudieron reescribir sus contratos con cláusulas más favorables».
Olivia de Havilland tenía razón. Los actores y actrices, verdaderos pilares de la industria cinematográfica, empezaron a recibir desde entonces salarios y remuneraciones acordes con los beneficios que producían las películas donde actuaban. Ahora bien, en la actualidad, la misma situación de los actores y actrices de entonces puede extrapolarse a la de los escritores profesionales españoles e hispanoamericanos, que son los pilares de la industria editorial. Las grandes editoriales - y sus «brazos armados», los packagers- como entonces los grandes estudios imponen condiciones draconianas a sus escritores mientras se quedan con la totalidad de los millones de euros que generan las obras en derechos autorales, en muchas de las cuales ni siquiera aparecen los nombres de sus autores.
Hace unos días, el pasado 8 de junio, el Gremi d'Editors de Catalunya y las asociaciones de escritores -ACEC y AELC- firmaron un acuerdo histórico que puede llegar a cambiar la situación laboral de cientos de escritores. Sin embargo, aún falta ese golpe de efecto judicial que revele a la sociedad la condición de «servidumbre» a la que han sido reducidos los autores. Cabe esperar que dicho golpe de efecto no tarde en producirse. De suceder, será como el Oscar que después consiguió la señora Olivia de Havilland por A cada uno lo suyo (1946), de Mitchel Leysen.
