DEL [MAL] USO DEL DERECHO A LA LIBERTAD

Mentiroso. Aquí el que manda es el banco

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las nociones de la dignidad humana y de la libertad de los individuos se han extendido en el imaginario de los pueblos creando el marco ideológico propicio para su respeto. Sin embargo, paralelamente, la instrumentalización interesada de algunos de esos derechos ha propiciado un vaciamiento significativo de tales nociones y una consecuente degradación de la vida social.

Una de las cuestiones fundamentales que se plantean está en el uso defectuoso que se hace del derecho a la libertad -de opinión, de expresión, de mercado, por ejemplo- con el propósito de servir a intereses espurios vinculados al poder, principalmente económico. Reflejos de esta utilización perversa del derecho a la libertad en cualquiera de sus manifestaciones se observan en los medios de comunicación, agencias de publicidad, partidos políticos, centros de poder económico, etc., pero también en los ciudadanos que se inhiben de toda participación en los asuntos públicos. 

El origen de esta deriva que parece conducir a los pueblos hacia su propia destrucción está en la progresiva hegemonía del concepto liberal del derecho a la libertad, según el cual éste es natural y por tanto anterior al individuo, sobre el concepto republicano del mismo, que interpreta que el derecho nace de las leyes. Si se interpreta que la libertad es un derecho natural del individuo nada debe oponerse a él y, consecuentemente, es legítimo que haga lo que quiera hasta que tope con otro que, en libre competencia, se lo impida hacerlo. Este principio natural, para el que no valen las leyes, es el que inspira el liberalismo que aboga por la desaparición del Estado y con él el tácito contrato social por el que la ciudadanía le confiere la soberanía, es decir, su legitimidad. Este principio natural inspira también a los medios de comunicación, agencias y ciudadanos que hacen uso de la libertad de expresión o de opinión convencidos de que este derecho los autoriza a decir lo que quieran.

Una de las creaciones de la civilización humana ha sido el Estado como un constructo que -independientemente de sus degeneraciones- tiene la función de proteger y velar por la seguridad, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. La libertad de expresión está delimitada por las leyes que emanan de las instituciones de este Estado, pero aun así exige, sobre todo a aquellos que, por su posición social, su cargo o su oficio, gozan de cierta relevancia, una conducta ética y responsable como para saber que opinión no equivale a verdad absoluta que debe ser impuesta a golpe de grito y que, si no está lo suficientemente preparado para debatir determinados asuntos, ha de abstenerse de hacerlo en un medio de comunicación u otro medio público capaz de influir. No es lo mismo que un ciudadano opine entre amigos a que lo haga un funcionario, un intelectual o cualquiera que esté investido de cierta autoridad y dotado de influencia.

La libertad de mercado también está delimitada por las leyes -o debería estarlo- porque en la medida que el ámbito del juego político cede poder al económico y los tecnócratas, ejecutivos, directivos de marketing, etc., sustituyen a la clase política, el debate sobre el interés del bien común desaparece en favor del interés económico monopolizado por unos pocos, y en esta situación el ciudadano es excluido de la batalla política, en cuyo campo puede hacer una clase política anoréxica y vulnerable a la corrupción.
El hecho de que las agencias de valores hagan temblar a los Estados aparece como algo difícil de comprender para los ciudadanos, quienes contemplan atónitos cómo la soberanía de los mismos ha sido secuestrada y el poder económico -representado por los bancos, entidades financieras y compañías multinacionales- se regodean ante su inminente triunfo. Un triunfo inevitable a menos que los trabajadores -desde obreros hasta policías- pierdan su miedo a la libertad y actúen cambiando por dentro los partidos políticos, refundando sus sindicatos aburguesados y ocupando las fábricas, supermercados, hospitales y otros centros de trabajo para cortar la sangría de la que son víctimas.