viernes, 28 de mayo de 2010

DEMOCRACIA HORIZONTAL


En los concursos televisivos se ha impuesto la fórmula de contar con un jurado "técnico", cuyos miembros representan el papel de expertos o payasos, y la participación del público para emitir el juicio definitivo que consagrará al ganador. De esta fórmula "asamblearia" también se vale la Administración para dilucidar algunos problemas que afectan a la ciudadanía, como decidir si la avenida Diagonal de Barcelona debía transformarse en rambla, bulevar o quedarse como está. 

Se atribuye a Alexis de Tocqueville la noción de democracia horizontal, es decir, la democracia participativa que se da a través del asociacionismo cívico y social y que atiende a la defensa de intereses sectoriales. Algunos partidos políticos minoritarios y los medios de comunicación han ido con el tiempo trastornando el concepto hasta convertirlo en una caricatura de la participación ciudadana para legitimar actuaciones que no siempre responden a la razón o al sencillo sentido común. 
Según la clásica definición una democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero ante la imposibilidad de que la masa popular pudiera gestionar los intereses comunes de la sociedad, surgió la necesidad de un contrato social (Jean-Jacques Rousseau) por el cual el pueblo delega su soberanía en unos representantes para que formen el gobierno encargado de la administración de la res publica.
No pocas veces el reclamo de la opinión pública para determinados asuntos es un acto demagógico con el que se quiere disfrazar la impotencia de un gobernante o del gobierno para la gestión o se desea legitimar un régimen autoritario o una actuación política discutible. La masa popular puede expresar su opinión sobre determinados asuntos o situaciones o determinar la orientación política o ideológica del gobierno canalizando dicha opinión con su voto a tal o cual partido, incluso tiene el derecho de rebelarse contra los gobernantes ilegítimos.
Sin embargo, la opinión de esta masa popular carece de validez cuando con ella se busca sancionar un resultado que en realidad depende del conocimiento técnico y científico, y la experiencia de ciudadanos profesionales. ¿Cómo es posible que el público -la masa ciudadana o un vasto sector de ella- pueda decidir mediante el voto sobre, por ejemplo, la calidad o bondad de un cantante o de un bailarín en un concurso televisivo, o acerca de la eficacia del trazado de una vía férrea o de un plan urbanístico si en su conjunto carece de los conocimientos técnicos para hacer las evaluaciones pertinentes? En estos casos, las opiniones sustentadas en las emociones y no en la razón, la reflexión y el conocimiento, son dañinas para el bienestar común y para el concepto mismo de democracia.
Si grave es este uso de la opinión pública por los medios de comunicación o por algunos partidos o gobiernos municipales, mucho más peligrosa es la utilización que hacen de ella grupos contrademocráticos a través de sus radios, televisiones y diarios. El tertulianismo radiofónico y televisivo o el  manifestacionismo callejero por cualquier motivo, habitualmente espontáneo y emocional, son utilizados por tales grupos como armas arrojadizas que cuestionan permanentemente la validez y legitimidad de las instituciones del Estado y crean una especie de gobierno anárquico paralelo cuando las leyes o las actuaciones de los poderes del Estado no favorecen a sus intereses económicos, políticos, religiosos o ideológicos. Esto es lo que Pierre Rosanvallon llama contrademocracia , un modus operandi que valiéndose de los recursos democráticos del estado de derecho y de una opinión pública vulnerable a las manipulaciones demagógicas socava los principios básicos del sistema democrático.

jueves, 13 de mayo de 2010

LA FACTURA DE TERMINATOR

Los duros ajustes anunciados por el presidente Rodríguez Zapatero en España como inmediata respuesta a la llamada del presidente estadounidense Barak Obama ponen de manifiesto la fragilidad de las autonomías política y económica de las naciones periféricas, es decir de aquellas que giran alrededor de algún núcleo de poder. Y el único poder real que gobierna el planeta es el económico y más concretamente el poder económico-financiero.

Jean-Jacques Rousseau fue quien definió la noción de soberanía como el poder del pueblo, el cual mediante un contrato social lo delega en unos representantes, que constituyen el gobierno. Emmanuel-Joseph Sieyés consideró que no era el pueblo el depositario de ese poder sino la nación. La idea de soberanía nacional sustentada en el poder político prevaleció hasta bien avanzado el siglo XX. Sin embargo, el poder económico debido a los avances del capitalismo, en sus vertientes imperialistas, a los que hay que añadir la caída de la URSS y la acción depredadora de las políticas ultraliberales traspasó las fronteras nacionales y minó el poder político de las naciones -sus soberanías- hasta convertirlas en meras provincias de una supra nación eufemísticamente llamada «economía globalizada», cuyo trasunto conceptual es el mercado.
Dentro de este territorio donde el poder efectivo atenta contra el concepto mismo de civilización y somete la sociedad a las leyes del mercado, el bienestar de los ciudadanos aparece como una pretensión inadecuada y los ciudadanos como entes cada vez menos necesarios para la vida productiva. Los gobiernos de los países, cualquiera sea su ideología, incluyendo los de las grandes potencias, se comportan en mayor o menor medida como gestores de las políticas y tendencias del poder económico-financiero. Cualquier movimiento o gesto que amenace sus intereses recibe la advertencia o el ataque implacable de los especuladores, de quienes es imposible saber sin son individuos deshumanizados o, a tenor de los sucedido en Wall Street, meras máquinas  que ya han situado el mundo en el futuro de «Hall» o de «Terminator».
Si así fuese se puede vislumbrar la causa original por la que la libertad aparece como una utopía para las naciones y la masa de ciudadanos y por la que ésta siempre acaba pagando la factura por lo que nunca ha tenido ni tendrá.

miércoles, 5 de mayo de 2010

LA CRISIS GOLPEA A AUTORES Y TRADUCTORES


La crisis económica, originada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la incontinencia crediticia de los grandes bancos y la especulación con el precio del petróleo tras la invasión de Iraq, ha colapsado la industria editorial española y latinoamericana. 
La situación afecta gravemente a todo el sector, cuyo retraimiento ha generado un alto porcentaje de desempleo en todas las parcelas de la actividad y muy especialmente en las que corresponden a los autores, redactores y traductores profesionales.


Las editoriales en general, para hacer frente a sus dificultades económico-financieras, han recortado  drásticamente su producción anual de libros, tanto en el número de títulos como en las cantidades de sus tiradas. La medida parece lógica y razonable ante el retraimiento del consumo. Sin embargo, esta medida se complementa con otras de carácter abusivo y nada profesional que ahondan el desamparo laboral de los autores y traductores, ya ostensiblemente castigados por la falta de encargos.
Grupos editoriales importantes mantienen su actividad bajo mínimos editando obras, por cuyos refritos de otras obras originales pagan sumas ínfimas a sus menguados equipos o a packagers poco escrupulosos subcontratados para este fin. Esta práctica, a la vez que supone imponer abusivamente una política de precios a la baja, conculca mediante el plagio los derechos de sus autores o traductores originales.
El deterioro de las prácticas editoriales ha llegado a límites extremos afectando de un modo dramático las economías domésticas de los autores y traductores. Entre las prácticas abusivas más comunes a las que unos y otros se enfrentan son la ausencia contratos o, en caso de haberlos, la imposición de cláusulas draconianas y lesivas para los derechos y retribuciones; recortes unilaterales de las tarifas de redacción o traducción o de los porcentajes de cantidades a cuenta de derechos de autor; prórrogas a noventa y hasta ciento veinte días de los pagos a partir de la fecha de entrega de los textos y traducciones sin el reconocimiento de los intereses generados por esa mora; exigencias de cesión total de los derechos de autor, incluso de obras anteriores a la que es objeto del contrato actual; silenciamiento de la cesión de obras a terceros;  impagos de los derechos generados por las traducciones de obras a otros idiomas; omisión del nombre del autor o del traductor en las obras; registro de la obra a nombre de un abstracto «equipo editorial» en el ISBN, lo que supone, además de los daños morales, apropiarse indebidamente de los derechos generados por copias reprográficas liquidados por CEDRO; ocultamiento de las tiradas, etc.
Como si la crisis económica que afecta a todos los sectores productivos no fuese suficiente, las malas prácticas de no pocos editores han puesto a miles de autores y traductores, a los cuales habría que añadir diseñadores, ilustradores, correctores y demás trabajadores editoriales, en una situación más grave aún de la que de por sí crean las circunstancias generales de crisis económica. En este sentido, no hay que olvidar que tanto autores como traductores son trabajadores autónomos, condición que en la realidad oculta una relación laboral de dependencia que hace que el trabajador soporte todas las cargas sociales, aún en los períodos en que no trabaja, y los gastos y costos de producción que se supone deberían ir a cargo de las empresas editoriales contratantes. Es tal el desamparo que viven los autores y traductores que todo parece indicar que sólo una reacción colectiva y conjunta puede aliviar su situación.

LA [MALA] LENGUA COMO SIGNO [EQUÍVOCO] DE EQUIDAD

La lengua es un soberbio y sólido sistema de comunicación humana, que va absorbiendo progresivamente los cambios que impone la evolución so...