lunes, 16 de julio de 2012

EL EXILIO COMO PRIVILEGIO

(Ilustración: Samy)

Tres escritores argentinos - Raúl Argemí, Carlos Salem y Marcelo Luján- asistentes a la Semana Negra de Gijón valoran el exilio como un privilegio. Las causas benéficas que el exilio haya reportado para sus vidas de escritores quizás sean atendibles y ciertas, pero, aún así, ver esta experiencia como un privilegio resulta una peligrosa frivolización que favorece la equivocada  percepción que tienen de ella muchos ciudadanos argentinos que no la sufrieron.

Cuando Raúl Argemí, Carlos Salem y Marcelo Luján afirman que el exilio «les ha permitido mirar el mundo desde una perspectiva más amplia y les ha enriquecido el lenguaje de sus obras», como dice la nota de prensa, están siendo muy sinceros, porque cualquier experiencia, aun las traumáticas, como lo es la del exilio, desarrolla en el ser humano mecanismos que le confieren una mejor comprensión del entorno y, consecuentemente, nuevos recursos y mecanismos de supervivencia. 
Pero este aprendizaje no es un privilegio sino el resultado de una portentosa lucha que se libra en el campo abierto de la sociedad de acogida y en el territorio íntimo de la identidad. El exilio, la emigración, el destierro y toda forma de ostracismo no constituyen una beca para los individuos que son expulsados u obligados a abandonar el país de origen por causas políticas o económicas. El hecho de que el exiliado descubra en su destierro los valores de esa experiencia límite que es la extranjeridad y que luego adopte ésta como una forma de identidad, a través de la cual puede abrazar como compatriotas a gentes de diferentes países y hablar y escribir una lengua con mayor riqueza léxica y sintáctica, no significa que haya sido bendecido por la suerte. Significa simplemente que ha sobrevivido a un trance que pudo costarle la vida.
La idea de privilegio [palabra que quizás ellos no pronunciaron y que sólo sea fruto de un atajo periodístico] ligada al exilio resulta muy negativa, especialmente para los miles de argentinos que han sufrido y, en cierto modo lo sufren. El exilio no es una elección, razón por la cual Marcelo Luján se autoexcluye de la condición de exiliado. El exilio debe considerarse sobre todo como la apelación desesperada del individuo y su familia a salvar la vida. Una salvación que se hace a costa de desviar o quebrar para siempre su biografía personal y abrir una distancia casi insalvable con el lugar y la familia a los que pertenece. Además de este coste, una vez  lograda la salvación y librada con más o menos éxito la lucha por la supervivencia, ese exiliado, aún cuando hayan desaparecido las causas que lo arrojaron fuera del país, sigue pagando el elevado coste personal y económico que le reporta su deseo de restablecer o mantener los vínculos con su familia y su país. 
Pero este aspecto no es visto así por la sociedad de su país o gran parte de ella a causa de mezquindades partidistas o falta de sensibilidad para comprender una experiencia ajena. Es entonces cuando se fraguan los mitos del «exilio de oro» y de la «suerte» o el «privilegio» para eludir la responsabilidad que la sociedad y, sobre todo, el Estado tienen con los ciudadanos que fueron apartados violentamente del cuerpo del país. 
Esto explica que, desde hace más de treinta años, una ley promovida por el recientemente fallecido Eduardo Luis Duhalde y otros defensores de los derechos humanos para compensar a los exiliados, siga durmiendo el sueño de los [in] justos. La paralización de esta ley de indemnización a quienes fueron víctimas del terror de Estado durante los gobiernos del general Perón y de su viuda y de la junta militar que les sucedió se debe principalmente en que gran parte de la sociedad, reitero, considera que tales víctimas «tuvieron suerte» con salvar la vida y acabar viviendo en el «primer mundo». Esta equivocada percepción del exilio y su frivolización, aunque  en el presente caso presumo sin mala intención, permiten al Gobierno argentino eludir la responsabilidad compensatoria y a la sociedad no aceptar la verdadera realidad de otra secuela del terror de Estado.

viernes, 6 de julio de 2012

MEMORIA Y JUSTICIA, FALLO HISTÓRICO EN ARGENTINA

Los ex generales Videla y Bignone y otros genocidas argentinos escuchan la sentencia condenatoria

La Justicia argentina acaba de emitir un fallo histórico contra responsables de la dictadura que sometió el país entre 1976 y 1983. Los ex generales Videla y Bignone y ocho de sus secuaces han sido condenados a penas que oscilan entre los quince y los cincuenta años de prisión por robo de bebés, como parte de un plan sistemático de represión y aniquilación de la oposición política. La sentencia, que se suma a otras a los mismos actores por crímenes de lesa humanidad sienta un importante precedente ético contra la impunidad.

El Tribunal Oral Federal nº 6 de Buenos Aires al hacer efectiva la condena a los principales responsables del robo de niños como parte del «plan general de aniquilación de la subversión», marca un hito histórico importante, no sólo para la justicia del país, sino para la justicia universal en relación a la vigencia de los Derechos Humanos. Argentina al convertirse en el primer país del mundo que ha sido capaz de juzgar a sus propios criminales no sólo contribuye a dar contenido a sus propias instituciones sino que se convierte en referencia para otros países que han sufrido tragedias semejantes y sus gobiernos deben recurrir a tribunales internacionales específicos y de aquellos que, a pesar de su desarrollo democrático, no son capaces de saldar cuentas con su pasado.
El terror de Estado produce en la sociedad una profunda herida en la conciencia ética que abona el territorio de la impunidad, la cual se extiende más allá del período de vigencia efectiva de la represión justificando todo tipo de conductas anómalas y con frecuencia delictivas, uno de cuyos correlatos es la corrupción generalizada en los ámbitos público y privado. Esta degradación moral de la sociedad opera negativamente en los mecanismos domésticos y públicos y afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas dificultando la restauración plena del sistema. Si bien la idea de impunidad se genera en un marco de terror y represión, sobre todo para quienes los ejercen, su fortalecimiento y perdurabilidad se asienta en la creencia de que «el tiempo todo lo cura». Este ha sido el principio de quienes decretaron el fin de la historia y, en consecuencia, la aniquilación de la memoria, para impulsar un vasto proceso de hegemonía mundial basada en el exclusivo y excluyente poder económico.
Las sentencias de la Justicia argentina contra sus propios genocidas, que actuaron como cipayos de ese poder económico e imponer su orden mundial, han sido posibles por la persistente lucha contra el olvido y la impunidad como fórmula para restaurar el orden ético en el país por parte de una minoría social activa y comprometida encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por activistas como Adolfo Pérez Esquivel y otras organizaciones defensoras de los DDHH. Para un gobierno democrático, cuya misión fundamental es proteger a los ciudadanos y cuidar de su felicidad, no es un compromiso sino un deber velar por la vigencia de los Derechos Humanos y apoyar su defensa, lo que significa que, en el caso argentino, sería de una gran mezquindad moral por parte del partido gobernante o de cualquier otro apellidar y capitalizar políticamente los logros y avances de la Justicia en este terreno.
El fallo condenatorio constituye un paso importante en un camino que también debería incluir el procesamiento de los ejecutivos de multinacionales comprometidos con la represión militar, de la jerarquía eclesiástica y de la cúpula sindical y de los miembros del partido Justicialista que participaron activamente en el terror de Estado, desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

martes, 3 de julio de 2012

EXIGENCIA ÉTICA

Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa

Uno de los fundamentos sobre los cuales se asienta la gestión pública es la ética. Sin ésta todo el andamiaje del sistema democrático y de las instituciones que conforman el Estado de derecho queda a expuesto a la acción corruptora de los intereses privados. La vinculación del actual ministro de Defensa español, Pedro Morenés Eulate, con empresas fabricantes de armas pone en entredicho la legitimidad del actual gobierno del PP para seguir en el poder.

Millones de ciudadanos españoles asisten perplejos y desorientados cómo el Estado de bienestar va siendo desmantelado sin que haya una oposición frontal más allá de la retórica de los partidos de la oposición, de los titubeos sindicalistas y las intermitentes acciones del movimiento de los «indignados». El ejercicio de una democracia real no se atisba en el horizonte, mientras la acción política aparece totalmente subordinada a la acción de la economía. El triunfo socialista en Francia apenas si ha logrado modificar el discurso de los tecnócratas europeos que han usurpado los cargos políticos y actúan en beneficio de intereses económicos contrarios a la felicidad de sus pueblos. Esta usurpación constituye una verdadera conculcación de los Derechos Humanos y corrompe los principios  éticos que sostienen el Estado de derecho y salvaguardan el Estado de bienestar.  
Ejemplo flagrante de esta corrupción moral lo constituye la disposición del actual gobierno español de indemnizar con cuarenta millones de euros a Instalanza, S.A., empresa fabricante de armas, o a su sucesora, por la prohibición de fabricar, almacenar y vender bombas de racimo, que el gobierno socialista decretó en 2008 de acuerdo con el Tratado de Dublín de ese año. Además del escándalo que supone la indemnización y su cuantía, se da la ¿casual? circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue directivo de la empresa en cuestión y su representante hasta poco antes de asumir el cargo, y, sin que parezca suponer ningún choque de intereses, es actual directivo ejecutivo de MBDA, empresa multinacional dedicada a la fabricación de misiles, según informa el diario Cinco días.
La corrupción política -como apunto en mi Diccionario político- es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo», fruto de la connivencia de los intereses públicos con los privados, que se manifiesta de muy diversas formas -uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude elector, etc.- con graves consecuencias para la vida ciudadana. La corrupción política no es ajena a las dificultades habidas para extinguir los recientes incendios ocurridos en Valencia y las graves consecuencias para miles de ciudadanos y para la naturaleza de la región. Tampoco es ajena la corrupción política y a la usurpación de los cargos públicos, los recortes a la educación y, sobre todo, a la sanidad, sector donde algunos ministros o secretarios autonómicos aparecen vinculados a grandes empresas sanitarias que se beneficiarían de la privatización de la sanidad pública. 
En otras palabras que la corrupción política, espejo de la corrupción moral de los representantes gubernamentales, «da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado». En este sentido ¿puede considerarse ético que se prometa a un magnate modificar leyes de ámbito nacional para favorecer la instalación de su negocio? ¿puede considerarse ético cuando ese negocio es un centro de juego que, como tal, atrae el tráfico de drogas, la prostitución, el turismo sexual, el lavado de dinero, etc.?
Los ciudadanos tenemos ahora la responsabilidad de activar los medios para iniciar una recuperación del orden ético y la restauración de una democracia real cuya acción política esté por encima de la acción económica si queremos defender nuestro bienestar y felicidad.

LA [MALA] LENGUA COMO SIGNO [EQUÍVOCO] DE EQUIDAD

La lengua es un soberbio y sólido sistema de comunicación humana, que va absorbiendo progresivamente los cambios que impone la evolución so...