EXIGENCIA ÉTICA

Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa

Uno de los fundamentos sobre los cuales se asienta la gestión pública es la ética. Sin ésta todo el andamiaje del sistema democrático y de las instituciones que conforman el Estado de derecho queda a expuesto a la acción corruptora de los intereses privados. La vinculación del actual ministro de Defensa español, Pedro Morenés Eulate, con empresas fabricantes de armas pone en entredicho la legitimidad del actual gobierno del PP para seguir en el poder.

Millones de ciudadanos españoles asisten perplejos y desorientados cómo el Estado de bienestar va siendo desmantelado sin que haya una oposición frontal más allá de la retórica de los partidos de la oposición, de los titubeos sindicalistas y las intermitentes acciones del movimiento de los «indignados». El ejercicio de una democracia real no se atisba en el horizonte, mientras la acción política aparece totalmente subordinada a la acción de la economía. El triunfo socialista en Francia apenas si ha logrado modificar el discurso de los tecnócratas europeos que han usurpado los cargos políticos y actúan en beneficio de intereses económicos contrarios a la felicidad de sus pueblos. Esta usurpación constituye una verdadera conculcación de los Derechos Humanos y corrompe los principios  éticos que sostienen el Estado de derecho y salvaguardan el Estado de bienestar.  

Ejemplo flagrante de esta corrupción moral lo constituye la disposición del actual gobierno español de indemnizar con cuarenta millones de euros a Instalanza, S.A., empresa fabricante de armas, o a su sucesora, por la prohibición de fabricar, almacenar y vender bombas de racimo, que el gobierno socialista decretó en 2008 de acuerdo con el Tratado de Dublín de ese año. Además del escándalo que supone la indemnización y su cuantía, se da la ¿casual? circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue directivo de la empresa en cuestión y su representante hasta poco antes de asumir el cargo, y, sin que parezca suponer ningún choque de intereses, es actual directivo ejecutivo de MBDA, empresa multinacional dedicada a la fabricación de misiles, según informa el diario Cinco días.

La corrupción política -como apunto en mi Diccionario político- es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo», fruto de la connivencia de los intereses públicos con los privados, que se manifiesta de muy diversas formas -uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude elector, etc.- con graves consecuencias para la vida ciudadana. La corrupción política no es ajena a las dificultades habidas para extinguir los recientes incendios ocurridos en Valencia y las graves consecuencias para miles de ciudadanos y para la naturaleza de la región. Tampoco es ajena la corrupción política y a la usurpación de los cargos públicos, los recortes a la educación y, sobre todo, a la sanidad, sector donde algunos ministros o secretarios autonómicos aparecen vinculados a grandes empresas sanitarias que se beneficiarían de la privatización de la sanidad pública. 
En otras palabras que la corrupción política, espejo de la corrupción moral de los representantes gubernamentales, «da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado». En este sentido ¿puede considerarse ético que se prometa a un magnate modificar leyes de ámbito nacional para favorecer la instalación de su negocio? ¿puede considerarse ético cuando ese negocio es un centro de juego que, como tal, atrae el tráfico de drogas, la prostitución, el turismo sexual, el lavado de dinero, etc.?
Los ciudadanos tenemos ahora la responsabilidad de activar los medios para iniciar una recuperación del orden ético y la restauración de una democracia real cuya acción política esté por encima de la acción económica si queremos defender nuestro bienestar y felicidad.