
domingo 7 de febrero de 2010
DINERO CAÍDO DEL CIELO

domingo 31 de enero de 2010
¡DIEZ MIL POLLOS Y LOS DERECHOS DE AUTOR!
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domingo 24 de enero de 2010
ARGENTINA, IMPRESIONES DE VIAJE
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jueves 26 de noviembre de 2009
LA CONJURA DE LOS NECIOS

viernes 13 de noviembre de 2009
LOS BANCOS, LAS CAJAS Y SUS ABUSOS

viernes 30 de octubre de 2009
PODER TRANSFORMADOR DE LA INMIGRACIÓN

martes 13 de octubre de 2009
EL SECRETO DE SUS OJOS

jueves 1 de octubre de 2009
EL TANGO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

miércoles 23 de septiembre de 2009
LA AUTORIDAD DEL MAESTRO

jueves 17 de septiembre de 2009
FOLKLORE INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

En principio, si bien en democracia todos tenemos derecho a preguntar, cuando se trata de preguntas que afectan a las instituciones o a la conformación del Estado hay que hacerlas a través de los cauces establecidos por la Constitución. No hay otro camino, salvo que se trate de política de baja altura o de crear el clima propicio para salidas violentas.
Hay que considerar que en una democracia, los ciudadanos ceden parte de su soberanía a sus representantes, lo que significa que son éstos -los diputados- y no ellos quienes tienen que formular las preguntas o tomar decisiones en el Parlamento. No estamos en un estado asambleario sino parlamentario y por lo tanto no se pueden celebrar referendos ni movilizar a los ciudadanos a la ligera, como ha venido sucediendo en los últimos años en España.
Si el Parlamento autonómico catalán y el nacional –los legítimos representantes de los ciudadanos- aprobaron un nuevo Estatuto de autonomía, la pregunta no es si los catalanes quieren ser independientes (¿de qué?), sino por qué se cuestiona la validez de tal Estatuto sometiéndolo a la decisión de unos jueces por iniciativa de un partido (PP). Ante la evidente respuesta, los partidos políticos de Cataluña –todos- en lugar de hacer folklore independentista (o anti-independentista) podrían convocar una manifestación ciudadana que haga visible, por si alguien tiene dudas, el apoyo del pueblo catalán al Estatuto aprobado por sus representantes parlamentarios y refrendado por el Parlamento nacional. Por su parte, los jueces del Constitucional tienen la obligación y la responsabilidad de resolver con celeridad la cuestión que se les planteó por miopía y mezquindad política reconociendo no el Estatuto sino la soberanía del Parlamento.
