jueves, 31 de julio de 2014

DE LA VULNERABILIDAD DE LA LENGUA Y DEL POETA


Si nos atenemos a la lengua castellana -aunque es obvio, aclaro que cuando hablo de la palabra me refiero a ella como entidad universal-, su mapa histórico ejemplifica magníficamente momentos de esplendor y decadencia, a veces coincidentes en el tiempo debido a sus diversos y lejanos ámbitos geográficos de uso. Nadie duda de que el castellano es una las lenguas más evolucionadas del mundo y que goza de una extraordinaria vitalidad. Sin embargo, como todo organismo vivo, es vulnerable a la acción de agentes degenerativos que laten en el seno de la sociedad y que se activan en momentos de opresión o estancamiento espiritual. La extensión de lugares comunes, muletillas, extranjerismos sustitutorios, metáforas hueras, desorden sintáctico, torpeza prosódica, etc., empobrecen y reducen la lengua a un estado mecánico y funcional que abotarga el pensamiento.

A finales del siglo XIX y principios del XX, el casi desesperado intento de Azorín de revitalizar la lengua castellana peninsular, adormecida por el absolutismo y la pereza, tuvo eco en Antonio Machado, quien recogió las propuestas simbolistas a través del modernismo allegado por Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, quien también siguió inicialmente la estela rubendariana, y los poetas de la Generación del 27. Sin embargo, este portentoso impulso revitalizador quedó abortado tras la Guerra Civil, pues la derrota de la República significó también la derrota de la lengua castellana peninsular.
Durante la larga dictadura franquista las palabras del castellano peninsular edificaron una falsa realidad sustentada en el oscurantismo religioso y político de los vencedores. En ese proceso de mutación del sentido, las palabras sirvieron para velar la verdad y legitimar al régimen. Así, mientras la palabra «paz» ocultaba represión, persecución, padecimiento y humillación de miles de opositores o sospechosos de serlo, todo el aparato del Estado fue articulado en leyes autoritarias que distorsionaron la vida y los hábitos de los ciudadanos. La

ley era la palabra de la dictadura. Y, en tanto que los intelectuales que habían apoyado el proyecto democrático de la República habían sido asesinados, encarcelados u obligados al ostracismo interior o exterior, los intelectuales del régimen consagraron un sistema de pensamiento embrutecedor e intolerante. Un sistema que añadió al hambre y la miseria dejadas por la guerra, la pobreza del pensamiento. No importaba que otros pueblos estudiasen, trabajasen y fuesen más cultos y prósperos y disfrutaran de un mayor bienestar, pues, falazmente, nada era mejor ni más grande que ser español.
El castellano peninsular se convirtió entonces en un eficaz instrumento político de sometimiento ideológico de la población de la ficticia «España, una, grande y libre», la España «diferente». En este contexto, los portavoces del nacional-catolicismo buscaron y encontraron en las raíces del antiguo castellano inquisitorial e imperial los recursos para una lengua oficial que apuntalaba el discurso retórico, tan grandilocuente como hueco, del régimen. Así lo entendió el papa Pío XII, cuando el 16 de abril de 1939, escribió en otro ejemplo de pretenciosa verborrea: La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del nuevo mundo y baluarte inexpugnable de la fe católica acaba de dar a los precursores del ateísmo materialista de nuestro siglo la
prueba más excelsa de que, por encima de todo, están los valores de la Religión y del espíritu[1].
Un castellano mecánico de palabras cerriles y pesada sintaxis sirvió para edificar los muros detrás de los cuales se atrincheraron los españoles durante cuarenta años. Tras ese «gesto nobilísimo de cristiana edificación» se confeccionó un «traje a nuestra medida, español y castizo» para combatir a los enemigos que amenazaban la grandeza española. Porque, como afirmaba el Caudillo, a España se la ha hostilizado siempre que ha resurgido, desde los tiempos de Felipe II [...] y cuanto más se ha levantado, cuanto más independiente se ha hecho, cuanto más enérgicamente se ha extirpado el cáncer o una enfermedad que la corroía, más se ha crecido contra España la hostilidad de fuera.

El habla se convirtió en jerga, en farfullo irascible de exclusión y confrontación permanente, que los grupos ultracatólicos y tardofranquistas prolongan entrado ya el siglo XXI. «Rojos», «ateos», «comunistas», «judíos», eran, entre otras, palabras que encarnaban enemigos diabólicos en perennes «contubernios» o «conspiraciones judeo-masónicas» desde la «pérfida Albión» o desde el «país del brioche y del bidet» contra España, la «patria», los «cristianos», los «católicos».
Pero al mismo tiempo, los ideólogos que habían fraguado el castellano oficial como un baluarte de la España franquista y que sabían de la debilidad y, tal vez, de la ilegitimidad de su propósito, clamaban contra la «falsa modernidad» que venía del extranjero y que amenazaba con la disolución de la lengua. De acuerdo con esta creencia es que en 1940, como recoge Martín Gaite, se prohibió el «uso innovador y deformante de vocablos extranjeros en marcas, rótulos, frases y escritos [que constituían] desollamientos en la piel española».
Como consecuencia de este proceso castrador, el castellano peninsular perdió todo el impulso revitalizador que manifestaba en las primeras décadas del siglo XX. La rigidez sintáctica y la retórica dificultaron el desarrollo estilístico fuera de la tradición realista y ancló en ella la producción literaria española. La restauración democrática, si bien creó un nuevo marco expresivo y favoreció algunos intentos innovadores, éstos se vieron limitados por las tendencias uniformizadoras determinadas por el poder económico mundial que controlan los grandes grupos editoriales y medios de comunicación.
En América, el castellano hispanoamericano, una vez superados los complejos disfrazados de rebeldía hacia la antigua metrópolis surgidos tras la emancipación, emprendió una decidida andadura beneficiada por los aportes de las lenguas nativas y la etapa formativa de las nuevas naciones. Este sentimiento de independencia coincidente con el espíritu romántico favoreció asimismo la mirada hacia otras realidades lingüísticas comprometidas en un proceso innovador. Tras su enriquecedor vínculo con las vanguardias europeas y el aporte de la intelectualidad española exiliada, el castellano hispanoamericano cuajó en una lengua de gran horizonte expresivo. Pero, como
sucedió con la derrota de la República española, las dictaduras que se sucedieron a partir de la segunda posguerra mundial, y en particular desde los años setenta, por un lado, y la retórica revolucionaria inspirada en el realismo socialista, por otro, dieron paso a una lengua bastardeada por el autoritarismo, la corrupción y la mediocridad. La lengua, ya condicionada y empobrecida por la consigna de «escribir para el pueblo», fue asimismo instrumentalizada desde el poder dictatorial, que se valió del eufemismo y la ambigüedad para disimular el horror. De este modo, por ejemplo en Argentina, el régimen del Estado terrorista se autodenominó «Proceso de Reorganización Nacional» y todo el mundo aún sigue llamando «el Proceso» a ese período de sangrienta dictadura. En un vasto contexto de falseamiento de la realidad, las bandas paramilitares que secuestraban, asesinaban y robaban siguiendo un plan de exterminio sistemático de opositores fueron llamadas «grupos de tareas», «secuestrar» se dijo «chupar» y «chupadero» designó al campo de concentración clandestino, a donde iban a parar las víctimas de la represión condenadas a «desaparecer». La movilización internacional contra la flagrante conculcación de los derechos humanos en el país motivó el eslogan «somos derechos y humanos». Una gran parte de los argentinos, que consideró la campaña una ofensiva «injerencia extranjera» en los asuntos internos del país, aceptó con jactancioso orgullo la escandalosa tergiversación de la frase contribuyendo así a la política de ocultación de la trágica realidad. La identificación «yo, argentino» significó no saber nada, no tener responsabilidad ni compromiso. La fatuidad civil se reconocía como un supremo signo de identidad nacional.
Las secuelas del horror y la debilidad de las instituciones democráticas, en cuyo seno se había enquistado la corrupción, naturalizaron una lengua al servicio del fraude, el disimulo y el sensacionalismo. La restauración de unas democracias tuteladas por el poder económico tanto en España como en Hispanoamérica, se han convertido en el mercado idóneo en el que los grandes consorcios editoriales ponen sus productos de consumo masivo y rápida digestión. Sus líneas editoriales, que han revitalizado el realismo costumbrista y el uso de una lengua instrumental, se extienden como una espesa trama

ideológica que tergiversa la realidad, impide el conocimiento y embota el pensamiento.
En el apogeo de la impostura, la lengua instrumental permite que las guerras colonialistas sean llamadas «preventivas» o «humanitarias», que las víctimas civiles se denominen «daños colaterales», el genocidio, «limpieza étnica», el abuso, «responsabilidad», la invasión, «liberación», los países pobres, «países emergentes», y que «amor», «solidaridad», «perdón», etc., sean meros esqueletos fonéticos cuya carnadura se ha perdido por el uso sin el correlato de la acción que implican. En estas circunstancias, la palabra sustantiva atacada por las fuerzas irracionales del poder político y económico pierde paulatinamente su capacidad de acción y acaba paralizada. Llegado ese momento y enredada en el gran barullo verbal del sistema, la confusión babélica, la palabra no puede expresarse y comunicar la verdad. Su parálisis implica la parálisis del espíritu y con ella el olvido, la impunidad.
Entonces ¿para qué el poeta lleva la palabra a los límites del misterio y la confronta con el silencio con el peligro de caer en él? El poeta tiene la responsabilidad de preservar el patrimonio significativo de la palabra, porque, como expresión de la comunidad humana, ella comporta la llave de la razón y el acto civilizador. La palabra sustantiva, en la medida que es comprendida en su verdadera y unívoca significación, inspira el cuerpo ético que, al determinar su comportamiento en un marco de confianza y justicia, rige la convivencia entre los individuos. Por otro lado, esta palabra por su misma potencia significativa y la carga mítica de su raíz, es vehículo de conocimiento y libertad para los individuos que la reciben. Los cambios externos que se operan en la palabra sustantiva de acuerdo con la formulación de leyes que consolidan el progreso y la felicidad de los hombres enriquecen su significación esencial. En cambio, sucede todo lo contrario cuando tales cambios se operan desde la impostura y la injusticia. Es en este caso, cuando el poeta debe actuar y rescatar la palabra de la inflación verbal, del farfullo bárbaro y embrutecedor, y devolverle la vida y su verdadero sentido.



[1] Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la postguerra española, Anagrama, 1990.

viernes, 4 de abril de 2014

MILITARISMO SOCIOLÓGICO

El golpe militar de 1930 no sólo quebró el orden constitucional de Argentina e interrumpió el desarrollo de la democracia inaugurada en 1917, sino que dio continuidad al caudillismo y sentó las bases de un pensamiento militar que caló en las capas más profundas del comportamiento social de los argentinos.

Cuando, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen  y quebró el orden constitucional inauguró al mismo tiempo una era infame tutelada por el estamento militar. Pero más allá del dominio fáctico que ejerció sobre las instituciones y estructuras del Estado y la vida civil, las casta militar influyó poderosamente en el imaginario social inculcando a los ciudadanos, independientemente de la clase a la que perteneciera, su visión del mundo y sus formas de comportamiento. Es por ello que casi sin darse cuenta la mayoría de los argentinos, incluso ciudadanos sensibles, inteligentes y bien formados intelectualmente, ha internalizado las conductas militares hasta el punto de contaminar el lenguaje con el que se expresa y con el que, consecuentemente, ordena sus vidas y las relaciones con los demás. Todo está inficionado de militarismo, desde el nomenclátor de ciudades y pueblos, escandalosamente dominado por generales, coroneles, capitanes, cabos y sargentos, hasta la identificación del rigor y la disciplina como algo propio del militar  sin caer en la cuenta de que ambos son hijos de la cultura, la voluntad y la responsabilidad y no de la prepotencia, la severidad excesiva y del ordeno y mando (¡no piense, obedezca!).
En medio de todo esto la violencia que conlleva lo militar ha dejado una herencia malsana que se traduce en una permanente tensión, ahora patente y patética en el discurso político, en el tono de las discusiones televisivas, en el patrioterismo y en una distorsionada y desfasada interpretación de los roles que se desempeñaron en la resistencia contra el autoritarismo en general y el terrorismo de Estado en particular. ¿Cómo es posible que se invite a un festival folklórico a una banda militar y peor aún que se la deje interpretar el pericón, baile nacional argentino, con ritmo de marcha castrense?
 En este sentido, también es chocante que, en los sectores progresistas, aún se siga hablando de "militancia" para reivindicar al parecer a quienes tomaron y toman una actitud opositora a las fuerzas que conculcan los derechos y las libertades cívicas, y hasta se propongan monumentos o espacios públicos a esa "militancia". ¿Por qué no una plaza o una calle o un monumento a la civilidad o a la ciudadanía? Porque del mismo modo que el neoliberalismo desprestigió al Estado en beneficio de lo privado, es decir, de las grandes corporaciones, el militarismo hizo lo propio con lo civil y, aún los demócratas progresistas y bien intencionados, prefieren  ser "soldados" de un ejército, de un partido, de una iglesia, etc. antes que reconocerse, con orgullo, ciudadanos libres que conforman una comunidad libre.
En este mismo sentido, más allá de que el Estado y la sociedad les deba un reconocimiento y un respeto a los soldados que lucharon en Malvinas, tal reconocimiento y respeto debe hacerse desde su consideración de víctimas de una Dictadura terrorista equiparables a los muertos, desaparecidos, presos y desterrados y no como "héroes que lucharon por la patria". ¿O es que tiene más valor, más coraje, el soldado que se enfrenta a las bombas por obediencia debida a los generales que fraguaron la guerra para perpetuarse en el poder que el civil que fue asesinado, torturado u obligado al exilio por los mismos generales? 

viernes, 22 de febrero de 2013

CERVANTES Y LOS DERECHOS DE AUTOR




Desde los tiempos de Cervantes muy poco ha cambiado en la consideración del escritor como productor artístico y en el reconocimiento de los derechos que genera su trabajo. La acción de los piratas «ilegales» y «legales» y la conculcación continuada de los derechos de autor ponen a los escritores profesionales en una total situación de indefensión económica y social.

Muchos estudios sobre El Quijote y su autor tienden a ocultar o a acomodar aspectos de la biografía de Miguel de Cervantes a la genialidad de su obra. Tales estudios surgen como una necesidad de darle al autor un perfil heroico que sustituya al reconocimiento intelectual que se le negó en su tiempo, independientemente de que, por ejemplo, cualquiera de sus Novelas ejemplares le hubieran servido para ocupar un lugar destacado en el panteón literario universal, tal como él lo apunta en el prólogo a las mismas cuando dice «a esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me doy a entender (y es así) que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana».
Pero  Cervantes no era un par del estamento intelectual ni gozaba de las prebendas de los hermanos Argensola ni de Lope de Vega, por ejemplo. Cervantes no era un disidente, sino un excluido de la clase intelectual. Él deseaba su reconocimiento como algo natural debido a quien «planta alamedas», es decir, a quien se dedica al «ejercicio honesto» de la creación literaria, para contar con una base de sustento diario. Es en este marco de intenciones que deben verse tanto sus intentos de lograr un favor real por sus servicios prestados como soldado, incluso si es en Indias, como su pretensión de integrar la corte de poetas del virrey de Nápoles.
Poco después de la primera edición de la primera parte de El Quijote, tasado «cada pliego del dicho libro a tres maravedís y medio; el cual tiene ochenta y tres pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro doscientos y noventa maravedís y medio»,  y como consecuencia del éxito obtenido se hicieron nuevas ediciones legales en Madrid, Valencia y Lisboa y varias ediciones piratas en Zaragoza y Lisboa. Como hoy, muchos editores se ganaban la vida de mala manera amparándose en la clandestinidad, en la debilidad gremial de 
los autores, en las falencias de las leyes y en la extendida y perdurable creencia de que el artista ha de trabajar por amor al arte.
Cervantes nos informa en el prólogo a sus Novelas ejemplares cómo sus obras eran pirateadas y escamoteados sus derechos de autor cuando dice que La Galatea, Don Quijote, Viaje al Parnaso y otras obras «andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño». También nos habla por boca de don Quijote y del escritor con quien éste entabla conversación en la imprenta de Barcelona de las trapacerías de los editores y libreros. Cuando el dicho autor le dice que él imprime por su cuenta sus libros, don Quijote exclama:
«- ¡Bien está vuesa merced en la cuenta! –respondió don Quijote-. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores, y las correspondencias que hay unos á otros. Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante.
- Pues ¿qué? –dijo el autor-. ¿quiere vuesa merced que se lo dé á un librero, que me dé por el privilegio tres maravedís, y aun piensa que me hace merced en dármelos? Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo; que ya en él soy conocido por mis obras; provecho quiero; que sin él no vale un cuatrín la buena fama» (II, Cap. LXII).
Entonces como hoy la situación del escritor profesional apenas ha variado en esencia, ya que las formas del escamoteo de los derechos de autor se han diversificado tanto entre los editores piratas clandestinos como entre los editores que saben aprovecharse de las argucias legales.

miércoles, 13 de febrero de 2013

NO TODOS LOS POLÍTICOS SON IGUALES

Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, denunció la sumisión del Parlamento español a las fuerzas del gran capital permitiendo la comparecencia clandetina en él de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y la ilegitimidad de esta institución cuyas políticas monetarias menoscaban los intereses de la ciudadanía en beneficio del capital financiero.


martes, 12 de febrero de 2013

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DERECHOS DE AUTOR


En el contexto de la sociedad burguesa y capitalista, los derechos de autor están íntimamente vinculados al quehacer artístico y al modus vivendi del artista. De aquí que el respeto a tales derechos, su reconocimiento y satisfacción, no debería ser objeto de cuestionamiento o menoscabo por parte de los agentes sociales que intervienen en el uso y disfrute del libro o de la obra de arte.

En la segunda mitad del siglo XV empezaron a definirse las llamadas «virtudes burguesas» caracterizadas por la respetabilidad, la laboriosidad y el afán de lucro, que constituyen los pilares básicos de un nuevo sistema ético que se desarrolla como parte del proceso general de racionalización que rige los actos del individuo burgués y de la comunidad. En este momento histórico –especialmente en las ciudades-estado del norte de Italia-  es cuando el individuo empieza a tener conciencia de su propia individualidad y a expresar su personalidad. Como afirma Arnold Hauser, «la fuerza de la personalidad, la energía espiritual y la espontaneidad del individuo son la gran experiencia del Renacimiento», lo que se traduce en el ideal del arte «en cuanto éste abarca la esencia del espíritu humano y su poder sobre la realidad». Ahora bien, esta toma de conciencia del artista como individuo, lo eleva por encima de la condición de artesano que tenía hasta entonces y consigue el reconocimiento sobre la espontaneidad y originalidad de su trabajo. Pero el hecho de que el producto de su trabajo sea espontáneo y original y él tenga una mejor consideración social no significa que haya dejado de ser trabajador y por lo tanto que haya quedado exento a recibir una remuneración por aquello que produce. De modo que, casi al mismo tiempo que la invención de la imprenta, surge en ese incipiente marco capitalista el concepto de «propiedad intelectual», dado que ya no es posible valorar el trabajo del artista en los términos convencionales que atañen a los artesanos.
La naturaleza abstracta de esta propiedad ha dado lugar a lo largo de los siglos a muchos abusos e incomprensiones que han permitido que el usufructo de los derechos que esta propiedad genera haya terminado limitando la titularidad de los mismos cuando no imponiéndose sobre ésta. Cabe preguntarse por qué la propiedad intelectual no se rige jurídicamente del mismo modo que la propiedad de la tierra o de cualquier otro bien inmueble; cabe preguntarse por qué esta propiedad tiene fecha de caducidad y algunos se arrogan la capacidad para gestionar y disponer de los derechos que la propiedad intelectual genera en un usufructo abusivo.
Del mismo modo que la imprenta de tipos móviles extendió el uso y disfrute del libro a partir del siglo XV, las nuevas tecnologías han permitido un nuevo salto –por ahora más cuantitativo que cualitativo- en la difusión de la obra y con ello la extensión del usufructo de los derechos de autor. Un usufructo cuya regulación legal ha de ser actualizada para salvaguardar la integridad de la propiedad intelectual. Para ello es absolutamente necesario que las Administraciones públicas, central y autonómicas, tomen conciencia del verdadero concepto y naturaleza de los derechos de autor. Para los autores, estos derechos equivalen al salario o remuneración que percibe cualquier otro trabajador, y por lo tanto son vitales para su sustento. Contra lo que muchos suponen los autores no viven del aire por amor al arte. Romper con esta absurda creencia es responsabilidad no sólo del colectivo de autores, sino y de un modo rotundo de las Administraciones públicas, para que ningún sector crea, equivocadamente, que exigir el cumplimiento de estos derechos –derechos y no regalías, ni subsidios, ni becas- supone quitarle el pan a otros trabajadores o atentar contra la cultura. 

domingo, 27 de enero de 2013

DE LA LIBERTAD Y LA NECESIDAD



En la vida diaria, la libertad se tiene más como una aspiración que como una realidad posible. Esta falsa creencia hace que la conducta de los individuos siempre esté minada de trampas, que no pocas veces se enmascaran en la necesidad, que coartan la libertad misma y perpetúan la esclavitud. 

Así está, por ejemplo, el trabajador que no apoya una huelga en defensa de sus derechos con el pretexto de que tiene hijos que mantener; el escritor que se somete a las líneas editoriales y rinde culto al argumento y a la trama para obtener las regalías de su publicación, premio o consideración mediática renunciando a sus ideas acerca de la escritura, o los gobiernos que cierran ambulatorios en pequeños pueblos porque no son rentables.
Toda relación – laboral [trabajador-patrón], literaria [escritor-lector], etc.- exige un compromiso ético con el otro cuya cláusula fundamental para su extinción es la libertad y no la necesidad. De este modo, los patronos no pueden pretextar salvar su empresa y salvarse ellos, sin contar con sus trabajadores y prescindiendo de ellos, de cuya plusvalía han vivido y hasta se han enriquecido sin hacerles partícipes de sus beneficios; los gobiernos no pueden abandonar a los ciudadanos para salvar a la economía o los escritores traicionar al lector y a sus principios estéticos, para ganar dinero o fama. Salvarse por su lado en nombre de la necesidad sin contar con el otro es, en definitiva, un gesto egoísta y censurable.
Quiero decir, que la necesidad como fundamento de una acción o decisión que afecta a la vida de las partes comprometidas en un vínculo no es sino una trampa más que conduce a los individuos y a los pueblos al fracaso, no así la apelación a la libertad, la cual al tener una vía de doble sentido, desdeña traiciones, engaños, corrupciones, ambiciones, egoísmos, etc., y a la vez exige coraje, valentía, generosidad, capacidad de renuncia y fuertes convicciones éticas para dar coherencia, sentido y, consecuentemente, felicidad a la vida de las personas. Quiero decir que tanto la fundación del vínculo como su extinción son actos que nacen de la libre voluntad de sus actores. Todo esto también cabe para las relaciones interpersonales, de amistad, de pareja, porque todo, absolutamente todo, contribuye a lograr la dicha o la miseria de la sociedad y de cada una de las personas.

lunes, 14 de enero de 2013

LOS CORRUPTOS SE QUITAN LA MÁSCARA


Esperanza Aguirre, ex presidenta de la
Comunidad de Madrid
Los escándalos de venalidad de los políticos son la punta del iceberg de la corrupción de la actividad política, dado que bajo la superficie de lo lícito se ocultan conductas reñidas con la ética y la responsabilidad obligatoriamente observables por los servidores públicos. Junto a los casos de corrupción clásica - Gürtel, Mata, Fabra, Pokemon, etc.- que implica el soborno también son casos de corrupción el paso más o menos inmediato de altos cargos políticos a la empresa privada.


Rodrigo Rato, como ministro privatizó Telefónica, de la que
ahora es consejero para Europa y América Latina.
Como la mujer del César, el político no sólo ha de ser honesto, sino parecerlo. Pero este no es el caso de  Juan José Güemes ex consejero de sanidad de Madrid, fichado por la empresa Unilabs, a la que había adjudicado el servicio público de análisis; Pedro Morenés, ministro de Defensa y vinculado a empresas armamentísticas; Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del primer gobierno de Aznar durante el cual privatizó Argentaria, Tabacalera, Endesa, Repsol y Telefónica, ex director gerente del FMI y director de Bankia, fichado por Telefónica, y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, quien después de acomodar las leyes para la instalación Eurovega, renunció de este cargo para fichar por Seeliger y Conde manteniéndose como presidenta del Partido Popular de Madrid. Después de estos casos, que no son los únicos sino los más recientes, viendo las medidas favorables a los bancos y a las grandes corporaciones que el gobierno del PP está tomando a golpe de mayoría absoluta en el Parlamento cabe preguntarse ¿por quién fichará o habrá fichado ya Mariano Rajoy y con él los muchos que participan en el desmantelamiento del Estado de bienestar? Pero dado que esta pregunta sólo transmite una sospecha, quizás la pregunta que debe hacerse el ciudadano es ¿qué es la corrupción? Para responder a esta pregunta recurro a la definición que doy de «corrupción política» en mi Diccionario político. Voces y locuciones (El Viejo Topo, 2012). 
La corrupción política es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, generalmente secreto y privado. La corrupción política se manifiesta de muy diversas formas, aunque las más frecuentes son el uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude electoral, el nepotismo, etc. y afecta desde los más altos cargos de gobierno hasta el funcionario que ocupa el puesto más bajo del escalafón administrativo. Su origen está en las tensiones que produce la confrontación entre los intereses públicos y los privados, en particular cuando estos últimos hacen sentir su influencia en las instituciones del Estado. 
La corrupción política tiende a degradar la credibilidad de la clase política, a menoscabar el respeto a las instituciones públicas y a comprometer el Estado de derecho, lo que da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado.La corrupción se plantea como un problema real cuando infisiona el sistema social de relaciones y se convierte en un fenómeno difícil de precisar y juzgar.  En el primer caso, la dificultad se debe a la diversidad de las actuaciones, que van desde el soborno de un funcionario de ventanilla hasta el regalo interesado a un alto cargo de gobierno o a un grupo de diputados para que sancione o rechace determinada ley o favorezca a un lobby en una licitación, en el segundo a los diferentes grados de percepción que los actores y la ciudadanía tienen del fenómeno. Generalmente, en este caso, la opinión pública es la que determina el alcance de la corrupción y su mayor o menor identificación con las conductas corruptas, según quienes sean los corruptos y los corruptores. 
Para algunos especialistas, los intercambios sociales generan un mercado de la corrupción, donde se establecen las exigencias, las obligaciones y los métodos precisos de compensación, y para otros es la corrupción la que genera intercambios sociales que favorecen la existencia de redes legales en el marco de los sistemas neocorporativistas*, que desarrollan mecanismos de protección a corruptos y corruptores que garantizan la realización de las operaciones clandestinas.
En el orden político la corrupción se localiza en los legisladores, los partidos políticos y la Administración y se asienta en la mayor o menor venalidad del político y su grado de ambición personal, política o económica; el nivel de competencia entre los partidos políticos y sus recursos para la financiación de sus actividades, y el grado de organización de los grupos de presión, así como la existencia o no de competencia entre ellos. La corrupción legislativa se verifica mediante las votaciones que sancionan o rechazan leyes que afectan a grandes corporaciones que conforman poderosos grupos de presión ilegales. 
La corrupción de los partidos parte del deseo de la formación política de asegurar su triunfo electoral y su acceso o permanencia en el Gobierno mediante espectaculares campañas de propaganda, beneficios clientelares o compra de votos, etc. Las posibilidades de éxito de estas campañas se ven favorecidas al influir sobre una base electoral pasiva, acrítica, mal informada y vulnerable a la demagogia, y por la acción eficaz de grupos de presión bien organizados, que actúan protegidos por la misma red política. La corrupción administrativa tiene que ver con la venalidad de los funcionarios y su capacidad para bloquear o acelerar la aplicación de una ley, una sanción, etc., dar trato preferencial o filtrar información.

viernes, 11 de enero de 2013

FEUDALIZACIÓN DEL CAPITALISMO, DE CIUDADANO A SIERVO

El colapso capitalista que se vive hoy es la culminación de un ciclo de expansión y acumulación de riquezas inherente al sistema, caracterizado por la naturaleza parasitaria del capital financiero que, en esta fase final, prevalece sobre la economía productiva y paraliza su dinámica. Este colapso, al dejar sin efecto el contrato social sobre el que se asienta el sistema democrático, inaugura un proceso de desintegración social de tipo neofeudal que degrada al ciudadano a la categoría de siervo.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, los reinos bárbaros que le siguieron basaron su   existencia en la expansión territorial. Situándose por encima del pueblo y la nobleza, los reyes victoriosos consideraron los países conquistados como propiedad particular y sus habitantes como súbditos de quienes podía disponer a capricho. Así, la tenencia de la tierra y la servidumbre se convirtieron en los pilares del poder real. Pero, a medida que los reinos se expandían también crecían las exigencias defensivas en proporción inversa a la capacidad real para satisfacerlas, hecho que se agravó con la violenta irrupción en el escenario europeo del islam. Ante la presencia de los musulmanes en el sur y de tribus bárbaras en el Este, los reyes otorgaron a un puñado de señores (condes) el usufructo de tierras primero y de prebendas y privilegios después con plena autoridad sobre ellas a cambio de proteger dichos territorios y la vida de sus siervos, en quienes recaía el peso de toda la actividad productiva y del sustento económico del reino.
El reino y el imperio carolingios fueron, entre los siglos VIII y IX, un frustrado proyecto de restauración y fortalecimiento del poder real que, en cierto modo, aceleró la feudalización y la fragmentación del mapa político de Europa que quedó configurado en reinos nominales sostenidos económica y militarmente por innumerables señoríos con su masa de siervos de la gleba.
De esta sumarísima síntesis cabe deducir que la atomización del poder real se produjo en ese período histórico a causa, entre otros factores, de la incapacidad de dicho poder real para asegurar la paz y el bienestar dentro de sus territorio, de la inercia expansiva de carácter militar que aumentaba esa incapacidad y de una concepción doméstica de la economía.
Este proceso de expansión territorial, que trajo aparejada la acumulación de tierras, que se volvían  improductivas; el debilitamiento de las instituciones estatales y el colapso de sistema, tiene su correlato moderno en los ciclos expansivos del sistema capitalista. Así, el fin del ciclo colonial estuvo determinado por el colapso del comercio monopólico que desembocó en la emancipación de las colonias, principalmente las norte y sudamericanas, y los finales de los ciclos neocolonial e imperialista lo estuvieron por el ahogamiento del espacio vital (lebensraum), que desencadenó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las posteriores guerras de liberación nacional.
Tras la caída del muro de Berlín y de la URSS, las grandes corporaciones capitalistas se apresuraron a ocupar los espacios "liberados" globalizando la economía sobre la base de los avances científicos y tecnológicos acelerando de forma brutal el flujo de capitales financieros y su ingente concentración. El hecho es particularmente grave en la medida que estos capitales autogeneran sus propios beneficios casi de modo autónomo a la acción de la economía productiva creando una ficción económica en la que las catástrofes naturales, los accidentes -aéreos, nucleares, etc.-, los atentados terroristas, las guerras localizadas o hasta las declaraciones de un personaje público se convierten en detonadores de bruscos movimientos sísmicos en las bolsas del mundo y en terremotos que hacen temblar a determinados gobiernos.
La globalización, que ha supuesto que las grandes corporaciones transnacionales ocupen el planeta, salvo el espacio chino, donde persiste un fuerte aunque no invulnerable poder político, ha llevado a la economía mundial al punto de colapso del sistema e iniciado la fase feudalización tanto de los estados como de las sociedades que los conforman. Con este objetivo, las élites corporativas que han asumido el control del poder económico y de las fuerzas represivas a escala mundial (industrias alimenticias y armamentísticas y compañías militares de seguridad), vienen atacando desde la guerra del Yom Kippur al Estado y a la actividad pública con fuertes campañas de desprestigio al tiempo que corrompen o sustituyen a sus dirigentes por tecnócratas, que se ocupan de descapitalizarlo mediante la privatización de sus empresas estratégicas más rentables (energía, telecomunicaciones, bancos, transportes, etc.) y sus principales servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, etc.). Así, el Estado, aunque inerme e incapacitado para ejercer la defensa de los derechos y del bienestar de sus ciudadanos, asume como razón de ser la defensa de los intereses de las empresas «nacionales» y la correa de transmisión de los directrices del «mercado» o de los organismos financieros mundiales (FMI, BM, BCE).
La deuda pública se convierte en la espada de Damocles del Estado que pende y oscila cada día al ritmo de la llamada «prima de riesgo» y cuyo horizonte lo determinan el temido «rescate», el cual equivale a una lisa y llana privatización del Estado, la cual se realiza con frecuencia a través de los llamados «fondos buitres», que también suelen ser utilizados por los «inversionistas de fondos tristes» para corromper gobiernos, comprar países o dinamitar los mecanismos de ayuda de la ONU a los países pobres.
Tal como los antiguos reyes victoriosos consideraban los territorios conquistados como propiedad privada, las grandes corporaciones capitalistas también consideran los Estados sometidos al poder económico como  feudos propios y los convierten Estados-señoríos de cuyas estructuras político-administrativas se valen para mantener un cierto ordenamiento jurídico que legitime la ocupación y mantenga las marcas que distinguen los territorios entre los distintos grupos económico-financieros que se disputan el control absoluto del poder.
Del mismo modo que se mantiene el Estado como aparato gerencial de los intereses corporativos transnacionales también se mantiene la ficción el sistema democrático como primer valladar de control y represión de la ciudadanía, la cual se ve abocada a elegir periódicamente a sus representantes salidos de las listas de partidos políticos, cuya financiación procede en gran parte de bancos, grandes compañías y grupos que sitúan a sus vasallos en puestos clave de la administración pública y que luego de cumplir con el cometido que se les ha encomendado vuelven a la empresa privada como consejeros o asesores. Este orden de cosas viene a explicar el porqué los gobernantes y parlamentarios no actúan con mentalidad política sino con instinto empresarial legislando en favor del capital y en contra de los intereses ciudadanos, quienes pierden sus puestos de trabajo, sus viviendas, su asistencia sanitaria, etc. sin que los gobiernos hagan nada por ellos.
La feudalización capitalista no sólo afecta a las estructuras del Estado y a la soberanía de los pueblos, sino a la sociedad misma. El fundamento de toda democracia reside en considerar al ciudadano como acreedor de una serie de derechos fundamentales sin distinción de raza, religión, creencias políticas o sexo, e independientemente de su renta. Por este principio todos los ciudadanos son iguales ante la justicia o  son acreedores a tener una educación y una sanidad gratuitas, y un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, la feudalización capitalista al despojar al ciudadano de estos derechos en favor del rendimiento y el beneficio del capital, convierte al ciudadano en un siervo sin derechos, cuyo mayor o menor valor depende del dinero de que pueda disponer para consumir.
Los trabajadores y los comerciantes son igualmente atomizados en asalariados y autónomos los primeros, lo cual limita considerablemente la capacidad sindical de negociación colectiva, y favorece la precariedad laboral y la drástica disminución de sus salarios y demás formas de retribución de su trabajo, y en pequeños y medianos empresarios los segundos, a los cuales se ahoga progresivamente apartándolos del flujo de créditos en favor de las grandes compañías, y de este modo incorporados, como en la Edad Media a siervos y artesanos, a la masa de servidumbre sobre la cual se hace recaer todo el peso de los impuestos y ajustes diseñados por el capitalismo neofeudal. Un capitalismo que, de acuerdo con la doctrina neoliberal, necesita de la aniquilación de todo lo construido y conquistado por la sociedad para poder reiniciar un nuevo ciclo de expansión.
No obstante, este proceso de feudalización del mundo abre grandes brechas en el espacio público que, como en el medioevo con las bandas de ladrones o de mercenarios,  ahora son ocupados por grupos radicales nacionalistas, terroristas, religiosos o delincuentes que en algunos casos llegan a crear paraestados, cuyo objetivo no es disputar el poder político sino ocupar espacios de actuación dentro del mismo Estado. Tales son los casos de los cárteles colombianos y mexicanos, de Hezbollah en Líbano, de al-Qaeda, en Pakistán y Afganistán, o de la Camorra, en Italia.

lunes, 31 de diciembre de 2012

TECNOCRACIA Y POLÍTICA

 El anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de nacionalizar cuatro filiales de Iberdrola para asegurar el suministro eléctrico a las zonas rurales a precios accesibles para los usuarios, sirve para exponer la diferencia que existe entre una acción política y otra tecnocrática y lo que esto supone en relación a la idea que se tiene de la naturaleza y la función del Estado.

Algunos líderes latinoamericanos -Morales, Correa, Fernández de Kirschner, Chávez, Mujica, Rousseff- independientemente de sus posicionamientos ideológicos o de sus métodos de gobierno- tienen en común una misma idea sobre la función del Estado y del rol que éste debe cumplir como entidad superior protectora de los intereses, la seguridad y la felicidad de los ciudadanos. Todos ellos y sus partidos, a pesar de la fuerte presión neoliberal que sufrieron a partir de la década de los setenta del siglo XX y del desmantelamiento de las escasas infraestructuras industriales, siguen fieles a la tradición del ejercicio de la política como principal factor de gobierno. Incluso durante el crash de la economía argentina en 2001 provocada por la orientación económica del FMI y otros organismos financieros mundiales y los efectos de la corrupción en el estamento político, que llevó a la ciudadanía a pedir «que se vayan todos», no se dejó de hacer política y esa fue una de las razones por las que el país pudo salvarse de la quiebra.
A partir de la guerra de Yom Kippur y del golpe de Pinochet en Chile, en 1973, los centros de poder del capitalismo neoliberal desencadenaron en todo el planeta un soberbio ataque de desprestigio al Estado como gestor y administrador de la res publica, que se aceleró tras las caídas del muro de Berlín y del bloque soviético, en 1989 y 1991. El principal síntoma de este ataque fue la fiebre privatizadora que aligeró el patrimonio del Estado, al que incluso se privó de empresas estratégicas -de transportes y telecomunicación, energía, etc.-, al mismo tiempo que los puestos claves de partidos e instituciones eran progresivamente ocupados por tecnócratas, especialmente economistas, que actuaban bajo el paraguas de la política trasmitiendo a la ciudadanía un engañoso mensaje sobre sus verdaderos propósitos: convertir el Estado en gerente ejecutivo y legislativo de los intereses de las grandes corporaciones privadas y promover el desarrollo económico sin trabas ni perturbaciones políticas. De este modo, los Estados vaciados de sus patrimonios quedaron inermes frente a la acción depredadora de ese opaco poder que se ha dado en llamar «los mercados» y, consecuentemente, incapaz de defender el bienestar de la ciudadanía.
La decisión del presidente Evo Morales de expropiar cuatro filiales de Iberdrola -como en abril de 2012 de Cristina Kirschner de hacer lo propio con YPF, filial de Repsol- constituye una decisión política orientada a fortalecer el Estado y proteger al ciudadano de la acción depredadora de las empresas. El uso sinonímico de los términos «expropiar» y «nacionalizar» no hace sino enfatizar la naturaleza política de una acción de Gobierno que tiene como objeto el bienestar de la comunidad.
Una acción de esta naturaleza choca frontalmente con las medidas de los gobiernos tecnócratas, como el español, lanzado a una escandalosa actividad privatizadora de la educación y la sanidad, al mismo tiempo que sale al rescate con dinero público de bancos en quiebra que, una vez saneados reprivatizará para beneficio de algún grupo particular. Pero, aparte de esto, la situación de crisis social y económica -desempleo, deshaucios- derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, favorecida por una ley del suelo que dio pábulo a la especulación, y de las malas praxis de las entidades financieras no ha motivado ninguna medida del Gobierno dirigida a proteger a la ciudadanía, tal como es deber del Estado, sino que, por el contrario, ha destinado millones de euros ha rescatar a los grupos privados causantes de la crisis. Es evidente que el Gobierno de tecnócratas no sólo no tiene ningún control sobre la situación general en la medida que ha entregado la soberanía del Estado a los grupos de poder capitalista, sino que tampoco tiene entre sus planes llevar a cabo acciones políticas en favor de los ciudadanos. 
¿Qué hacer? es una pregunta que vuelve a cargarse de sentido y supone que la ciudadanía impulse un proceso de transformaciones radicales en las relaciones con sus representantes, a fin de minar su discurso tecnocrático y restaurar el orden político hoy usurpado por el orden económico.

martes, 18 de diciembre de 2012

LA LIBERTAD COMO SUBPRODUCTO

La noción de libertad, si bien ha sido expresada y utilizada de muy diversas maneras según los momentos históricos y los contextos políticos y culturales, se define fundamentalmente por la capacidad inmanente del ser humano para obrar de un modo u otro o de no obrar. Por esta vía la libertad alcanzó el carácter de derecho fundamental que, en la actualidad, los intereses particulares han reducido a mero subproducto del orden económico.

La libertad fue expresada por los pensadores griegos como una facultad natural del ser humano de acuerdo con la cual podía sustraerse al determinismo cósmico, sea entendido éste como el Destino o la Naturaleza, y también como un concepto social y político que permite a una comunidad humana «regirse sin interferencias de otras comunidades y en cuyo seno los individuos obran acordes con las leyes» (1)
Desde aquel momento histórico, la libertad ha sido objeto de reflexión tanto en el orden filosófico como social, político y religioso. Al margen de otras consideraciones, la libertad es hoy el campo de batalla donde dirimen su hegemonía las concepciones republicana y liberal de la misma y de cuyo resultado depende la felicidad o infelicidad de la mayoría social.
Para el liberalismo la libertad «es un derecho natural del individuo a quien no cabe poner interferencias a su voluntad» y, consecuentemente, las leyes deben ser hechas para favorecerla. Para la tradición republicana, la libertad se concibe «como no dominación de unos sobre otros» ya que «la libertad individual no existe en sí mismo sino como expresión de la libertad colectiva concebida como un todo». Esto significa que para el republicanismo la libertad no es un derecho natural, el cual supone reconocer y aceptar la ley de la selva, donde prevalece el más fuerte, sino que «emana de las instituciones políticas republicanas y de las leyes que garantizan la convivencia en armonía dentro de la comunidad», porque los «ciudadanos libres hacen las leyes y las leyes hacen la libertad». Dicho de otro modo, el individuo es libre en la medida que la comunidad a la que pertenece lo es.
El liberalismo, cuyo correlato emocional es el romanticismo, constituye el fundamento ideológico sobre el cual se ha desarrollado el capitalismo que ha hecho del individuo y no la sociedad el motor del progreso científico y tecnológico, paradigma que se consagra con la expresión «iniciativa privada» con alto valor positivo. Esto significa que, mientras para el republicanismo la libertad política se plantea en la espacialidad determinada por el desarrollo económico y cultural armónicos, que permite a los ciudadanos influir en las estructuras instituciones y orientar las políticas de sus gobiernos, para el liberalismo dicha espacialidad se traduce como mercado, dentro del cual los ciudadanos se convierten en consumidores. Esto viene a explicar los ataques del neoliberalismo al Estado y las estructuras políticas y económicas públicas sobre las que impone la «libertad de mercado» y sus leyes en detrimento de la libertad y felicidad de los ciudadanos en su conjunto. 
Llegados a esta encrucijada, en la que la libertad, como «no dominación de unos sobre otros», es una palabra muerta viviente, la felicidad futura de la ciudadanía depende de la toma de conciencia de los ciudadanos de este estado de cosas y de su voluntad de transformar radicalmente el vínculo con sus representantes -políticos, sindicales, gremiales- recuperando las riendas de la acción política. Sin ésta, la libertad seguirá siendo un subproducto y los ciudadanos esclavos/consumidores del orden económico capitalista.
(1) Diccionario político. Voces y locuciones, Antonio Tello (El Viejo Topo, 2012)