LOS PATRONES DE LA LENGUA

Varias comunidades autónomas, universidades y sindicatos han publicado unas guías o manuales con indicaciones de cómo hay que hablar para no ser sexista. La Real Academia Española ha reaccionado con un informe rechazando tales instrucciones por inviables, pues si se siguen «no se podría hablar».

La toma de conciencia de la injusticia social, dentro de la que cabe el concepto de discriminación, sea racial, sexual o de cualquier otra naturaleza, constituye uno de los elementos más positivos atribuibles al progreso de los sistemas democráticos de gobierno. Las lenguas no son ajenas a esa dinámica en tanto son vehículos de la cultura y la ideología de los hablantes. Es decir, según lo formuló Ferdinand de Saussure, que toda lengua es diacrónica y al mismo tiempo sincrónica. La diacronía es el sustrato histórico de la lengua, a sus cimientos, y la sincronía al habla, a la dinámica de su superficie y que se mueve y modifica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de los hablantes. Quienes ignoran estos conceptos tienden a confundirlos y a cometer torpezas y a pretender guiar el habla hacia entelequias absurdas generando una jerga estúpida y absurda, como la que ahora se promueve desde ciertos estamentos sociales e institucionales. Es ¿comprensible? que funcionarios o sindicalistas puedan caer en esta trampa ideológica porque son profanos en la materia y los mueve el deseo de alcanzar un ideal, pero sin duda es incomprensible que profesores universitarios allegados al campo lingüístico y filológico den cobertura intelectual al disparate de interpretar el genérico como una especie de capricho normativo «no democrático».

Es cierto que la lengua castellana tiene un elevado componente sexista, también violento, racista, homófobo, etc., pero su modificación no depende de buenas instrucciones normativas sino de la evolución ideológica de la sociedad, cuya habla irá asumiendo las nuevas condiciones de la relación entre los individuos [¿o he de decir aquí «y de las individuas» para no ser sexista?]. e incorporándolas al sustrato histórico de la lengua si tales condiciones se internalizan y consolidan en una nueva cultura. La «visibilidad de la mujer» en el lenguaje ni su emancipación social se verificarán, como tampoco se reducirá la violencia machista, porque se diga «personas becarias» en lugar de «becarios», «maestros y maestras» en lugar de «los maestros», etc., porque en la realidad tampoco el niño se siente menoscabado en su varonía al incluírselo en «la niñez» o el ciudadano varón por formar parte de «la ciudadanía», ni tampoco el «futbolista» pide que le llame «futbolisto».

Está claro que quienes impulsan estas absurdas campañas no se fundamentan en estos conceptos básicos de la lengua, sino en un buenismo simplista barnizado de progresismo que, paradójicamente nace en el principio conservador de la «corrección política». Una corrección vinculada al «pensamiento único» cuyo propósito es la creación de una realidad enajenada. La razón instrumental de la que hablaban los filósofos de la Escuela de Frankfurt aplicada por quienes controlan el poder a las ciencias sociales, los medios de comunicación y la publicidad les ha permitido fraguar un discurso alienante que, en su fase actual, ha hecho del eufemismo y la torpeza léxica su principal herramienta de trastorno semántico de las palabras y, consecuentemente, de la realidad e identidad de los individuos. Pretender cambiar la cultura y los hábitos sociales escribiendo manuales de habla es tan torpe y absurdo como querer empezar una casa por el tejado y no por sus fundamentos. 

TRAGEDIA EN BUENOS AIRES

Un convoy con casi dos mil pasajeros a bordo se estrella en Once, una de las grandes estaciones ferroviarias de Buenos Aires y deja más de cincuenta muertos y seiscientos heridos. Se trata de la mayor tragedia de trenes en los últimos treinta años en Argentina, pero el séptimo en el último año, con un saldo de veintitrés víctimas mortales y cerca de trescientos heridos en 2011. 

Ante la magnitud del accidente y de la serie que le precedió cabe preguntarse si es posible hablar de «accidentalidad» o de responsabilidad. Y en este caso, si la responsabilidad es sólo atribuible a la Administración o también a la ciudadanía que, como tal y a través del voto, consciente la corrupción y un estado de cosas que apenas oculta el brillo verde del dólar o de la soja.

La reiteración de los accidentes y el pésimo estado del  transporte público de Argentina, cuya red ferroviaria fue desmantelada en tiempos del presidente Menem, beneficiando así a la mafia sindical que controla el transporte por carretera, y gran parte de lo que quedó de ella, principalmente en el radio urbano de la megacapital argentina, fue privatizada, indica que algo de fondo está fallando en su gestión. 

La realidad indica que el beneficio económico y la desidia han acabado formando una mezcla altamente corrosiva que pone en peligro la vida de miles de personas mientras la responsabilidad de la clase política se escuda detrás de un discurso demagógico y unas políticas que tienden a mantener el statu quo social, donde prevalece la marginación susbsidiada y la apariencia de un progreso que sólo es la costra de una riqueza clandestina concentrada en pocas manos.

Desde este punto de vista ¿qué sentido tiene declarar dos días de luto? ¿devolverán estos dos días de duelo la vida a las víctimas? ¿serán suficientes las palabras y los lugares comunes para consolar a los deudos? Y lo que es más importante, este nuevo dolor que vive la sociedad argentina ¿moverá a quienes se saben responsables de la tragedia a asumir su responsabilidad? ¿a corregir sus errores? ¿a rescindir su contrato social y devolver a  eso que ellos llaman «pueblo» la representatividad que han contaminado con el caudillismo, sus ambiciones personales y partidistas? ¿y la sociedad argentina seguirá comportándose como una masa ofuscada por el mito sin apelar a la práctica de la civilidad que le daría a ella un mayor bienestar y justicia, y un mejor destino al país? 

PALABRAS ZOMBIES

El proceso de globalización desarrollado bajo el impulso del neoliberalismo no sólo ha trastocado las fronteras que definían el mapa internacional sino también el sentido de palabras y conceptos sobre los que se fundaba el orden social y moral de la modernidad. Si bien tales palabras y conceptos permanecen en el discurso político  ya constituyen cadáveres del lenguaje.

En el capítulo cuarenta y nueve de la Edda Menor se cuenta la historia de una cruenta batalla que no cesará hasta el «crepúsculo de los dioses», pues los guerreros que mueren al atardecer son los que combaten al día siguiente. Como esos guerreros muertos que siguen combatiendo cada día en una batalla interminable, muchas palabras se siguen utilizando aunque ya han perdido sus vidas. El sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro La invención de lo político las llama zombies, muertos vivientes según el sincretismo animista del vudú. 

Por un lado la globalización impulsada por el capitalismo neoliberal y por otro las políticas perversas de control  y represión social generadas durante la Guerra Fría e intensificadas tras los atentados del 11-S han sembrado de minas el campo semántico del lenguaje creando, con la inestimable colaboración de la clase política y de los medios de comunicación, una profunda inestabilidad y confusión en el sentido de las palabras. Desde  esta perspectiva, vocablos o conceptos como Estado, nación, soberanía, familia, empleo, tortura, etc., aparecen vaciados de contenido porque ya no dicen lo que se supone que dicen porque sus límites semánticos han sido relativizados y se han tornado difusos. 

El Estado, y concretamente el Estado-nación, ya no define el marco en el que determinada comunidad encuentra su identidad y, en consecuencia, la tradición, la historia, la cultura y los usos propios, sino un espacio menor subsumido por otro mayor que puede ser, institucionalmente, el Estado transnacional, pero sobre todo por el poder económico que ha reducido su jurisdicción política y vulnerado su soberanía en favor del mercado. Así, la palabra soberanía -nacional o popular- también ha sido vaciada de contenido porque los parlamentos nacionales ya no legislan a partir del mandato sus ciudadanos locales, sino a partir de un poder supranacional.

Tampoco la voz empleo tiene el mismo sentido que tenía, pues tenerlo ya no significa trabajar en un marco más o menos protegido, sino en otro condicionado por la inseguridad, la flexibilidad, la precariedad, etc., términos que alejan al trabajador cada día más de los beneficios logrados tras duras batallas sociales de la clase trabajadora. Así, la jornada de ocho horas, por ejemplo, ya sólo es un esqueleto conceptual superado por la realidad de las horas extras gratuitas, y no siempre requeridas, implementadas por el temor a perder el puesto de trabajo si no se hacen. ¿Y qué decir de la familia, concepto superado por la realidad y al que se quiere, en este caso, acotar a valores tradicionales conservadores? Igualmente la palabra tortura, acaso una de las voces conceptualmente más claras, se ha visto sometida a un ataque de relativización a su precisión, como se desprende de los manuales de la CIA y del discurso de la Administración estadounidense, haciéndola aparece como una voz indefinida equiparable a abuso, exceso, apremio, secuestrando así la imaginación del individuo, como diría Irene Lozano. 

Este desplazamiento del campo semántico de muchas palabras constituye acaso uno de los mayores dramas que vive la humanidad en el presente, porque siembra la confusión y el ruido,  y clausura el entendimiento y dificulta la convivencia entre los seres humanos.

DEL [MAL] USO DEL DERECHO A LA LIBERTAD

Mentiroso. Aquí el que manda es el banco

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las nociones de la dignidad humana y de la libertad de los individuos se han extendido en el imaginario de los pueblos creando el marco ideológico propicio para su respeto. Sin embargo, paralelamente, la instrumentalización interesada de algunos de esos derechos ha propiciado un vaciamiento significativo de tales nociones y una consecuente degradación de la vida social.

Una de las cuestiones fundamentales que se plantean está en el uso defectuoso que se hace del derecho a la libertad -de opinión, de expresión, de mercado, por ejemplo- con el propósito de servir a intereses espurios vinculados al poder, principalmente económico. Reflejos de esta utilización perversa del derecho a la libertad en cualquiera de sus manifestaciones se observan en los medios de comunicación, agencias de publicidad, partidos políticos, centros de poder económico, etc., pero también en los ciudadanos que se inhiben de toda participación en los asuntos públicos. 

El origen de esta deriva que parece conducir a los pueblos hacia su propia destrucción está en la progresiva hegemonía del concepto liberal del derecho a la libertad, según el cual éste es natural y por tanto anterior al individuo, sobre el concepto republicano del mismo, que interpreta que el derecho nace de las leyes. Si se interpreta que la libertad es un derecho natural del individuo nada debe oponerse a él y, consecuentemente, es legítimo que haga lo que quiera hasta que tope con otro que, en libre competencia, se lo impida hacerlo. Este principio natural, para el que no valen las leyes, es el que inspira el liberalismo que aboga por la desaparición del Estado y con él el tácito contrato social por el que la ciudadanía le confiere la soberanía, es decir, su legitimidad. Este principio natural inspira también a los medios de comunicación, agencias y ciudadanos que hacen uso de la libertad de expresión o de opinión convencidos de que este derecho los autoriza a decir lo que quieran.

Una de las creaciones de la civilización humana ha sido el Estado como un constructo que -independientemente de sus degeneraciones- tiene la función de proteger y velar por la seguridad, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. La libertad de expresión está delimitada por las leyes que emanan de las instituciones de este Estado, pero aun así exige, sobre todo a aquellos que, por su posición social, su cargo o su oficio, gozan de cierta relevancia, una conducta ética y responsable como para saber que opinión no equivale a verdad absoluta que debe ser impuesta a golpe de grito y que, si no está lo suficientemente preparado para debatir determinados asuntos, ha de abstenerse de hacerlo en un medio de comunicación u otro medio público capaz de influir. No es lo mismo que un ciudadano opine entre amigos a que lo haga un funcionario, un intelectual o cualquiera que esté investido de cierta autoridad y dotado de influencia.

La libertad de mercado también está delimitada por las leyes -o debería estarlo- porque en la medida que el ámbito del juego político cede poder al económico y los tecnócratas, ejecutivos, directivos de marketing, etc., sustituyen a la clase política, el debate sobre el interés del bien común desaparece en favor del interés económico monopolizado por unos pocos, y en esta situación el ciudadano es excluido de la batalla política, en cuyo campo puede hacer una clase política anoréxica y vulnerable a la corrupción.
El hecho de que las agencias de valores hagan temblar a los Estados aparece como algo difícil de comprender para los ciudadanos, quienes contemplan atónitos cómo la soberanía de los mismos ha sido secuestrada y el poder económico -representado por los bancos, entidades financieras y compañías multinacionales- se regodean ante su inminente triunfo. Un triunfo inevitable a menos que los trabajadores -desde obreros hasta policías- pierdan su miedo a la libertad y actúen cambiando por dentro los partidos políticos, refundando sus sindicatos aburguesados y ocupando las fábricas, supermercados, hospitales y otros centros de trabajo para cortar la sangría de la que son víctimas.

LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL «NUEVO MUNDO»

Los conceptos de propiedad intelectual y de derechos de autor vienen siendo cuestionados con el pretexto de la libertad de acceso y disposición de los contenidos que, supuestamente, concede Internet. Para muchos internautas la red no es un mero soporte tecnológico sino el principal «paradigma» de un idílico «nuevo mundo», que representa la panacea de la gratuidad y la felicidad futuras.

La vertiginosa irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha suscitado no pocos trastornos adaptativos y de percepción de la realidad en la sociedad. Esto ha dado lugar a que muchos consideren, por ejemplo, a internet como la panacea del conocimiento porque a través de la red puede consultar la localización de un país del que unos segundos antes no tenían noticias de su existencia o acceder a la información básica de cualquier disciplina científica o género artístico con solo pulsar un botón de su ordenador. La simplicidad de este gesto les ha hecho pensar por un lado de que "ya saben" la materia y por otro a confundir la "facilidad de acceso a la red" con "libertad concedida por la red". De esta confusión surge la exigencia al derecho a la gratuidad de todos los contenidos. 

Pero estos internautas ignoran [en realidad todo se reduce a la ignorancia] de que el soporte de papel ya brinda esa gratuidad para los contenidos que, según los plazos establecidos por la ley, se consideran de "dominio público". Ignoran de que el cambio de soporte no significa cambio de sistema económico y que hasta el día de hoy el sistema que rige todo el planeta es el capitalista. Por lo tanto, no puede ignorarse, que los bienes artísticos y culturales también son susceptibles de la compra-venta, pues los creadores son propietarios intelectuales de sus obras y, por tanto, acreedores de los derechos de autor que ellas generan. Y esto será así hasta que el capitalismo no sea abolido y sustituido por un sistema que aún permanece en la utopía.

Lo que algunos llaman ingenuamente «nuevo mundo» regido por también nuevos paradigmas probablemente estén hablando de lo que algunos sociólogos -Peter Drucker, Daniel Bell, Alvin Toffler, André Gortz, etc.- llaman «sociedad del conocimiento». Esta sociedad, que sería una fase de la sociedad posindustrial, estaría caracterizada por el predominio del trabajo intelectual sobre el manual. En el marco de esta sociedad «el conocimiento es lo que se conoce objetivamente, una propiedad intelectual, ligado a un nombre o a un grupo de nombres y certificado por el copyright o por alguna otra forma de reconocimiento social (por ejemplo, la publicación). Ese conocimiento tiene su precio; en el tiempo empleado en escribir e investigar; en la compensación monetaria por los medios de comunicación y de educación [...] El conocimiento forma parte de las altas inversiones sociales», apunta Bell en Las contradicciones culturales del capitalismo (Alianza Universidad, 1977). Esto significa que el amor al arte es un subterfugio utilizado por el poder y difundido por los románticos para chantajear y explotar a los creadores que viven de sus creaciones y de sus conocimientos.

El proceso hacia esa «sociedad del conocimiento», en el que juegan un papel importante los avances científico-tecnológicos, también lleva aparejadas profundas transformaciones sociales, entre las cuales ya es perceptible el mayor peso del conocimiento -científico, tecnológico, humanístico- sobre la habilidad manual como valor de cambio para la nueva clase trabajadora. De modo que al hablar de propiedad intelectual en este caso es hablar del servicio que el trabajador ofrece, y hablar de derecho de autor es hablar de salario adecuado a la naturaleza abstracta de un servicio convertible en un aparato, un medicamento, un libro, etc.

Ahora bien. Cabe preguntarse el por qué de la campaña orientada al menoscabo de la propiedad intelectual y la desaparición de la figura del autor. Marcuse en El hombre unidemensional (Ariel, nueva edición 2010) se pregunta -pensando en el carácter perverso del sistema- si la amenaza de una catástrofe nuclear capaz de aniquilar la raza humana no sirve también «para proteger a las mismas fuerzas que perpetúan este peligro». Según él, el sistema induce a la población a una «Conciencia Feliz», que es «la creencia de que lo real es racional y que el sistema entrega los bienes». Si seguimos esta línea de pensamiento, vemos cómo desde los medios de comunicación y los centros de poder opacos se incentiva a esa nueva fuerza fáctica del «nuevo mundo» que son los internautas a reclamar la gratuidad de los contenidos en detrimento y proletarización de los trabajadores intelectuales, pero al mismo tiempo las grandes corporaciones tecnológicas de la información y contenidos, van tomando posiciones y apropiándose masivamente de los derechos de autor y de las obras, incluidas los de dominio público, para gestionarlos en exclusividad en el futuro.¿Es esto lo que quieren los piratas y los defensores del copyleft? ¿Es esto lo que quieren los profetas del «nuevo mundo» y sus paradigmas? ¿Cuánto tiempo tardarán dichas corporaciones en imponer su dictadura, cobrar el peaje a todos los accesos e imponer contenidos que sólo respondan a sus patrones ideológicos? 

LA REVOLUCIÓN ES POSIBLE

Mientras los poderes fácticos del capitalismo parecen haber tomado el control de la economía mundial y estén situando a sus representantes en los puestos de gobierno y bancos nacionales, la población asiste azorada e impávida al derrumbe del Estado como institución en la que los pueblos habían depositado su soberanía.

La tradición jurídico-política que empieza con el pensamiento humanista del Renacimiento perfiló el Estado como entidad capaz de articular la sociedad y permitir que los individuos -«el hombre es un lobo para el hombre», escribió Hobbes- viviesen en armonía. La evolución de esta idea se enmarca en la historia moderna de Occidente que, dejando atrás el mundo mítico medieval y su correlato social y político, el feudalismo, instaura bajo el patrocinio de la razón la autonomía y soberanía del individuo y, consecuentemente, al pueblo como fuente del poder político. Un poder político que, mediante un contrato social, es ejercido por unos representantes en el marco institucional del Estado. 

Sin embargo, el liberalismo, que inicialmente propició el desarrollo del sistema democrático, utilizó los principios humanísticos básicos de la Ilustración proclamados por la Revolución francesa -libertad, igualdad, fraternidad- para impulsar un tipo de civilización sustentada exclusivamente en el orden económico. La idea de libertad del liberalismo no la determinan las leyes que ordenan y armonizan las conductas individuales en el contexto social, como postula la tradición republicana, sino los mismos individuos, lo que supone legitimar la ley del más fuerte y sus intereses particulares. 

Es sobre esta línea del pensamiento liberal que, tras la caída del bloque soviético y, desaparecida la amenaza del comunismo, el neoliberalismo se revolvió contra las versiones más humanísticas del liberalismo, como el keynesianismo, y emprendió un furibundo ataque a la noción de Estado, al que presenta como «obstáculo  para la libertad», convirtiéndolo con este pretexto en mero gestor de sus intereses. Como resultado de ello, la política, entendida como el conjunto de acciones y conductas destinadas a proteger a los ciudadanos y cuidar de su bienestar procurándoles la paz y la felicidad, ha cedido al poder de lo económico y dado lugar a la emergencia del mercado como sustituto del Estado.

Esto explica la impotencia de los gobiernos para neutralizar los «ataques de los mercados» a las economías nacionales. La clase política no sólo carece de recursos y de poder para cumplir con los términos del contrato social, sino que gran parte de ella ha sido infiltrada por los burócratas del poder económico-financiero que gobierna de facto el mundo. La soberanía popular, verdadero sustento de la democracia, y la soberanía nacional, extensión particularizada de aquélla, han sido sobrepasadas por las élites de la violencia  y las fuerzas  de un capitalismo salvaje que controlan casi todas las instancias del poder político.

Desde este punto de vista cabe preguntarse si de verdad es esto una crisis sistémica o si es la última fase de un proceso que conduce a la toma del poder absoluto, para instaurar un régimen totalitario, cuyos dirigentes  parecen invitar a la guerra, como lo hicieron sus antecesores en las Primera y Segunda guerras mundiales.

Entonces ¿qué hacer? Seguramente muchos mirarán el movimiento de indignados y buscarán en él alguna respuesta. Pero no encontrarán nada, salvo un malgasto de energías y voluntades que no tienen consecuencias prácticas [¿qué incidencia han tenido en las últimas elecciones españolas?, por ejemplo], por la sencilla razón de que esa legítima indignación que los mueve también está condicionada y sometida por la idea de que, finalmente, toda lucha es inútil y que no hay salida. Por esto, para hacer, para recuperar la autoestima ciudadana y la soberanía popular, es necesario volver a creer en la política y que ésta, la política, vuelva a prevalecer sobre la economía; empezar por democratizar los partidos políticos trabajando desde dentro de ellos; procurar transformar nuestro entorno inmediato y, sobre todo, autoconvencerse de que las revoluciones son posibles.

EL CABALLO DE TROYA

El capitalismo es el caballo de Troya, el presente griego, que el liberalismo dejó en un territorio agotado por las  guerras y el esclavismo, cuyo propósito, con la equívoca utilización de la bandera de la libertad, era crear un perverso sistema de dominio.

Las ideas republicanas, cuyos orígenes hay que buscarlas en la antigua Grecia, impulsan el desarrollo de la democracia sobre dos pilares fundamentales: la soberanía popular y la libertad. La primera permite concebir un sistema de gobierno basado en la virtudes cívicas de los ciudadanos y el imperio de la ley como mecanismo defensivo frente al imperio de los hombres. La segunda, en el marco del imperio de la ley, surge de modo natural como principio de no dominación de los hombres por otros hombres. La libertad individual no existe por sí misma sino como expresión de la libertad colectiva que emana de las instituciones.

Sin embargo, el liberalismo, que se desarrolla como sostén ideológico del capitalismo, define a la libertad como un derecho natural del individuo a cuya voluntad no puede oponérsele impedimentos y, por lo tanto,  ha de tener patente de corso para hacer lo que quiera. Esta concepción de la libertad individual en detrimento de la libertad colectiva es la que acaba imponiéndose arrastrada por las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. La Constitución de EE.UU. y la Revolución francesa consagran la soberanía popular como fuente de todo poder político, pero también la libertad individual como bandera del progreso y el bienestar de todos en el falso supuesto de que todos tienen igualdad de oportunidades. «Libertad, igualdad y fraternidad» es el lema de los revolucionarios franceses.  

De este modo tan sutil como perverso el liberalismo introdujo en el imaginario popular la idea de que todos los individuos son libres e iguales ante la ley, cuando en realidad habían abierto la puerta al dominio de una oligarquía burguesa, cuya capacidad de poder se demostraría históricamente muy superior a las oligarquías aristocráticas que, en Occidente, alcanzaron su máxima expresión en las monarquías absolutas. El soberbio poder de esta oligarquía se fundamentó desde el principio en el control acumulativo de los bienes de producción, el cual trajo consigo su hegemonía económica y cultural, y, finalmente, la reducción del concepto de libertad al de libertad de comercio y flujo de capitales en detrimento de las demás libertades civiles y de los derechos humanos. 

Una vez introducido su caballo de Troya en el sistema democrático, esta oligarquía, que hoy podemos identificar con bancos y compañías multinacionales, fue vaciando de contenido las instituciones democráticas, debilitando el papel regulador del Estado, deslegitimando a la clase política al convertirla en marioneta de sus intereses y con ello reduciendo la soberanía popular a una mera ilusión, y, lo más grave, adormeciendo, mediante el consumo y la vacuidad del discurso, el impulso contestatario de los pueblos. 

El resultado de este proceso natural del sistema capitalista es la alienación social, la frustración y la carencia de ilusiones en el futuro, mientras una minoría sostenida por especialistas de la violencia [la producción de la industria militar es superior a la alimenticia] goza de un dominio global y muy pocos creen que las cosas puedan cambiar. Mientras por el camino se desintegraban los principios de igualdad y fraternidad y el de libertad era canibalizado por el mercado, los gurús del posmodernismo sentenciaban el fin de las ideologías, de las utopías y el fracaso del comunismo, pero nada han dicho ni dicen de la degeneración y fracaso de la democracia Llegado a este punto ¿qué hacer? aparece como una pregunta que vuelve a cargarse de sentido para que los pueblos den una respuesta a las agresiones del poder.

[La doctrina del shock, de Naomi Klein, es reveladora de los mecanismos utilizados por el neoliberalismo para alcanzar sus propósitos de dominio mundial]

EL NOMBRE DEL MERCADO

Desde la década de 1980, el concepto de mercado ha ido ganando la boca de todos alentado por los sacerdotes del neoliberalismo, los ya olvidados yuppies, los intelectuales posmodernistas, los políticos y los medios de comunicación. Ahora se impone a los gobiernos, a los estados y a los ciudadanos como una fuerza avasalladora e irresistible. Pero ¿qué o quién es el mercado? ¿Cuál es su verdadero nombre?

Paralelamente a los cambios sociales y políticos provocados por la Revolución Industrial y la Revolución francesa la idea de libertad fue desligándose de las ideas de igualdad y fraternidad en la medida que se vinculaba más y más a la actividad mercantil. La libertad, tal como se apunta ya en la Constitución estadounidense, aparece en el ideario liberal como un elemento indisociable del libre comercio y del sistema democrático. Nadie parecía reconocer, sin embargo, que éste era el huevo del capitalismo del que nacieron el neocolonialismo y el imperialismo, cuya dinámica expansionista provocó dos grandes guerras mundiales y una crisis del sistema que estalló en 1929. La ley, mejor que leyes, de los mercados había colapsado el sistema y el mundo capitalista se vio obligado a entrar en guerra para solucionarlo. Tal como ahora se están dando las llamadas guerras de baja intensidad en la que, en medio de una gran confusión, aparece el terrorismo como fantasmal enemigo. Pero ¿qué ley es esa de los mercados a la que economistas y profanos apelan con obsecuente temor?  ¿Qué terrible entidad es el mercado que a su sola mención tiemblan los estados y los superestados?
Aunque la idea no era nueva, en 1803, la famosa «ley de los mercados» fue formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say. Según la «ley Say», como también la conocen algunos, toda oferta genera su demanda. De acuerdo con este principio es imposible una situación de superproducción y, consecuentemente, de desempleo, con lo cual el equilibrio económico está siempre garantizado. Pero para que esta condición se cumpla es necesario la total libertad de acción de los actores productivos privados y una injerencia del Estado limitada a crear mediante leyes un campo propicio para el imperio del mercado, pues éste se encarga de regular naturalmente los precios, el valor de las monedas, los salarios y el flujo de los productos en un ámbito geográfico que trasciende las fronteras nacionales (mercado). Es decir que el mercado se convierte en una entidad supranacional enquistada en el sistema democrático, cuyos mecanismos se encargan de regular las relaciones de los ciudadanos y preservar la paz.
Sin embargo, la quiebra del sistema capitalista gobernado bajo esta ley en 1929 puso de manifiesto que esta ley de mercados carecía de rigor científico, pues no consideraba otros factores, entre ellos la desigualdad de fuerzas entre los actores productivos -trabajadores y propietarios de los medios de producción, por ejemplo- y las tendencias naturales de los capitalistas a concentrar el capital para fortalecer el sistema y el control de los medios de producción. El liberal John M. Keynes percibió este error y desarrolló una doctrina en la que asignó al Estado, como entidad depositaria de la soberanía popular, el papel de regulador de las fuerzas económicas para garantizar el bienestar de los ciudadanos. EE.UU., durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, puso en práctica esta doctrina que se mostró eficaz no sólo para sacar al país de la gran depresión, sino también para mantener un crecimiento sostenido de su economía. 

La doctrina keynesiana fue asímismo fundamento del Estado de bienestar, el cual sirvió además, tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, como soberbio elemento propagandístico frente al bloque comunista hasta que éste empezó a dar señales de vulnerabilidad. Entonces, volvieron la viejas teorías liberales y en la Universidad de Chicago, alrededor de liberales fundamentalistas, como Milton Friedman seguidor del austríaco Friedrich Hayek, reformularon la torpe y dañina ley de Say con el llamado neoliberalismo para elevar a los altares al mercado como divinidad central del nuevo orden internacional. 

El golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, en 1973, precedido de un «golpe de mercado», supuso el primer paso para imponer una corriente de pensamiento económico único, que tuvo sus correlatos en todos los campos de la actividad humana. Hacia 1980, con Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, el desmantelamiento neoliberal del Estado de bienestar -llamado  despectivamente Estado niñera por la Thatcher- empezó a ser un hecho y, lo que es tanto o más grave, la ideología neoliberal a contaminar y «seducir» a las clases dirigentes e intelectuales de todo el mundo desarrollado. Ningún gobierno ni partido político opuso resistencia al socavamiento del Estado. Los conservadores porque de ese modo defendían mejor sus intereses particulares, y los progresistas de izquierda porque habían perdido toda referencia ideológica. La ola de privatizaciones dejó a su paso estados anoréxicos que apenas si podían resistir la opulencia de los mercados, el libre fluir de los capitales, la multiplicación de los paraísos fiscales, y el creciente poder de los especuladores y de las corporaciones multinacionales.

En este contexto, la concentración capitalista comenzó a hacerse insoportable para el bienestar de la población, en la medida que ingentes capitales se sacaban del circuito productivo para entrar en el financiero y especulativo, que permitía un mayor control de los flujos económicos y una poderosa arma de control político de los estados. Es en esta coyuntura que estalla nuevamente la crisis sistémica, pero a diferencia de 1929, los principales estados no tienen ahora la fuerza política ni sus gobernantes la conciencia suficiente para neutralizar a los nuevos poderes fácticos que controlan la política mundial y, a golpe de bolsa, ponen en jaque a los gobiernos del mundo en nombre del mercado.

Ahora mismo, un gobierno de derechas seguirá nadando en favor de esa corriente y uno de izquierdas procurará salvar lo que se pueda del Estado de bienestar, pero ni uno ni otro tendrá oportunidad inmediata de cambiar la dinámica del sistema. Sólo la ciudadanía, mediante una acción organizada a través de los distintos sectores de actividad -médicos, maestros y profesores, alumnos, abogados, albañiles, escritores,  administrativos, etc.- pueden ir creando condiciones favorables a un cambio de tendencia en las mentalidades de la población. Un cambio que sea capaz de generar nuevas formas de relación y producción en las que los factores humanos prevalezcan sobre los estrictamente económicos, llámense éstos rentabilidad, audiencia, público lector, etc. Fórmulas en las que la acción política se emancipe de la dominación económica, pues la libertad y el bienestar de las personas siempre ha de estar por encima de la libertad «de los mercados» y de la oligarquía que los controla.

ZOMBIS Y TECNÓCRATAS

La campaña electoral pone de manifiesto la carencia total de argumentos, ideas y propuestas serias a través del discurso de una clase política que parece haber asimilado la derrota del Estado y estar resignada a rendir y entregar al ciudadano, con los escasos bagajes que le quedan, al triunfante y todopoderoso mercado.

El debate a dos que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre pareció confirmar que esta clase política española, tanto como toda la clase política occidental, da por hecho que al fracaso del sistema comunista le ha seguido el colapso y fracaso del sistema democrático.
Con la complicidad de los medios de comunicación que, de manera vergonzosa, se ocuparon más de la corbata y de los gestos de los candidatos que de lo que decían y no decían y denunciar el sinsentido llevado a espectáculo de masas, los representantes de los dos partidos mayoritarios se abroquelaron en su impotencia. Uno sin decir nada y el otro a exponer, tan tímidamente para que el poder económico-financiero no le diera un varapalo, la necesidad de que el Estado debía recuperar, tal como lo expuso Keynes, las riendas de la economía y liderar la reactivación de la productividad, el consumo y el empleo.
Ni tales contendientes, ni los otros que están en liza, parecen reaccionar al tratamiento de shock que han sufrido y los ha convertido en zombis neoliberales que confunden las leyes de la vida con las leyes del mercado. Incluso ignoran que estas leyes son en realidad una y que la formuló Jean-Baptiste Say en ¡1803! cuando el capitalismo estaba en pañales y que dice algo tan estúpidamente elemental como que "no hay demanda sin oferta" y que si hay oferta, habrá demanda y si hay demanda habrá empleo y si hay empleo habrá consumo". Pero claro, para que esta ley funcione tiene que haber libertad de mercado. Exactamente lo que dijo el jefe del Partido Popular  -aunque la oratoria no es lo suyo- cuando aludió a su plan de choque para recuperar empleo, sin decir que la mentada libertad de mercado exige privatizar sanidad, transportes, educación, energía, etc. Algo que contradice flagrantemente su reivindicación de la "soberanía popular frente al mercado y los tecnócratas" -como titula el diario ABC-, y su afirmación de que ha llegado "la hora de los buenos gobernantes", justo en el momento cuando en Grecia e Italia asumen el gobierno tecnócratas que el pueblo ni siquiera ha elegido y cuyo historial los sitúa en el epicentro del poder que sacude los cimientos de la misma civilización occidental.
La ceremonia de la confusión se celebra a través de un discurso contradictorio sostenido por palabras carentes de sentido y de la fuerza que les da la coherencia ética. Lo que necesita España -y con ella todo el mundo globalizado- no es un "gobierno como dios manda", es decir el mercado, sino como manda el contrato social y el compromiso de los representantes con la ciudadanía de velar por el bienestar y la felicidad de la comunidad y no por la libertad neoliberal del mercado, porque ésta significa la libertad de unos pocos y la esclavitud de todos los demás.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL PERDÓN

Las brutales transgresiones contra la vida, la dignidad y la condición humanas hacen a las víctimas acreedoras de la comprensión y la solidaridad social, pero no les conceden autoridad política para administrar la justicia. Los casos de la Alemania nazi, Sudáfrica, Argentina o de la España franquista o, recientemente, Euskadi pueden ejemplificar distintas vías  de enjuiciamiento y condena para crímenes terroristas y de lesa humanidad, pero en todos los casos es la disposición de las víctimas a conceder el perdón, no la solicitud de los victimarios, la que puede sellar la conciliación social.

El perdón es un acto moral que trae consecuencias morales y fácticas para aquéllos a quienes   implica y que no siempre se resuelven en la conciliación que se pretende. Esta dificultad de conciliación se potencia cuando pasa del ámbito individual y doméstico al social y político, y cuando la violencia, sobre todo cuando supera los límites de lo humanamente tolerable, abre una herida profunda en el alma de la comunidad ofendida. 

Tras un proceso de desgarramiento interior y cuando el dolor se hace insoportable, el perdón surge de las víctimas como un deseo íntimo y balsámico de cauterizar la herida espiritual y al mismo tiempo de  impedir su identificación moral con los victimarios. Para las almas de las víctimas que rechazan enajenarse en el dolor y mancillarse con el odio y la violencia que éste provoca, el perdón no se presenta como una renuncia a la reparación del daño cometido ni como coartada para la impunidad, ni como una forma de exoneración de la responsabilidad civil de los victimarios, como tampoco exime a éstos de dicha responsabilidad ni de la culpa el mero hecho de pedirlo. Pero, al consumarse verbalmente, el perdón concede a las  víctimas la legitimidad política que el dolor no les otorga para actuar junto al poder político en favor de la conciliación social. De modo que el perdón, acción moral particular que deviene colectiva tras su expresión verbal, constituye una fuerza ética que deja a los victimarios ante la disyuntiva moral de asumir o no su culpa y, al mismo tiempo, librados a la acción de la justicia impartida por el poder político del Estado de derecho.