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EL ORDEN DE LA IMPUNIDAD


La vulnerabilidad del Estado se pone de manifiesto cuando sus gobiernos ceden a la presión de las fuerzas constrictoras de la política y la legitimidad de las instituciones queda en entredicho. En estas condiciones tales gobiernos renuncian a la prestación de los servicios públicos y la protección de los ciudadanos, quienes deben asumir individual y colectivamente el esfuerzo de mantenerlos.

La reciente ley de amnistía fiscal aprobada por el gobierno español y que legitima el fraude y a los defraudadores es fruto no sólo de la orientación ideológica del partido que lo ocupa, sino de la pérdida de sentido que sufre la clase política acerca de la  razón de existir del Estado.
Desde la primera crisis energética que se produjo a principios de la década de los setenta del siglo XX, el capitalismo aceleró por la vía del pensamiento neoliberal la ocupación del campo político y, a través de una soberbia campaña atacó permanente y sostenidamente el Estado y la acción política. A partir de entonces se sucedieron los golpes de Estado y los de mercado, se incrementó la represión, se instituyeron sangrientas dictaduras, se provocaron guerras localizadas o de baja intensidad, y se orquestó el desprestigio del Estado como gestor del patrimonio público y la consecuente alienación de la clase política, que quedó anulada y desprestigiada ante la indiferencia ciudadana.
Pero para entonces, el desprestigio de la clase política importaba poco a quienes detentan el poder económico porque ya habían ocupado el espacio político y apartado a los ciudadanos del debate de los asuntos políticos, los cuales quedaron supeditados a la acción del gran capital, que se divinizó a través de esa oscura y maligna abstracción que es «el mercado». 
A la violencia represiva, coercitiva o coactiva, se sumó la corrupción que acabó por inficionar el sistema democrático y devaluar las instituciones del Estado hasta el punto de promover leyes que, como la de liberación del suelo o la de amnistía fiscal, favorecían y favorecen los intereses privados en detrimento de los comunitarios presentándolos como factores de progreso. En el vacío dejado por la ausencia de valores éticos y la falacia del fin de la historia, la gran liturgia de la confusión celebra el orden de la impunidad que premia a los delincuentes con la libertad o la ocupación de altos cargos públicos, el blanqueo de grandes sumas de dinero mal habidas -especulación, agio, tráfico de drogas e influencias, etc., entre otras actividades criminales- o la nacionalización de grandes empresas o bancos que, una vez saneados, serán nuevamente privatizados.
Por estos y otros factores, no es cierto que se vaya al desastre si no se siguen las políticas del poder orientadas a desmantelar lo que resta del Estado y despojar a los ciudadanos hasta de sus viviendas. No es cierto que se vaya al desastre si los ciudadanos reaccionan y sanean la clase dirigente, recuperan el protagonismo de la acción política sobre la económica y restauran la legitimidad y la fortaleza del Estado democrático para bien y felicidad de la comunidad. Los ciudadanos han de asumir la parte alícuota de responsabilidad, adoptar conducta más ajustada a los valores éticos y presionar para el cambio en cada ámbito de actuación.

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