La crisis económica, originada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la incontinencia crediticia de los grandes bancos y la especulación con el precio del petróleo tras la invasión de Iraq, ha colapsado la industria editorial española y latinoamericana.
La situación afecta gravemente a todo el sector, cuyo retraimiento ha generado un alto porcentaje de desempleo en todas las parcelas de la actividad y muy especialmente en las que corresponden a los autores, redactores y traductores profesionales.
Las editoriales en general, para hacer frente a sus dificultades económico-financieras, han recortado drásticamente su producción anual de libros, tanto en el número de títulos como en las cantidades de sus tiradas. La medida parece lógica y razonable ante el retraimiento del consumo. Sin embargo, esta medida se complementa con otras de carácter abusivo y nada profesional que ahondan el desamparo laboral de los autores y traductores, ya ostensiblemente castigados por la falta de encargos.
Grupos editoriales importantes mantienen su actividad bajo mínimos editando obras, por cuyos refritos de otras obras originales pagan sumas ínfimas a sus menguados equipos o a packagers poco escrupulosos subcontratados para este fin. Esta práctica, a la vez que supone imponer abusivamente una política de precios a la baja, conculca mediante el plagio los derechos de sus autores o traductores originales.
El deterioro de las prácticas editoriales ha llegado a límites extremos afectando de un modo dramático las economías domésticas de los autores y traductores. Entre las prácticas abusivas más comunes a las que unos y otros se enfrentan son la ausencia contratos o, en caso de haberlos, la imposición de cláusulas draconianas y lesivas para los derechos y retribuciones; recortes unilaterales de las tarifas de redacción o traducción o de los porcentajes de cantidades a cuenta de derechos de autor; prórrogas a noventa y hasta ciento veinte días de los pagos a partir de la fecha de entrega de los textos y traducciones sin el reconocimiento de los intereses generados por esa mora; exigencias de cesión total de los derechos de autor, incluso de obras anteriores a la que es objeto del contrato actual; silenciamiento de la cesión de obras a terceros; impagos de los derechos generados por las traducciones de obras a otros idiomas; omisión del nombre del autor o del traductor en las obras; registro de la obra a nombre de un abstracto «equipo editorial» en el ISBN, lo que supone, además de los daños morales, apropiarse indebidamente de los derechos generados por copias reprográficas liquidados por CEDRO; ocultamiento de las tiradas, etc.
Como si la crisis económica que afecta a todos los sectores productivos no fuese suficiente, las malas prácticas de no pocos editores han puesto a miles de autores y traductores, a los cuales habría que añadir diseñadores, ilustradores, correctores y demás trabajadores editoriales, en una situación más grave aún de la que de por sí crean las circunstancias generales de crisis económica. En este sentido, no hay que olvidar que tanto autores como traductores son trabajadores autónomos, condición que en la realidad oculta una relación laboral de dependencia que hace que el trabajador soporte todas las cargas sociales, aún en los períodos en que no trabaja, y los gastos y costos de producción que se supone deberían ir a cargo de las empresas editoriales contratantes. Es tal el desamparo que viven los autores y traductores que todo parece indicar que sólo una reacción colectiva y conjunta puede aliviar su situación.
