domingo, 20 de mayo de 2012

¡PATRIOTAS!

La tendencia a la creación de grandes bloques económico-políticos a partir de la segunda mitad del siglo XX y el proceso de globalización despertaron los sentimientos nacionalistas y con ellos el de patriotismo provocando una gran tensión en el seno de las sociedades, incluso de las más desarrolladas. Uno de los efectos del devastador colapso del capitalismo neoliberal es el de haber desnudado y dejado sin discurso a los patriotas.

Patria significaba originariamente «tierra donde yacen nuestros padres». Este concepto de fuerte carga emocional fue consagrado por la cultura romana, pero en Occidente, perdió vigencia durante la Edad Media  en el contexto del sistema feudal. Con el Renacimiento y el desarrollo de las monarquías absolutas y más tarde, tras la Revolución francesa, con la configuración del Estado nación el romanticismo burgués-liberal lo cargó de una emotividad vinculada a los sentimientos más primarios de los individuos. De aquí la exaltación de los héroes y los símbolos propios y de la identificación de la nación como un territorio sagrado. 
En este marco, la tradición republicana consideró que la soberanía nacional es un acto de poder que emana del pueblo [de aquí el principio que sustenta el sufragio universal], lo cual fue cuestionado por la corriente liberal proclamando que es una potestad que surge de la nación, con lo cual el sufragio no es un derecho ciudadano sino una función que ejerce quien mejor se identifica con los intereses del Estado y que justificó en su momento el voto censitario y el ejercicio del poder por parte de una elite económico-política.
De este modo, el liberalismo logró armonizar temporalmente dentro del Estado nación la evolución del sistema democrático y tendencia del capitalismo a transformar los territorios nacionales en mercados, y disimular las contradicciones que latían en su discurso. Cuando la tendencia expansiva del capitalismo chocó contra los límites del Estado, el liberalismo se radicalizó promoviendo la debilidad del Estado, marco institucional que los ciudadanos crearon para su protección colectiva, y convertirlo en simple gestor de la libertad, la cual sólo se identifica con la libertad de mercado.
Fruto de esta soberbia campaña de desprestigio y descapitalización del Estado, la economía acabó prevaleciendo sobre la política y, consecuentemente, llevando a los ciudadanos a un total desvalimiento. Esta campaña, que acabó contagiando a toda la clase política, tuvo y tiene como principales valedores precisamente a los sectores más conservadores de la sociedad que son al mismo tiempo quienes se arrogan la condición de patriotas y, como tales, han privatizado los símbolos nacionales para usarlos como armas arrojadizas contra aquellos que no participan de su ideario depredador. Sin embargo, la realidad ha dejado al conservadurismo neoliberal sin discurso. 
Resulta tan dramático como patético ver estos días a Mariano Rajoy y su gobierno tratando de salvar las incongruencias discursivas y de justificar las ocultaciones y falsedades que ellas conllevaban. Fue el líder del PP el que agitó la bandera de la «soberanía nacional» y casi enseguida corrió a Bruselas y luego a Alemania a explicar su política, cosa que podría aceptarse en el marco de la Unión Europea, pero no antes de hacer lo propio ante el Parlamento, donde precisamente reside la soberanía del pueblo español que él dice reivindicar. Él y todos los defensores a ultranza de la libertad de mercado no encuentran las palabras apropiadas para justificar la «nacionalización» de Bankia, ante el fracaso de la gestión privada del que iba a ser el gran banco de su partido, el cual, durante la presidencia de Aznar, emprendió la mayor privatización de empresas públicas de la historia de España. Tampoco encuentra palabras para justificar la desviación del déficit de las comunidades gobernadas por el PP sabiendo que ya no puede seguir echando la culpa a los demás, ni al gobierno Rodríguez Zapatero, ni al Banco de España ni al Central Europeo ni a Grecia. Tampoco parece tener palabras para explicar a la ciudadanía que entregue Goldman Sachs, uno de los causantes del gran colapso de la economía mundial, la verificación de las cuentas de Bankia y acepte que la UE envíe verificadores para comprobar el verdadero estado de las cuentas españolas, porque ya ni los suyos creen en lo que dicen.
Es tanta la desesperación de los patriotas españoles, que después viéndose en la tesitura de nacionalizar empresas privadas en bancarrota, apela al patriotismo encendiendo la hoguera de Gibraltar del mismo modo como, antes de nacionalizar Repsol-YPF, hizo la argentina Cristina Kirshner con las Malvinas, sin considerar que éstas siguen siendo un problema «distinto y distante», como dijo en su momento don Leopoldo Calvo Sotelo.
Mientras el número de desempleados sigue creciendo por encima de los cinco millones, a los que hay que sumar aquellos que no figuran en las estadísticas, pero que existen; mientras los desahucios continúan con absoluto menosprecio del derecho a la vivienda consagrado por la Constitución; mientras no parece haber otro cementerio que la misma sociedad para tanto activo tóxico; mientras millones de jóvenes carecen de una perspectiva de progreso; mientras se desmonta desvergonzadamente el Estado de bienestar; mientras se favorece la picaresca de los empresarios, a quienes no parece bastarles los contratos basuras y exigen semanas gratis de prueba, y la Justicia se muestra inoperante para evitar que los responsables se  retiren con millonarias jubilaciones, cabe preguntarse si no es hora de que los ciudadanos, cada uno en su ámbito de acción, trabajo o profesión, cambien las reglas del juego, cambien las estructuras verticales de los sindicatos y de los partidos, y se convoquen nuevas elecciones para quitar de en medio a tanto patriota. No en vano, Samuel Johnson, escritor inglés del siglo XVIII, afirmó que «el patriotismo es el último refugio de los canallas»

sábado, 5 de mayo de 2012

[SIN] RAZÓN DE ESTADO



La razón de la existencia del Estado surge de la necesidad primaria de los grupos humanos por armonizar su convivencia y asegurar su bienestar. Sin embargo, la clase política parece haber olvidado totalmente este principio fundamental y vaciado de sentido dicha razón provocando el desamparo y la infelicidad de la sociedad.

La consolidación del concepto de Estado como fórmula de convivencia y protección de la comunidad permitió que las tensiones entre los distintos grupos y clases sociales generaran sistemas de gobierno cuya evolución puede identificarse con los progresivos estadios de civilización. En Occidente, el gran salto cualitativo se produce a partir del siglo XVI, cuando el pensamiento racionalista favorece la concepción de un Estado laico y la tolerancia, los derechos humanos y las libertades civiles se convierten en pilares básicos de una sociedad  moderna que prefigura el sistema democrático.
La democracia, que tiene el liberalismo y el capitalismo como mecanismo ideológico-económico, si bien no resuelve la lucha de clases y, por tanto, no alcanza el ideal de justicia social, crea y extiende un espacio de acción política que permite un elevado grado de participación de los miembros de la comunidad dentro del  Estado. Éste se concibe como un conjunto de instituciones y leyes orientado a preservar la paz y la felicidad de los miembros de la comunidad; a regular las actividades humanas para que cumplan el objetivo del bien común, y a prestar los servicios públicos necesarios.
Todo esto significa que el Estado tiene una función y que tal función es gestionada por un gobierno cuya autoridad emana de la soberanía popular y cuyos recursos proceden de los ciudadanos a través de sus impuestos. Ahora bien, cuando una actividad social amenaza la felicidad social y degrada el bien común, es obligación del Estado regular e imponer límites a los excesos de tal actividad. El olvido de este principio básico de la razón de Estado, tanto por parte de la clase política como de gran parte de la ciudadanía, ha dado lugar a  que la acción económica haya usurpado el espacio de la acción política y que el Estado se encuentre sin recursos que le den fuerza y autoridad para cumplir con su función.
La función del Estado es regular los mercados porque la libertad económica está supeditada a la libertad y el bienestar de los ciudadanos y no al revés. La función del Estado es tener el patrimonio de bienes de producción, especialmente de materias y productos estratégicos para su seguridad  -energía, agua, transportes, etc.- y prestar los servicios públicos.
En la gestión de los servicios públicos, por ejemplo, es exigible la eficacia, pero ésta no necesariamente debe vincularse a la rentabilidad económica sino a la prestación misma del servicio. El transporte, el teléfono, la electricidad, el agua potable, la atención hospitalaria, la enseñanza, la recogida de basuras, incluso el banco, no son privilegios de poblaciones en los que puedan ser "rentables" sino derechos ciudadanos, también de aquellos que viven en pueblos pequeños más o menos aislados o alejados de los grandes centros urbanos.
La desregulación de los mercados, la privatización del patrimonio estatal y de los servicios públicos -enseñanza, sanidad, transportes, energía,  etc.- y la malversación de la soberanía es una falacia que ha convertido a los actuales Estados en meros gestores de la economía capitalista y, consecuentemente, en la sin razón de su propia existencia. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso la justicia mercantil no estaría colapsada a causa de las suspensiones de pago y las quiebras. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso los bancos no estarían exigiendo a los Estados «inyecciones» de dinero público o las multinacionales privadas su intervención para que las defiendan de actos que entrarían perfectamente en el marco «del libre juego de la oferta y la demanda» que los gurúes neoliberales defienden con tanta pasión.
La ineficacia de un Estado y lo que pone en tela de juicio su propia existencia se pone de manifiesto en su incapacidad para preservar los puestos de trabajo de millones de personas, para mantener la seguridad ciudadana, para defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos víctimas de la dictadura bancaria y para cumplir con la parte que le toca en el contrato social. Si un Estado llega a este grado de vulnerabilidad y degradación, la ciudadanía está en su legítimo derecho de retirarle el mandato a sus gobernantes, de dejar de pagar sus impuestos y, si cabe, de refundarlo.