sábado, 26 de noviembre de 2011

EL CABALLO DE TROYA


El capitalismo es el caballo de Troya, el presente griego, que el liberalismo dejó en un territorio agotado por las  guerras y el esclavismo, cuyo propósito, con la equívoca utilización de la bandera de la libertad, era crear un perverso sistema de dominio.

Las ideas republicanas, cuyos orígenes hay que buscarlas en la antigua Grecia, impulsan el desarrollo de la democracia sobre dos pilares fundamentales: la soberanía popular y la libertad. La primera permite concebir un sistema de gobierno basado en la virtudes cívicas de los ciudadanos y el imperio de la ley como mecanismo defensivo frente al imperio de los hombres. La segunda, en el marco del imperio de la ley, surge de modo natural como principio de no dominación de los hombres por otros hombres. La libertad individual no existe por sí misma sino como expresión de la libertad colectiva que emana de las instituciones.
Sin embargo, el liberalismo, que se desarrolla como sostén ideológico del capitalismo, define a la libertad como un derecho natural del individuo a cuya voluntad no puede oponérsele impedimentos y, por lo tanto,  ha de tener patente de corso para hacer lo que quiera. Esta concepción de la libertad individual en detrimento de la libertad colectiva es la que acaba imponiéndose arrastrada por las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. La Constitución de EE.UU. y la Revolución francesa consagran la soberanía popular como fuente de todo poder político, pero también la libertad individual como bandera del progreso y el bienestar de todos en el falso supuesto de que todos tienen igualdad de oportunidades. «Libertad, igualdad y fraternidad» es el lema de los revolucionarios franceses.  
De este modo tan sutil como perverso el liberalismo introdujo en el imaginario popular la idea de que todos los individuos son libres e iguales ante la ley, cuando en realidad habían abierto la puerta al dominio de una oligarquía burguesa, cuya capacidad de poder se demostraría históricamente muy superior a las oligarquías aristocráticas que, en Occidente, alcanzaron su máxima expresión en las monarquías absolutas. El soberbio poder de esta oligarquía se fundamentó desde el principio en el control acumulativo de los bienes de producción, el cual trajo consigo su hegemonía económica y cultural, y, finalmente, la reducción del concepto de libertad al de libertad de comercio y flujo de capitales en detrimento de las demás libertades civiles y de los derechos humanos. 
Una vez introducido su caballo de Troya en el sistema democrático, esta oligarquía, que hoy podemos identificar con bancos y compañías multinacionales, fue vaciando de contenido las instituciones democráticas, debilitando el papel regulador del Estado, deslegitimando a la clase política al convertirla en marioneta de sus intereses y con ello reduciendo la soberanía popular a una mera ilusión, y, lo más grave, adormeciendo, mediante el consumo y la vacuidad del discurso, el impulso contestatario de los pueblos. 
El resultado de este proceso natural del sistema capitalista es la alienación social, la frustración y la carencia de ilusiones en el futuro, mientras una minoría sostenida por especialistas de la violencia [la producción de la industria militar es superior a la alimenticia] goza de un dominio global y muy pocos creen que las cosas puedan cambiar. Mientras por el camino se desintegraban los principios de igualdad y fraternidad y el de libertad era canibalizado por el mercado, los gurús del posmodernismo sentenciaban el fin de las ideologías, de las utopías y el fracaso del comunismo, pero nada han dicho ni dicen de la degeneración y fracaso de la democracia Llegado a este punto ¿qué hacer? aparece como una pregunta que vuelve a cargarse de sentido para que los pueblos den una respuesta a las agresiones del poder.


[La doctrina del shock, de Naomi Klein, es reveladora de los mecanismos utilizados por el neoliberalismo para alcanzar sus propósitos de dominio mundial]

sábado, 19 de noviembre de 2011

EL NOMBRE DEL MERCADO


Desde la década de 1980, el concepto de mercado ha ido ganando la boca de todos alentado por los sacerdotes del neoliberalismo, los ya olvidados yuppies, los intelectuales posmodernistas, los políticos y los medios de comunicación. Ahora se impone a los gobiernos, a los estados y a los ciudadanos como una fuerza avasalladora e irresistible. Pero ¿qué o quién es el mercado? ¿Cuál es su verdadero nombre?

Paralelamente a los cambios sociales y políticos provocados por la Revolución Industrial y la Revolución francesa la idea de libertad fue desligándose de las ideas de igualdad y fraternidad en la medida que se vinculaba más y más a la actividad mercantil. La libertad, tal como se apunta ya en la Constitución estadounidense, aparece en el ideario liberal como un elemento indisociable del libre comercio y del sistema democrático. Nadie parecía reconocer, sin embargo, que éste era el huevo del capitalismo del que nacieron el neocolonialismo y el imperialismo, cuya dinámica expansionista provocó dos grandes guerras mundiales y una crisis del sistema que estalló en 1929. La ley, mejor que leyes, de los mercados había colapsado el sistema y el mundo capitalista se vio obligado a entrar en guerra para solucionarlo. Tal como ahora se están dando las llamadas guerras de baja intensidad en la que, en medio de una gran confusión, aparece el terrorismo como fantasmal enemigo. Pero ¿qué ley es esa de los mercados a la que economistas y profanos apelan con obsecuente temor?  ¿Qué terrible entidad es el mercado que a su sola mención tiemblan los estados y los superestados?
Aunque la idea no era nueva, en 1803, la famosa «ley de los mercados» fue formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say. Según la «ley Say», como también la conocen algunos, toda oferta genera su demanda. De acuerdo con este principio es imposible una situación de superproducción y, consecuentemente, de desempleo, con lo cual el equilibrio económico está siempre garantizado. Pero para que esta condición se cumpla es necesario la total libertad de acción de los actores productivos privados y una injerencia del Estado limitada a crear mediante leyes un campo propicio para el imperio del mercado, pues éste se encarga de regular naturalmente los precios, el valor de las monedas, los salarios y el flujo de los productos en un ámbito geográfico que trasciende las fronteras nacionales (mercado). Es decir que el mercado se convierte en una entidad supranacional enquistada en el sistema democrático, cuyos mecanismos se encargan de regular las relaciones de los ciudadanos y preservar la paz.
Sin embargo, la quiebra del sistema capitalista gobernado bajo esta ley en 1929 puso de manifiesto que esta ley de mercados carecía de rigor científico, pues no consideraba otros factores, entre ellos la desigualdad de fuerzas entre los actores productivos -trabajadores y propietarios de los medios de producción, por ejemplo- y las tendencias naturales de los capitalistas a concentrar el capital para fortalecer el sistema y el control de los medios de producción. El liberal John M. Keynes percibió este error y desarrolló una doctrina en la que asignó al Estado, como entidad depositaria de la soberanía popular, el papel de regulador de las fuerzas económicas para garantizar el bienestar de los ciudadanos. EE.UU., durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, puso en práctica esta doctrina que se mostró eficaz no sólo para sacar al país de la gran depresión, sino también para mantener un crecimiento sostenido de su economía. 
La doctrina keynesiana fue asímismo fundamento del Estado de bienestar, el cual sirvió además, tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, como soberbio elemento propagandístico frente al bloque comunista hasta que éste empezó a dar señales de vulnerabilidad. Entonces, volvieron la viejas teorías liberales y en la Universidad de Chicago, alrededor de liberales fundamentalistas, como Milton Friedman seguidor del austríaco Friedrich Hayek, reformularon la torpe y dañina ley de Say con el llamado neoliberalismo para elevar a los altares al mercado como divinidad central del nuevo orden internacional. 
El golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, en 1973, precedido de un «golpe de mercado», supuso el primer paso para imponer una corriente de pensamiento económico único, que tuvo sus correlatos en todos los campos de la actividad humana. Hacia 1980, con Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, el desmantelamiento neoliberal del Estado de bienestar -llamado  despectivamente Estado niñera por la Thatcher- empezó a ser un hecho y, lo que es tanto o más grave, la ideología neoliberal a contaminar y «seducir» a las clases dirigentes e intelectuales de todo el mundo desarrollado. Ningún gobierno ni partido político opuso resistencia al socavamiento del Estado. Los conservadores porque de ese modo defendían mejor sus intereses particulares, y los progresistas de izquierda porque habían perdido toda referencia ideológica. La ola de privatizaciones dejó a su paso estados anoréxicos que apenas si podían resistir la opulencia de los mercados, el libre fluir de los capitales, la multiplicación de los paraísos fiscales, y el creciente poder de los especuladores y de las corporaciones multinacionales.
En este contexto, la concentración capitalista comenzó a hacerse insoportable para el bienestar de la población, en la medida que ingentes capitales se sacaban del circuito productivo para entrar en el financiero y especulativo, que permitía un mayor control de los flujos económicos y una poderosa arma de control político de los estados. Es en esta coyuntura que estalla nuevamente la crisis sistémica, pero a diferencia de 1929, los principales estados no tienen ahora la fuerza política ni sus gobernantes la conciencia suficiente para neutralizar a los nuevos poderes fácticos que controlan la política mundial y, a golpe de bolsa, ponen en jaque a los gobiernos del mundo en nombre del mercado.
Ahora mismo, un gobierno de derechas seguirá nadando en favor de esa corriente y uno de izquierdas procurará salvar lo que se pueda del Estado de bienestar, pero ni uno ni otro tendrá oportunidad inmediata de cambiar la dinámica del sistema. Sólo la ciudadanía, mediante una acción organizada a través de los distintos sectores de actividad -médicos, maestros y profesores, alumnos, abogados, albañiles, escritores,  administrativos, etc.- pueden ir creando condiciones favorables a un cambio de tendencia en las mentalidades de la población. Un cambio que sea capaz de generar nuevas formas de relación y producción en las que los factores humanos prevalezcan sobre los estrictamente económicos, llámense éstos rentabilidad, audiencia, público lector, etc. Fórmulas en las que la acción política se emancipe de la dominación económica, pues la libertad y el bienestar de las personas siempre ha de estar por encima de la libertad «de los mercados» y de la oligarquía que los controla.

sábado, 12 de noviembre de 2011

ZOMBIS Y TECNÓCRATAS



La campaña electoral pone de manifiesto la carencia total de argumentos, ideas y propuestas serias a través del discurso de una clase política que parece haber asimilado la derrota del Estado y estar resignada a rendir y entregar al ciudadano, con los escasos bagajes que le quedan, al triunfante y todopoderoso mercado.

El debate a dos que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre pareció confirmar que esta clase política española, tanto como toda la clase política occidental, da por hecho que al fracaso del sistema comunista le ha seguido el colapso y fracaso del sistema democrático.
Con la complicidad de los medios de comunicación que, de manera vergonzosa, se ocuparon más de la corbata y de los gestos de los candidatos que de lo que decían y no decían y denunciar el sinsentido llevado a espectáculo de masas, los representantes de los dos partidos mayoritarios se abroquelaron en su impotencia. Uno sin decir nada y el otro a exponer, tan tímidamente para que el poder económico-financiero no le diera un varapalo, la necesidad de que el Estado debía recuperar, tal como lo expuso Keynes, las riendas de la economía y liderar la reactivación de la productividad, el consumo y el empleo.
Ni tales contendientes, ni los otros que están en liza, parecen reaccionar al tratamiento de shock que han sufrido y los ha convertido en zombis neoliberales que confunden las leyes de la vida con las leyes del mercado. Incluso ignoran que estas leyes son en realidad una y que la formuló Jean-Baptiste Say en ¡1803! cuando el capitalismo estaba en pañales y que dice algo tan estúpidamente elemental como que "no hay demanda sin oferta" y que si hay oferta, habrá demanda y si hay demanda habrá empleo y si hay empleo habrá consumo". Pero claro, para que esta ley funcione tiene que haber libertad de mercado. Exactamente lo que dijo el jefe del Partido Popular  -aunque la oratoria no es lo suyo- cuando aludió a su plan de choque para recuperar empleo, sin decir que la mentada libertad de mercado exige privatizar sanidad, transportes, educación, energía, etc. Algo que contradice flagrantemente su reivindicación de la "soberanía popular frente al mercado y los tecnócratas" -como titula el diario ABC-, y su afirmación de que ha llegado "la hora de los buenos gobernantes", justo en el momento cuando en Grecia e Italia asumen el gobierno tecnócratas que el pueblo ni siquiera ha elegido y cuyo historial los sitúa en el epicentro del poder que sacude los cimientos de la misma civilización occidental.
La ceremonia de la confusión se celebra a través de un discurso contradictorio sostenido por palabras carentes de sentido y de la fuerza que les da la coherencia ética. Lo que necesita España -y con ella todo el mundo globalizado- no es un "gobierno como dios manda", es decir el mercado, sino como manda el contrato social y el compromiso de los representantes con la ciudadanía de velar por el bienestar y la felicidad de la comunidad y no por la libertad neoliberal del mercado, porque ésta significa la libertad de unos pocos y la esclavitud de todos los demás.

jueves, 3 de noviembre de 2011

CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL PERDÓN



Las brutales transgresiones contra la vida, la dignidad y la condición humanas hacen a las víctimas acreedoras de la comprensión y la solidaridad social, pero no les conceden autoridad política para administrar la justicia. Los casos de la Alemania nazi, Sudáfrica, Argentina o de la España franquista o, recientemente, Euskadi pueden ejemplificar distintas vías  de enjuiciamiento y condena para crímenes terroristas y de lesa humanidad, pero en todos los casos es la disposición de las víctimas a conceder el perdón, no la solicitud de los victimarios, la que puede sellar la conciliación social.


El perdón es un acto moral que trae consecuencias morales y fácticas para aquéllos a quienes   implica y que no siempre se resuelven en la conciliación que se pretende. Esta dificultad de conciliación se potencia cuando pasa del ámbito individual y doméstico al social y político, y cuando la violencia, sobre todo cuando supera los límites de lo humanamente tolerable, abre una herida profunda en el alma de la comunidad ofendida. 
Tras un proceso de desgarramiento interior y cuando el dolor se hace insoportable, el perdón surge de las víctimas como un deseo íntimo y balsámico de cauterizar la herida espiritual y al mismo tiempo de  impedir su identificación moral con los victimarios. Para las almas de las víctimas que rechazan enajenarse en el dolor y mancillarse con el odio y la violencia que éste provoca, el perdón no se presenta como una renuncia a la reparación del daño cometido ni como coartada para la impunidad, ni como una forma de exoneración de la responsabilidad civil de los victimarios, como tampoco exime a éstos de dicha responsabilidad ni de la culpa el mero hecho de pedirlo. Pero, al consumarse verbalmente, el perdón concede a las  víctimas la legitimidad política que el dolor no les otorga para actuar junto al poder político en favor de la conciliación social. De modo que el perdón, acción moral particular que deviene colectiva tras su expresión verbal, constituye una fuerza ética que deja a los victimarios ante la disyuntiva moral de asumir o no su culpa y, al mismo tiempo, librados a la acción de la justicia impartida por el poder político del Estado de derecho.