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CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL PERDÓN



Las brutales transgresiones contra la vida, la dignidad y la condición humanas hacen a las víctimas acreedoras de la comprensión y la solidaridad social, pero no les conceden autoridad política para administrar la justicia. Los casos de la Alemania nazi, Sudáfrica, Argentina o de la España franquista o, recientemente, Euskadi pueden ejemplificar distintas vías  de enjuiciamiento y condena para crímenes terroristas y de lesa humanidad, pero en todos los casos es la disposición de las víctimas a conceder el perdón, no la solicitud de los victimarios, la que puede sellar la conciliación social.


El perdón es un acto moral que trae consecuencias morales y fácticas para aquéllos a quienes   implica y que no siempre se resuelven en la conciliación que se pretende. Esta dificultad de conciliación se potencia cuando pasa del ámbito individual y doméstico al social y político, y cuando la violencia, sobre todo cuando supera los límites de lo humanamente tolerable, abre una herida profunda en el alma de la comunidad ofendida. 
Tras un proceso de desgarramiento interior y cuando el dolor se hace insoportable, el perdón surge de las víctimas como un deseo íntimo y balsámico de cauterizar la herida espiritual y al mismo tiempo de  impedir su identificación moral con los victimarios. Para las almas de las víctimas que rechazan enajenarse en el dolor y mancillarse con el odio y la violencia que éste provoca, el perdón no se presenta como una renuncia a la reparación del daño cometido ni como coartada para la impunidad, ni como una forma de exoneración de la responsabilidad civil de los victimarios, como tampoco exime a éstos de dicha responsabilidad ni de la culpa el mero hecho de pedirlo. Pero, al consumarse verbalmente, el perdón concede a las  víctimas la legitimidad política que el dolor no les otorga para actuar junto al poder político en favor de la conciliación social. De modo que el perdón, acción moral particular que deviene colectiva tras su expresión verbal, constituye una fuerza ética que deja a los victimarios ante la disyuntiva moral de asumir o no su culpa y, al mismo tiempo, librados a la acción de la justicia impartida por el poder político del Estado de derecho. 

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