Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, los reinos bárbaros que le siguieron basaron su existencia en la expansión territorial. Situándose por encima del pueblo y la nobleza, los reyes victoriosos consideraron los países conquistados como propiedad particular y sus habitantes como súbditos de quienes podía disponer a capricho. Así, la tenencia de la tierra y la servidumbre se convirtieron en los pilares del poder real. Pero, a medida que los reinos se expandían también crecían las exigencias defensivas en proporción inversa a la capacidad real para satisfacerlas, hecho que se agravó con la violenta irrupción en el escenario europeo del islam. Ante la presencia de los musulmanes en el sur y de tribus bárbaras en el Este, los reyes otorgaron a un puñado de señores (condes) el usufructo de tierras primero y de prebendas y privilegios después con plena autoridad sobre ellas a cambio de proteger dichos territorios y la vida de sus siervos, en quienes recaía el peso de toda la actividad productiva y del sustento económico del reino.
El reino y el imperio carolingios fueron, entre los siglos VIII y IX, un frustrado proyecto de restauración y fortalecimiento del poder real que, en cierto modo, aceleró la feudalización y la fragmentación del mapa político de Europa que quedó configurado en reinos nominales sostenidos económica y militarmente por innumerables señoríos con su masa de siervos de la gleba.
De esta sumarísima síntesis cabe deducir que la atomización del poder real se produjo en ese período histórico a causa, entre otros factores, de la incapacidad de dicho poder real para asegurar la paz y el bienestar dentro de sus territorio, de la inercia expansiva de carácter militar que aumentaba esa incapacidad y de una concepción doméstica de la economía.
El reino y el imperio carolingios fueron, entre los siglos VIII y IX, un frustrado proyecto de restauración y fortalecimiento del poder real que, en cierto modo, aceleró la feudalización y la fragmentación del mapa político de Europa que quedó configurado en reinos nominales sostenidos económica y militarmente por innumerables señoríos con su masa de siervos de la gleba.
De esta sumarísima síntesis cabe deducir que la atomización del poder real se produjo en ese período histórico a causa, entre otros factores, de la incapacidad de dicho poder real para asegurar la paz y el bienestar dentro de sus territorio, de la inercia expansiva de carácter militar que aumentaba esa incapacidad y de una concepción doméstica de la economía.
Este proceso de expansión territorial, que trajo aparejada la acumulación de tierras, que se volvían improductivas; el debilitamiento de las instituciones estatales y el colapso de sistema, tiene su correlato moderno en los ciclos expansivos del sistema capitalista. Así, el fin del ciclo colonial estuvo determinado por el colapso del comercio monopólico que desembocó en la emancipación de las colonias, principalmente las norte y sudamericanas, y los finales de los ciclos neocolonial e imperialista lo estuvieron por el ahogamiento del espacio vital (lebensraum), que desencadenó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las posteriores guerras de liberación nacional.
Tras la caída del muro de Berlín y de la URSS, las grandes corporaciones capitalistas se apresuraron a ocupar los espacios "liberados" globalizando la economía sobre la base de los avances científicos y tecnológicos acelerando de forma brutal el flujo de capitales financieros y su ingente concentración. El hecho es particularmente grave en la medida que estos capitales autogeneran sus propios beneficios casi de modo autónomo a la acción de la economía productiva creando una ficción económica en la que las catástrofes naturales, los accidentes -aéreos, nucleares, etc.-, los atentados terroristas, las guerras localizadas o hasta las declaraciones de un personaje público se convierten en detonadores de bruscos movimientos sísmicos en las bolsas del mundo y en terremotos que hacen temblar a determinados gobiernos.
La globalización, que ha supuesto que las grandes corporaciones transnacionales ocupen el planeta, salvo el espacio chino, donde persiste un fuerte aunque no invulnerable poder político, ha llevado a la economía mundial al punto de colapso del sistema e iniciado la fase feudalización tanto de los estados como de las sociedades que los conforman. Con este objetivo, las élites corporativas que han asumido el control del poder económico y de las fuerzas represivas a escala mundial (industrias alimenticias y armamentísticas y compañías militares de seguridad), vienen atacando desde la guerra del Yom Kippur al Estado y a la actividad pública con fuertes campañas de desprestigio al tiempo que corrompen o sustituyen a sus dirigentes por tecnócratas, que se ocupan de descapitalizarlo mediante la privatización de sus empresas estratégicas más rentables (energía, telecomunicaciones, bancos, transportes, etc.) y sus principales servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, etc.). Así, el Estado, aunque inerme e incapacitado para ejercer la defensa de los derechos y del bienestar de sus ciudadanos, asume como razón de ser la defensa de los intereses de las empresas «nacionales» y la correa de transmisión de los directrices del «mercado» o de los organismos financieros mundiales (FMI, BM, BCE).
La deuda pública se convierte en la espada de Damocles del Estado que pende y oscila cada día al ritmo de la llamada «prima de riesgo» y cuyo horizonte lo determinan el temido «rescate», el cual equivale a una lisa y llana privatización del Estado, la cual se realiza con frecuencia a través de los llamados «fondos buitres», que también suelen ser utilizados por los «inversionistas de fondos tristes» para corromper gobiernos, comprar países o dinamitar los mecanismos de ayuda de la ONU a los países pobres.
Tal como los antiguos reyes victoriosos consideraban los territorios conquistados como propiedad privada, las grandes corporaciones capitalistas también consideran los Estados sometidos al poder económico como feudos propios y los convierten Estados-señoríos de cuyas estructuras político-administrativas se valen para mantener un cierto ordenamiento jurídico que legitime la ocupación y mantenga las marcas que distinguen los territorios entre los distintos grupos económico-financieros que se disputan el control absoluto del poder.
Del mismo modo que se mantiene el Estado como aparato gerencial de los intereses corporativos transnacionales también se mantiene la ficción el sistema democrático como primer valladar de control y represión de la ciudadanía, la cual se ve abocada a elegir periódicamente a sus representantes salidos de las listas de partidos políticos, cuya financiación procede en gran parte de bancos, grandes compañías y grupos que sitúan a sus vasallos en puestos clave de la administración pública y que luego de cumplir con el cometido que se les ha encomendado vuelven a la empresa privada como consejeros o asesores. Este orden de cosas viene a explicar el porqué los gobernantes y parlamentarios no actúan con mentalidad política sino con instinto empresarial legislando en favor del capital y en contra de los intereses ciudadanos, quienes pierden sus puestos de trabajo, sus viviendas, su asistencia sanitaria, etc. sin que los gobiernos hagan nada por ellos.
La feudalización capitalista no sólo afecta a las estructuras del Estado y a la soberanía de los pueblos, sino a la sociedad misma. El fundamento de toda democracia reside en considerar al ciudadano como acreedor de una serie de derechos fundamentales sin distinción de raza, religión, creencias políticas o sexo, e independientemente de su renta. Por este principio todos los ciudadanos son iguales ante la justicia o son acreedores a tener una educación y una sanidad gratuitas, y un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, la feudalización capitalista al despojar al ciudadano de estos derechos en favor del rendimiento y el beneficio del capital, convierte al ciudadano en un siervo sin derechos, cuyo mayor o menor valor depende del dinero de que pueda disponer para consumir.
Los trabajadores y los comerciantes son igualmente atomizados en asalariados y autónomos los primeros, lo cual limita considerablemente la capacidad sindical de negociación colectiva, y favorece la precariedad laboral y la drástica disminución de sus salarios y demás formas de retribución de su trabajo, y en pequeños y medianos empresarios los segundos, a los cuales se ahoga progresivamente apartándolos del flujo de créditos en favor de las grandes compañías, y de este modo incorporados, como en la Edad Media a siervos y artesanos, a la masa de servidumbre sobre la cual se hace recaer todo el peso de los impuestos y ajustes diseñados por el capitalismo neofeudal. Un capitalismo que, de acuerdo con la doctrina neoliberal, necesita de la aniquilación de todo lo construido y conquistado por la sociedad para poder reiniciar un nuevo ciclo de expansión.
No obstante, este proceso de feudalización del mundo abre grandes brechas en el espacio público que, como en el medioevo con las bandas de ladrones o de mercenarios, ahora son ocupados por grupos radicales nacionalistas, terroristas, religiosos o delincuentes que en algunos casos llegan a crear paraestados, cuyo objetivo no es disputar el poder político sino ocupar espacios de actuación dentro del mismo Estado. Tales son los casos de los cárteles colombianos y mexicanos, de Hezbollah en Líbano, de al-Qaeda, en Pakistán y Afganistán, o de la Camorra, en Italia.
La globalización, que ha supuesto que las grandes corporaciones transnacionales ocupen el planeta, salvo el espacio chino, donde persiste un fuerte aunque no invulnerable poder político, ha llevado a la economía mundial al punto de colapso del sistema e iniciado la fase feudalización tanto de los estados como de las sociedades que los conforman. Con este objetivo, las élites corporativas que han asumido el control del poder económico y de las fuerzas represivas a escala mundial (industrias alimenticias y armamentísticas y compañías militares de seguridad), vienen atacando desde la guerra del Yom Kippur al Estado y a la actividad pública con fuertes campañas de desprestigio al tiempo que corrompen o sustituyen a sus dirigentes por tecnócratas, que se ocupan de descapitalizarlo mediante la privatización de sus empresas estratégicas más rentables (energía, telecomunicaciones, bancos, transportes, etc.) y sus principales servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, etc.). Así, el Estado, aunque inerme e incapacitado para ejercer la defensa de los derechos y del bienestar de sus ciudadanos, asume como razón de ser la defensa de los intereses de las empresas «nacionales» y la correa de transmisión de los directrices del «mercado» o de los organismos financieros mundiales (FMI, BM, BCE).
La deuda pública se convierte en la espada de Damocles del Estado que pende y oscila cada día al ritmo de la llamada «prima de riesgo» y cuyo horizonte lo determinan el temido «rescate», el cual equivale a una lisa y llana privatización del Estado, la cual se realiza con frecuencia a través de los llamados «fondos buitres», que también suelen ser utilizados por los «inversionistas de fondos tristes» para corromper gobiernos, comprar países o dinamitar los mecanismos de ayuda de la ONU a los países pobres.
Tal como los antiguos reyes victoriosos consideraban los territorios conquistados como propiedad privada, las grandes corporaciones capitalistas también consideran los Estados sometidos al poder económico como feudos propios y los convierten Estados-señoríos de cuyas estructuras político-administrativas se valen para mantener un cierto ordenamiento jurídico que legitime la ocupación y mantenga las marcas que distinguen los territorios entre los distintos grupos económico-financieros que se disputan el control absoluto del poder.
Del mismo modo que se mantiene el Estado como aparato gerencial de los intereses corporativos transnacionales también se mantiene la ficción el sistema democrático como primer valladar de control y represión de la ciudadanía, la cual se ve abocada a elegir periódicamente a sus representantes salidos de las listas de partidos políticos, cuya financiación procede en gran parte de bancos, grandes compañías y grupos que sitúan a sus vasallos en puestos clave de la administración pública y que luego de cumplir con el cometido que se les ha encomendado vuelven a la empresa privada como consejeros o asesores. Este orden de cosas viene a explicar el porqué los gobernantes y parlamentarios no actúan con mentalidad política sino con instinto empresarial legislando en favor del capital y en contra de los intereses ciudadanos, quienes pierden sus puestos de trabajo, sus viviendas, su asistencia sanitaria, etc. sin que los gobiernos hagan nada por ellos.
La feudalización capitalista no sólo afecta a las estructuras del Estado y a la soberanía de los pueblos, sino a la sociedad misma. El fundamento de toda democracia reside en considerar al ciudadano como acreedor de una serie de derechos fundamentales sin distinción de raza, religión, creencias políticas o sexo, e independientemente de su renta. Por este principio todos los ciudadanos son iguales ante la justicia o son acreedores a tener una educación y una sanidad gratuitas, y un trabajo y una vivienda digna. Sin embargo, la feudalización capitalista al despojar al ciudadano de estos derechos en favor del rendimiento y el beneficio del capital, convierte al ciudadano en un siervo sin derechos, cuyo mayor o menor valor depende del dinero de que pueda disponer para consumir.
Los trabajadores y los comerciantes son igualmente atomizados en asalariados y autónomos los primeros, lo cual limita considerablemente la capacidad sindical de negociación colectiva, y favorece la precariedad laboral y la drástica disminución de sus salarios y demás formas de retribución de su trabajo, y en pequeños y medianos empresarios los segundos, a los cuales se ahoga progresivamente apartándolos del flujo de créditos en favor de las grandes compañías, y de este modo incorporados, como en la Edad Media a siervos y artesanos, a la masa de servidumbre sobre la cual se hace recaer todo el peso de los impuestos y ajustes diseñados por el capitalismo neofeudal. Un capitalismo que, de acuerdo con la doctrina neoliberal, necesita de la aniquilación de todo lo construido y conquistado por la sociedad para poder reiniciar un nuevo ciclo de expansión.
No obstante, este proceso de feudalización del mundo abre grandes brechas en el espacio público que, como en el medioevo con las bandas de ladrones o de mercenarios, ahora son ocupados por grupos radicales nacionalistas, terroristas, religiosos o delincuentes que en algunos casos llegan a crear paraestados, cuyo objetivo no es disputar el poder político sino ocupar espacios de actuación dentro del mismo Estado. Tales son los casos de los cárteles colombianos y mexicanos, de Hezbollah en Líbano, de al-Qaeda, en Pakistán y Afganistán, o de la Camorra, en Italia.
