Algunos líderes latinoamericanos -Morales, Correa, Fernández de Kirschner, Chávez, Mujica, Rousseff- independientemente de sus posicionamientos ideológicos o de sus métodos de gobierno- tienen en común una misma idea sobre la función del Estado y del rol que éste debe cumplir como entidad superior protectora de los intereses, la seguridad y la felicidad de los ciudadanos. Todos ellos y sus partidos, a pesar de la fuerte presión neoliberal que sufrieron a partir de la década de los setenta del siglo XX y del desmantelamiento de las escasas infraestructuras industriales, siguen fieles a la tradición del ejercicio de la política como principal factor de gobierno. Incluso durante el crash de la economía argentina en 2001 provocada por la orientación económica del FMI y otros organismos financieros mundiales y los efectos de la corrupción en el estamento político, que llevó a la ciudadanía a pedir «que se vayan todos», no se dejó de hacer política y esa fue una de las razones por las que el país pudo salvarse de la quiebra.
A partir de la guerra de Yom Kippur y del golpe de Pinochet en Chile, en 1973, los centros de poder del capitalismo neoliberal desencadenaron en todo el planeta un soberbio ataque de desprestigio al Estado como gestor y administrador de la res publica, que se aceleró tras las caídas del muro de Berlín y del bloque soviético, en 1989 y 1991. El principal síntoma de este ataque fue la fiebre privatizadora que aligeró el patrimonio del Estado, al que incluso se privó de empresas estratégicas -de transportes y telecomunicación, energía, etc.-, al mismo tiempo que los puestos claves de partidos e instituciones eran progresivamente ocupados por tecnócratas, especialmente economistas, que actuaban bajo el paraguas de la política trasmitiendo a la ciudadanía un engañoso mensaje sobre sus verdaderos propósitos: convertir el Estado en gerente ejecutivo y legislativo de los intereses de las grandes corporaciones privadas y promover el desarrollo económico sin trabas ni perturbaciones políticas. De este modo, los Estados vaciados de sus patrimonios quedaron inermes frente a la acción depredadora de ese opaco poder que se ha dado en llamar «los mercados» y, consecuentemente, incapaz de defender el bienestar de la ciudadanía.
La decisión del presidente Evo Morales de expropiar cuatro filiales de Iberdrola -como en abril de 2012 de Cristina Kirschner de hacer lo propio con YPF, filial de Repsol- constituye una decisión política orientada a fortalecer el Estado y proteger al ciudadano de la acción depredadora de las empresas. El uso sinonímico de los términos «expropiar» y «nacionalizar» no hace sino enfatizar la naturaleza política de una acción de Gobierno que tiene como objeto el bienestar de la comunidad.
Una acción de esta naturaleza choca frontalmente con las medidas de los gobiernos tecnócratas, como el español, lanzado a una escandalosa actividad privatizadora de la educación y la sanidad, al mismo tiempo que sale al rescate con dinero público de bancos en quiebra que, una vez saneados reprivatizará para beneficio de algún grupo particular. Pero, aparte de esto, la situación de crisis social y económica -desempleo, deshaucios- derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, favorecida por una ley del suelo que dio pábulo a la especulación, y de las malas praxis de las entidades financieras no ha motivado ninguna medida del Gobierno dirigida a proteger a la ciudadanía, tal como es deber del Estado, sino que, por el contrario, ha destinado millones de euros ha rescatar a los grupos privados causantes de la crisis. Es evidente que el Gobierno de tecnócratas no sólo no tiene ningún control sobre la situación general en la medida que ha entregado la soberanía del Estado a los grupos de poder capitalista, sino que tampoco tiene entre sus planes llevar a cabo acciones políticas en favor de los ciudadanos.
¿Qué hacer? es una pregunta que vuelve a cargarse de sentido y supone que la ciudadanía impulse un proceso de transformaciones radicales en las relaciones con sus representantes, a fin de minar su discurso tecnocrático y restaurar el orden político hoy usurpado por el orden económico.
