MEMORIA Y JUSTICIA, FALLO HISTÓRICO EN ARGENTINA

Los ex generales Videla y Bignone y otros genocidas argentinos escuchan la sentencia condenatoria

La Justicia argentina acaba de emitir un fallo histórico contra responsables de la dictadura que sometió el país entre 1976 y 1983. Los ex generales Videla y Bignone y ocho de sus secuaces han sido condenados a penas que oscilan entre los quince y los cincuenta años de prisión por robo de bebés, como parte de un plan sistemático de represión y aniquilación de la oposición política. La sentencia, que se suma a otras a los mismos actores por crímenes de lesa humanidad sienta un importante precedente ético contra la impunidad.

El Tribunal Oral Federal nº 6 de Buenos Aires al hacer efectiva la condena a los principales responsables del robo de niños como parte del «plan general de aniquilación de la subversión», marca un hito histórico importante, no sólo para la justicia del país, sino para la justicia universal en relación a la vigencia de los Derechos Humanos. Argentina al convertirse en el primer país del mundo que ha sido capaz de juzgar a sus propios criminales no sólo contribuye a dar contenido a sus propias instituciones sino que se convierte en referencia para otros países que han sufrido tragedias semejantes y sus gobiernos deben recurrir a tribunales internacionales específicos y de aquellos que, a pesar de su desarrollo democrático, no son capaces de saldar cuentas con su pasado.

El terror de Estado produce en la sociedad una profunda herida en la conciencia ética que abona el territorio de la impunidad, la cual se extiende más allá del período de vigencia efectiva de la represión justificando todo tipo de conductas anómalas y con frecuencia delictivas, uno de cuyos correlatos es la corrupción generalizada en los ámbitos público y privado. Esta degradación moral de la sociedad opera negativamente en los mecanismos domésticos y públicos y afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas dificultando la restauración plena del sistema. Si bien la idea de impunidad se genera en un marco de terror y represión, sobre todo para quienes los ejercen, su fortalecimiento y perdurabilidad se asienta en la creencia de que «el tiempo todo lo cura». Este ha sido el principio de quienes decretaron el fin de la historia y, en consecuencia, la aniquilación de la memoria, para impulsar un vasto proceso de hegemonía mundial basada en el exclusivo y excluyente poder económico.

Las sentencias de la Justicia argentina contra sus propios genocidas, que actuaron como cipayos de ese poder económico e imponer su orden mundial, han sido posibles por la persistente lucha contra el olvido y la impunidad como fórmula para restaurar el orden ético en el país por parte de una minoría social activa y comprometida encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por activistas como Adolfo Pérez Esquivel y otras organizaciones defensoras de los DDHH. Para un gobierno democrático, cuya misión fundamental es proteger a los ciudadanos y cuidar de su felicidad, no es un compromiso sino un deber velar por la vigencia de los Derechos Humanos y apoyar su defensa, lo que significa que, en el caso argentino, sería de una gran mezquindad moral por parte del partido gobernante o de cualquier otro apellidar y capitalizar políticamente los logros y avances de la Justicia en este terreno.
El fallo condenatorio constituye un paso importante en un camino que también debería incluir el procesamiento de los ejecutivos de multinacionales comprometidos con la represión militar, de la jerarquía eclesiástica y de la cúpula sindical y de los miembros del partido Justicialista que participaron activamente en el terror de Estado, desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

EXIGENCIA ÉTICA

Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa

Uno de los fundamentos sobre los cuales se asienta la gestión pública es la ética. Sin ésta todo el andamiaje del sistema democrático y de las instituciones que conforman el Estado de derecho queda a expuesto a la acción corruptora de los intereses privados. La vinculación del actual ministro de Defensa español, Pedro Morenés Eulate, con empresas fabricantes de armas pone en entredicho la legitimidad del actual gobierno del PP para seguir en el poder.

Millones de ciudadanos españoles asisten perplejos y desorientados cómo el Estado de bienestar va siendo desmantelado sin que haya una oposición frontal más allá de la retórica de los partidos de la oposición, de los titubeos sindicalistas y las intermitentes acciones del movimiento de los «indignados». El ejercicio de una democracia real no se atisba en el horizonte, mientras la acción política aparece totalmente subordinada a la acción de la economía. El triunfo socialista en Francia apenas si ha logrado modificar el discurso de los tecnócratas europeos que han usurpado los cargos políticos y actúan en beneficio de intereses económicos contrarios a la felicidad de sus pueblos. Esta usurpación constituye una verdadera conculcación de los Derechos Humanos y corrompe los principios  éticos que sostienen el Estado de derecho y salvaguardan el Estado de bienestar.  

Ejemplo flagrante de esta corrupción moral lo constituye la disposición del actual gobierno español de indemnizar con cuarenta millones de euros a Instalanza, S.A., empresa fabricante de armas, o a su sucesora, por la prohibición de fabricar, almacenar y vender bombas de racimo, que el gobierno socialista decretó en 2008 de acuerdo con el Tratado de Dublín de ese año. Además del escándalo que supone la indemnización y su cuantía, se da la ¿casual? circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue directivo de la empresa en cuestión y su representante hasta poco antes de asumir el cargo, y, sin que parezca suponer ningún choque de intereses, es actual directivo ejecutivo de MBDA, empresa multinacional dedicada a la fabricación de misiles, según informa el diario Cinco días.

La corrupción política -como apunto en mi Diccionario político- es el «uso deshonesto del poder gubernamental con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo», fruto de la connivencia de los intereses públicos con los privados, que se manifiesta de muy diversas formas -uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el caciquismo, el fraude elector, etc.- con graves consecuencias para la vida ciudadana. La corrupción política no es ajena a las dificultades habidas para extinguir los recientes incendios ocurridos en Valencia y las graves consecuencias para miles de ciudadanos y para la naturaleza de la región. Tampoco es ajena la corrupción política y a la usurpación de los cargos públicos, los recortes a la educación y, sobre todo, a la sanidad, sector donde algunos ministros o secretarios autonómicos aparecen vinculados a grandes empresas sanitarias que se beneficiarían de la privatización de la sanidad pública. 
En otras palabras que la corrupción política, espejo de la corrupción moral de los representantes gubernamentales, «da lugar al mal funcionamiento de los servicios públicos, la mala calidad de vida de los ciudadanos y las prácticas anómalas de la justicia, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado». En este sentido ¿puede considerarse ético que se prometa a un magnate modificar leyes de ámbito nacional para favorecer la instalación de su negocio? ¿puede considerarse ético cuando ese negocio es un centro de juego que, como tal, atrae el tráfico de drogas, la prostitución, el turismo sexual, el lavado de dinero, etc.?
Los ciudadanos tenemos ahora la responsabilidad de activar los medios para iniciar una recuperación del orden ético y la restauración de una democracia real cuya acción política esté por encima de la acción económica si queremos defender nuestro bienestar y felicidad.

EL ORDEN DE LA IMPUNIDAD

La vulnerabilidad del Estado se pone de manifiesto cuando sus gobiernos ceden a la presión de las fuerzas constrictoras de la política y la legitimidad de las instituciones queda en entredicho. En estas condiciones tales gobiernos renuncian a la prestación de los servicios públicos y la protección de los ciudadanos, quienes deben asumir individual y colectivamente el esfuerzo de mantenerlos.

La reciente ley de amnistía fiscal aprobada por el gobierno español y que legitima el fraude y a los defraudadores es fruto no sólo de la orientación ideológica del partido que lo ocupa, sino de la pérdida de sentido que sufre la clase política acerca de la  razón de existir del Estado.

Desde la primera crisis energética que se produjo a principios de la década de los setenta del siglo XX, el capitalismo aceleró por la vía del pensamiento neoliberal la ocupación del campo político y, a través de una soberbia campaña atacó permanente y sostenidamente el Estado y la acción política. A partir de entonces se sucedieron los golpes de Estado y los de mercado, se incrementó la represión, se instituyeron sangrientas dictaduras, se provocaron guerras localizadas o de baja intensidad, y se orquestó el desprestigio del Estado como gestor del patrimonio público y la consecuente alienación de la clase política, que quedó anulada y desprestigiada ante la indiferencia ciudadana.

Pero para entonces, el desprestigio de la clase política importaba poco a quienes detentan el poder económico porque ya habían ocupado el espacio político y apartado a los ciudadanos del debate de los asuntos políticos, los cuales quedaron supeditados a la acción del gran capital, que se divinizó a través de esa oscura y maligna abstracción que es «el mercado». 

A la violencia represiva, coercitiva o coactiva, se sumó la corrupción que acabó por inficionar el sistema democrático y devaluar las instituciones del Estado hasta el punto de promover leyes que, como la de liberación del suelo o la de amnistía fiscal, favorecían y favorecen los intereses privados en detrimento de los comunitarios presentándolos como factores de progreso. En el vacío dejado por la ausencia de valores éticos y la falacia del fin de la historia, la gran liturgia de la confusión celebra el orden de la impunidad que premia a los delincuentes con la libertad o la ocupación de altos cargos públicos, el blanqueo de grandes sumas de dinero mal habidas -especulación, agio, tráfico de drogas e influencias, etc., entre otras actividades criminales- o la nacionalización de grandes empresas o bancos que, una vez saneados, serán nuevamente privatizados.

Por estos y otros factores, no es cierto que se vaya al desastre si no se siguen las políticas del poder orientadas a desmantelar lo que resta del Estado y despojar a los ciudadanos hasta de sus viviendas. No es cierto que se vaya al desastre si los ciudadanos reaccionan y sanean la clase dirigente, recuperan el protagonismo de la acción política sobre la económica y restauran la legitimidad y la fortaleza del Estado democrático para bien y felicidad de la comunidad. Los ciudadanos han de asumir la parte alícuota de responsabilidad, adoptar conducta más ajustada a los valores éticos y presionar para el cambio en cada ámbito de actuación.

¡PATRIOTAS!

La tendencia a la creación de grandes bloques económico-políticos a partir de la segunda mitad del siglo XX y el proceso de globalización despertaron los sentimientos nacionalistas y con ellos el de patriotismo provocando una gran tensión en el seno de las sociedades, incluso de las más desarrolladas. Uno de los efectos del devastador colapso del capitalismo neoliberal es el de haber desnudado y dejado sin discurso a los patriotas.

Patria significaba originariamente «tierra donde yacen nuestros padres». Este concepto de fuerte carga emocional fue consagrado por la cultura romana, pero en Occidente, perdió vigencia durante la Edad Media  en el contexto del sistema feudal. Con el Renacimiento y el desarrollo de las monarquías absolutas y más tarde, tras la Revolución francesa, con la configuración del Estado nación el romanticismo burgués-liberal lo cargó de una emotividad vinculada a los sentimientos más primarios de los individuos. De aquí la exaltación de los héroes y los símbolos propios y de la identificación de la nación como un territorio sagrado. 

En este marco, la tradición republicana consideró que la soberanía nacional es un acto de poder que emana del pueblo [de aquí el principio que sustenta el sufragio universal], lo cual fue cuestionado por la corriente liberal proclamando que es una potestad que surge de la nación, con lo cual el sufragio no es un derecho ciudadano sino una función que ejerce quien mejor se identifica con los intereses del Estado y que justificó en su momento el voto censitario y el ejercicio del poder por parte de una elite económico-política.

De este modo, el liberalismo logró armonizar temporalmente dentro del Estado nación la evolución del sistema democrático y tendencia del capitalismo a transformar los territorios nacionales en mercados, y disimular las contradicciones que latían en su discurso. Cuando la tendencia expansiva del capitalismo chocó contra los límites del Estado, el liberalismo se radicalizó promoviendo la debilidad del Estado, marco institucional que los ciudadanos crearon para su protección colectiva, y convertirlo en simple gestor de la libertad, la cual sólo se identifica con la libertad de mercado.

Fruto de esta soberbia campaña de desprestigio y descapitalización del Estado, la economía acabó prevaleciendo sobre la política y, consecuentemente, llevando a los ciudadanos a un total desvalimiento. Esta campaña, que acabó contagiando a toda la clase política, tuvo y tiene como principales valedores precisamente a los sectores más conservadores de la sociedad que son al mismo tiempo quienes se arrogan la condición de patriotas y, como tales, han privatizado los símbolos nacionales para usarlos como armas arrojadizas contra aquellos que no participan de su ideario depredador. Sin embargo, la realidad ha dejado al conservadurismo neoliberal sin discurso. 

Resulta tan dramático como patético ver estos días a Mariano Rajoy y su gobierno tratando de salvar las incongruencias discursivas y de justificar las ocultaciones y falsedades que ellas conllevaban. Fue el líder del PP el que agitó la bandera de la «soberanía nacional» y casi enseguida corrió a Bruselas y luego a Alemania a explicar su política, cosa que podría aceptarse en el marco de la Unión Europea, pero no antes de hacer lo propio ante el Parlamento, donde precisamente reside la soberanía del pueblo español que él dice reivindicar. Él y todos los defensores a ultranza de la libertad de mercado no encuentran las palabras apropiadas para justificar la «nacionalización» de Bankia, ante el fracaso de la gestión privada del que iba a ser el gran banco de su partido, el cual, durante la presidencia de Aznar, emprendió la mayor privatización de empresas públicas de la historia de España. Tampoco encuentra palabras para justificar la desviación del déficit de las comunidades gobernadas por el PP sabiendo que ya no puede seguir echando la culpa a los demás, ni al gobierno Rodríguez Zapatero, ni al Banco de España ni al Central Europeo ni a Grecia. Tampoco parece tener palabras para explicar a la ciudadanía que entregue Goldman Sachs, uno de los causantes del gran colapso de la economía mundial, la verificación de las cuentas de Bankia y acepte que la UE envíe verificadores para comprobar el verdadero estado de las cuentas españolas, porque ya ni los suyos creen en lo que dicen.
Es tanta la desesperación de los patriotas españoles, que después viéndose en la tesitura de nacionalizar empresas privadas en bancarrota, apela al patriotismo encendiendo la hoguera de Gibraltar del mismo modo como, antes de nacionalizar Repsol-YPF, hizo la argentina Cristina Kirshner con las Malvinas, sin considerar que éstas siguen siendo un problema «distinto y distante», como dijo en su momento don Leopoldo Calvo Sotelo.

Mientras el número de desempleados sigue creciendo por encima de los cinco millones, a los que hay que sumar aquellos que no figuran en las estadísticas, pero que existen; mientras los desahucios continúan con absoluto menosprecio del derecho a la vivienda consagrado por la Constitución; mientras no parece haber otro cementerio que la misma sociedad para tanto activo tóxico; mientras millones de jóvenes carecen de una perspectiva de progreso; mientras se desmonta desvergonzadamente el Estado de bienestar; mientras se favorece la picaresca de los empresarios, a quienes no parece bastarles los contratos basuras y exigen semanas gratis de prueba, y la Justicia se muestra inoperante para evitar que los responsables se  retiren con millonarias jubilaciones, cabe preguntarse si no es hora de que los ciudadanos, cada uno en su ámbito de acción, trabajo o profesión, cambien las reglas del juego, cambien las estructuras verticales de los sindicatos y de los partidos, y se convoquen nuevas elecciones para quitar de en medio a tanto patriota. No en vano, Samuel Johnson, escritor inglés del siglo XVIII, afirmó que «el patriotismo es el último refugio de los canallas»

[SIN] RAZÓN DE ESTADO

La razón de la existencia del Estado surge de la necesidad primaria de los grupos humanos por armonizar su convivencia y asegurar su bienestar. Sin embargo, la clase política parece haber olvidado totalmente este principio fundamental y vaciado de sentido dicha razón provocando el desamparo y la infelicidad de la sociedad.

La consolidación del concepto de Estado como fórmula de convivencia y protección de la comunidad permitió que las tensiones entre los distintos grupos y clases sociales generaran sistemas de gobierno cuya evolución puede identificarse con los progresivos estadios de civilización. En Occidente, el gran salto cualitativo se produce a partir del siglo XVI, cuando el pensamiento racionalista favorece la concepción de un Estado laico y la tolerancia, los derechos humanos y las libertades civiles se convierten en pilares básicos de una sociedad  moderna que prefigura el sistema democrático.
La democracia, que tiene el liberalismo y el capitalismo como mecanismo ideológico-económico, si bien no resuelve la lucha de clases y, por tanto, no alcanza el ideal de justicia social, crea y extiende un espacio de acción política que permite un elevado grado de participación de los miembros de la comunidad dentro del  Estado. Éste se concibe como un conjunto de instituciones y leyes orientado a preservar la paz y la felicidad de los miembros de la comunidad; a regular las actividades humanas para que cumplan el objetivo del bien común, y a prestar los servicios públicos necesarios.
Todo esto significa que el Estado tiene una función y que tal función es gestionada por un gobierno cuya autoridad emana de la soberanía popular y cuyos recursos proceden de los ciudadanos a través de sus impuestos. Ahora bien, cuando una actividad social amenaza la felicidad social y degrada el bien común, es obligación del Estado regular e imponer límites a los excesos de tal actividad. El olvido de este principio básico de la razón de Estado, tanto por parte de la clase política como de gran parte de la ciudadanía, ha dado lugar a  que la acción económica haya usurpado el espacio de la acción política y que el Estado se encuentre sin recursos que le den fuerza y autoridad para cumplir con su función.
La función del Estado es regular los mercados porque la libertad económica está supeditada a la libertad y el bienestar de los ciudadanos y no al revés. La función del Estado es tener el patrimonio de bienes de producción, especialmente de materias y productos estratégicos para su seguridad  -energía, agua, transportes, etc.- y prestar los servicios públicos.
En la gestión de los servicios públicos, por ejemplo, es exigible la eficacia, pero ésta no necesariamente debe vincularse a la rentabilidad económica sino a la prestación misma del servicio. El transporte, el teléfono, la electricidad, el agua potable, la atención hospitalaria, la enseñanza, la recogida de basuras, incluso el banco, no son privilegios de poblaciones en los que puedan ser "rentables" sino derechos ciudadanos, también de aquellos que viven en pueblos pequeños más o menos aislados o alejados de los grandes centros urbanos.
La desregulación de los mercados, la privatización del patrimonio estatal y de los servicios públicos -enseñanza, sanidad, transportes, energía,  etc.- y la malversación de la soberanía es una falacia que ha convertido a los actuales Estados en meros gestores de la economía capitalista y, consecuentemente, en la sin razón de su propia existencia. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso la justicia mercantil no estaría colapsada a causa de las suspensiones de pago y las quiebras. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso los bancos no estarían exigiendo a los Estados «inyecciones» de dinero público o las multinacionales privadas su intervención para que las defiendan de actos que entrarían perfectamente en el marco «del libre juego de la oferta y la demanda» que los gurúes neoliberales defienden con tanta pasión.
La ineficacia de un Estado y lo que pone en tela de juicio su propia existencia se pone de manifiesto en su incapacidad para preservar los puestos de trabajo de millones de personas, para mantener la seguridad ciudadana, para defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos víctimas de la dictadura bancaria y para cumplir con la parte que le toca en el contrato social. Si un Estado llega a este grado de vulnerabilidad y degradación, la ciudadanía está en su legítimo derecho de retirarle el mandato a sus gobernantes, de dejar de pagar sus impuestos y, si cabe, de refundarlo.

¡ES POLÍTICA, IDIOTAS!

La decisión del Gobierno argentino de recuperar el control de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ha desatado reacciones tan viscerales como teatrales que impiden un análisis racional y riguroso sobre la medida, su alcance y significación. El hecho sirve además para ejemplificar hasta qué punto la elite política está sujeta a la soberanía de los mercados, aunque su lenguaje sigue atado a un orden emocional que necesita de la exaltación patriótica para justificarse.

En 1922, el viejo caudillo de la Unión Civica Radical, Hipólito Yrigoyen, promovió la creación de YPF con el propósito de contar con una compañía de bandera para la explotación del petróleo y del gas del noroeste del país, que, en esos momentos, monopolizaban la estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Con esta decisión, Yrigoyen no sólo abrió una brecha en la presión que ejercían las multinacionales sobre la economía y los recursos naturales del país, sino que, en el ámbito doméstico, logró acallar el ruido de sables que hacía el sector más nacionalista de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había hecho el caudillo radical? Simplemente una maniobra política.

Cinco años más tarde, en 1927, en España fue creada Campsa, que junto a Hispanoil, abrieron el camino al gobierno de Felipe González para la fundación de Repsol. El objetivo era que España tuviera participación en el cada vez más complejo mercado energético mundial. Esta misma complejidad llevó a los socialistas a permitir la entrada a sectores privados en la compañía estatal. ¿Qué había hecho Felipe González? Simplemente una maniobra destinada a defender la parcela política que le corresponde al Estado.

Sin embargo, en 1997, justo un año después de ganar las elecciones y en el momento más álgido de la entronización de los mercados, el gobierno conservador de José María Aznar, presa de la fiebre neoliberal, inició la venta de las empresas estatales, entre ellas Repsol, y el vaciamiento del patrimonio estatal. A partir de ese año, Repsol pasó a manos de un grupo de accionistas privados ajeno a cualquier bandera que no sea la del capital. ¿Qué había hecho el caudillo del Partido Popular? Simplemente una maniobra política de signo económico orientada al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».

Por esa misma época, en Argentina, el peronista Carlos Menem hacía lo propio y vendía todo lo que el Estado argentino tenía hasta convertirlo en una entelequia política en la que sucumbió en 2001 el radical Fernando de la Rúa, cuya denostada figura aún está pendiente de un análisis serio que le devuelva su integridad a ojos de la ciudadanía. En 1999, Menem vendió, entre otras compañías estatales, Aerolíneas Argentinas a Iberia e YPF a Repsol. Es decir, a una compañía que ya no pertenecía a España sino a unos inversores privados. ¿Qué había hecho el caudillo peronista? Simplemente contribuir al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».

Con estos antecedentes ahora cabe entrar en el sentido de la expropiación de Repsol-YPF ordenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirshner y en el papel del Gobierno español que preside el conservador [me niego al contrasentido del adjetivo «popular» en este caso] Mariano Rajoy. Tanto Argentina como España, como la mayoría de los países del planeta, no sólo han malvendido sus empresas nacionales sino que al hacerlo han aceptado que el Estado sea mero gestor de los intereses del gran capital. Es decir que sus gobernantes han incumplido el contrato social y vulnerado la soberanía que los legitimaba. De modo que toda manifestación de patrioterismo está fuera de lugar. En Argentina, porque el discurso político está viciado del rancio caudillismo populista, himno, bandera y bombo, y en España, porque el discurso político del Gobierno español está contaminado por el apolillado espíritu de la Contrarreforma.

Independientemente de las cuestionables oportunidad, formas y causas domésticas -inflación, desabastecimiento energético, casos de corrupción en uno de los cuales aparece comprometido el vicepresidente Amado Boudou- como se ha procedido a la expropiación de Repsol, nadie puede sinceramente negar la legitimidad de la medida ¿Qué ha hecho la presidenta Argentina? Simplemente tratar de recuperar mediante un acto político el sentido de existir del Estado y la soberanía malversada de su país. ¿Qué ha hecho el primer ministro español? Simplemente hacer de corifeo de intereses económicos que nada tienen que ver con el Estado español. 

Lo que resulta chocante para muchos, tanto para los patrioteros de uno y otro lado, como para los dirigentes de una clase política que ha naturalizado su subordinación a la soberanía del «mercado», es encontrarse de nuevo con una acción política interfiriendo en la acción económica y no a la inversa. La histeria con que han reaccionado el Gobierno español y la Unión Europea jaleados por una prensa comprometida con los intereses privados se debe a que, a pesar de sus esfuerzos, ya no reconocen la política como protagonista de la vida de los países y de los ciudadanos y con ello arrastran a estos a aceptar resignadamente que sean despojados de su bienestar y de su imaginación. El regreso a la acción política hará que los Estados y con ellos sus ciudadanos recuperen su soberanía dejando sin efecto la perversa jurisdicción de los mercados, los bancos mundiales, los golmandsachs y los efemeís sobre la vida de las personas.

Pino Solanas expone detalladamente el proceso de privatización, argentinización y expropiación de YPF.

LOS PATRONES DE LA LENGUA

Varias comunidades autónomas, universidades y sindicatos han publicado unas guías o manuales con indicaciones de cómo hay que hablar para no ser sexista. La Real Academia Española ha reaccionado con un informe rechazando tales instrucciones por inviables, pues si se siguen «no se podría hablar».

La toma de conciencia de la injusticia social, dentro de la que cabe el concepto de discriminación, sea racial, sexual o de cualquier otra naturaleza, constituye uno de los elementos más positivos atribuibles al progreso de los sistemas democráticos de gobierno. Las lenguas no son ajenas a esa dinámica en tanto son vehículos de la cultura y la ideología de los hablantes. Es decir, según lo formuló Ferdinand de Saussure, que toda lengua es diacrónica y al mismo tiempo sincrónica. La diacronía es el sustrato histórico de la lengua, a sus cimientos, y la sincronía al habla, a la dinámica de su superficie y que se mueve y modifica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de los hablantes. Quienes ignoran estos conceptos tienden a confundirlos y a cometer torpezas y a pretender guiar el habla hacia entelequias absurdas generando una jerga estúpida y absurda, como la que ahora se promueve desde ciertos estamentos sociales e institucionales. Es ¿comprensible? que funcionarios o sindicalistas puedan caer en esta trampa ideológica porque son profanos en la materia y los mueve el deseo de alcanzar un ideal, pero sin duda es incomprensible que profesores universitarios allegados al campo lingüístico y filológico den cobertura intelectual al disparate de interpretar el genérico como una especie de capricho normativo «no democrático».

Es cierto que la lengua castellana tiene un elevado componente sexista, también violento, racista, homófobo, etc., pero su modificación no depende de buenas instrucciones normativas sino de la evolución ideológica de la sociedad, cuya habla irá asumiendo las nuevas condiciones de la relación entre los individuos [¿o he de decir aquí «y de las individuas» para no ser sexista?]. e incorporándolas al sustrato histórico de la lengua si tales condiciones se internalizan y consolidan en una nueva cultura. La «visibilidad de la mujer» en el lenguaje ni su emancipación social se verificarán, como tampoco se reducirá la violencia machista, porque se diga «personas becarias» en lugar de «becarios», «maestros y maestras» en lugar de «los maestros», etc., porque en la realidad tampoco el niño se siente menoscabado en su varonía al incluírselo en «la niñez» o el ciudadano varón por formar parte de «la ciudadanía», ni tampoco el «futbolista» pide que le llame «futbolisto».

Está claro que quienes impulsan estas absurdas campañas no se fundamentan en estos conceptos básicos de la lengua, sino en un buenismo simplista barnizado de progresismo que, paradójicamente nace en el principio conservador de la «corrección política». Una corrección vinculada al «pensamiento único» cuyo propósito es la creación de una realidad enajenada. La razón instrumental de la que hablaban los filósofos de la Escuela de Frankfurt aplicada por quienes controlan el poder a las ciencias sociales, los medios de comunicación y la publicidad les ha permitido fraguar un discurso alienante que, en su fase actual, ha hecho del eufemismo y la torpeza léxica su principal herramienta de trastorno semántico de las palabras y, consecuentemente, de la realidad e identidad de los individuos. Pretender cambiar la cultura y los hábitos sociales escribiendo manuales de habla es tan torpe y absurdo como querer empezar una casa por el tejado y no por sus fundamentos.