Bien puedo decir que soy hijo y superviviente de la esperanza. El 10 de diciembre de 1948 -tenía yo entonces tres años-, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de dos guerras mundiales y muchas zonas del mundo colonizadas esta declaración suponía poner como piedra angular de la civilización el valor de la vida y la dignidad de las personas. Sesenta años más tarde, puede constatarse que los avances han sido notables en el territorio de las conciencias, pero insuficientes en el plano institucional. Basta una somera información del estado del mundo y la persistencia en él del uso de la guerra como vía de solución de los conflictos internacionales y de la intolerancia religiosa, política, social, sexual y étnica, para constatar la conculcación de los principios de tan hermosa declaración. Basta ver la violencia social que se manifiesta en las relaciones de pareja, en la vida escolar y vecinal, para saber cuanto falta aún por hacer. Un aún falta entorpecido más todavía por las rémoras totalitarias de algunos grandes países, como China, Rusia, Irán, Zimbabue, etc., y la deriva reaccionaria de otros, como EE.UU. que han procurado legitimar la tortura como arma de lucha contra el terrorismo ante la bulliciosa pasividad de las civilizadas naciones europeas.
La fuerza de la esperanza por un mundo más justo y respetuoso de la condición humana y de su hábitat se concentra en grandes organizaciones, como, entre otras, la Human Righs Watch y Aministía Internacional, a la cual mi familia y yo le debemos el rescate del horror vigente en una Argentina de los años setenta, donde los derechos humanos no eran ni derechos ni humanos, como pretendió la propaganda de la junta militar que gobernó el país entre 1976 y 1982.
