Como intuyó el malogrado Kennedy O'Toole, parecería que la sociedad y nuestras vidas son fruto de una conjura de necios. El discurso ético que debería orientar a los ciudadanos es corrompido por agentes de la estupidez, la soberbia y la ignorancia barriobajera o el lirismo de bar aupados al gran púlpito. Todos ellos forman parte de esa banda cuya función es neutralizar los mecanismos de la imaginación y vaciar los cerebros de todo pensamiento más o menos racional. Unos, infradotados para la tarea que los necios les han encomendados, piden «que la chupen», y otros, canallas de profesión, se jactan de no vivir de los derechos de autor y abogan por una cultura «popular gratuita» con el aplauso de eso que ellos llaman «pueblo». Pero éste no es -o al menos no lo es en su totalidad- la masa malipulable e ignorante utilizada como arma arrojadiza por el poder, sino el conjunto de los grupos sociales que trabajan y piensan por el progreso y el bienestar de la comunidad.
En este estado de cosas, se observa, entre otras graves falencias, el deterioro de la cultura como acervo de conocimiento en favor del producto y, dentro de este contexto, la consideración del escritor y del traductor como trabajador de tercera clase. Es decir, los únicos para quienes se impone la falacia de la gratuidad de la cultura, mientras grandes empresas controlan el gran negocio editorial. Tampoco los gobiernos son ajenos al menoscabo de los artistas, poetas, escritores, traductores. Según informa CEDRO, este año repartirá menos de 500.000 euros entre casi 22.000 escritores y traductores por la recaudación en las bibliotecas por el préstamo de libros correspondientes a los años 2007 y 2008. Sólo el Ministerio de Cultura, el gobierno de Navarra y de las comunidades autónomas de Madrid, Murcia y Aragón han pagado unas sumas exiguas. ¿Es este el modo como la moderna España de las autonomías respeta a sus creadores? La respuesta, vergonzosa, es sí, porque el discurso de los necios desde el púlpito y las instituciones ha calado en la masa social, que exige cultura gratuita porque es un derecho y olvida que también lo es la vivienda y, sin embargo, no ha dudado en pedir una hipoteca para alimentar el boom y la corrupción inmobiliarias.
