sábado, 24 de mayo de 2008

El general Videla entre rejas

Norberto Oyarbide, juez federal de la República Argentina, ha ordenado la detención del general Jorge Rafael Videla, cabeza de la primera junta de la dictadura militar que aterrorizó y diezmó el país entre 1976 y 1983. El octogenario y sanguinario ex dictador, quien ya cumple arresto domiciliario por su participación en el Plan Cóndor y el robo de niños, ahora es acusado del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, presos entre 1976 y 1977. El secuestro no tuvo motivación política, sino extorsiva. Se procuraba que la empresa algodonera que ambos poseían firmara un contrato de exportación que interesaba al Ministerio de Economía. Los ex ministros Albano Harguindeguy y José Martínez de Hoz también han sido acusados por la misma causa. Las detenciones han sido posible gracias a la ratificación, en abril de 2008, por el Tribunal de Apelaciones de la decisión del juez Oyarbide de declarar nulos los indultos que en su momento concedió el ex presidente peronista Carlos Menem.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ha declarado que su Secretaria es la que «ha impulsado la detención de los procesados por crímenes de lesa humanidad en cárceles comunes, por cuanto no existen motivos para que gocen de privilegios que no se otorgan al resto de las personas sometidas a proceso». Sin embargo, hay cosas que siguen siendo chocantes y que no acaban de despejar un cierto clima de impunidad flotando en la sociedad argentina. Como sostengo en Breve historia de Argentina. Claves de una impotencia, no basta con su detención, sino que es imprescindible que «sean expulsados con deshonor del seno de la institución [...] y confiscadas sus fortunas productos del latrocinio [...] Asimismo la Iglesia católica argentina también debe asumir la cuota de complicidad con los crímenes cometidos por los militares y dejar que la Justicia juzgue y condene a sus responsables. Y por último, también los trabajadores han de promover, desde las bases, estructuras sindicales democráticas que impidan que sus sindicatos sigan actuando como verdaderas organizaciones mafiosas...».