
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ha declarado que su Secretaria es la que «ha impulsado la detención de los procesados por crímenes de lesa humanidad en cárceles comunes, por cuanto no existen motivos para que gocen de privilegios que no se otorgan al resto de las personas sometidas a proceso». Sin embargo, hay cosas que siguen siendo chocantes y que no acaban de despejar un cierto clima de impunidad flotando en la sociedad argentina. Como sostengo en Breve historia de Argentina. Claves de una impotencia, no basta con su detención, sino que es imprescindible que «sean expulsados con deshonor del seno de la institución [...] y confiscadas sus fortunas productos del latrocinio [...] Asimismo la Iglesia católica argentina también debe asumir la cuota de complicidad con los crímenes cometidos por los militares y dejar que la Justicia juzgue y condene a sus responsables. Y por último, también los trabajadores han de promover, desde las bases, estructuras sindicales democráticas que impidan que sus sindicatos sigan actuando como verdaderas organizaciones mafiosas...».