La actual situación de aparente colapso que experimenta la economía estadounidense y sus repercusiones en la economía mundial saca a la superficie los excesos del ultraliberalismo cuyo correlato político más extremista ha sido la administración Bush. El orden financiero mundial surgido de la Conferencia de Bretton Woods en 1944 sancionó una serie de mecanismos para neutralizar o atenuar los cíclicos períodos recesivos que hasta ahora han respondido con notable eficacia. Sin embargo, las políticas monetaristas impulsadas por los ultraliberales propiciando la existencia de estados anoréxicos y limitados a crear leyes que favoreciesen una total libertad de mercado han dado lugar, sobre todo tras la desaparición de la URSS, a un ejercicio salvaje del capitalismo. Los comisionistas petroleros, los tiburones financieros y los lobos pentagónicos, entre otras fieras, han acabado generando guerras, exacerbando el terrorismo, acrecentando las diferencias entre países ricos y pobres, empujando al éxodo a millones de personas y desestabilizando el presunto «equilibrio» de la economía globalizada.
La negativa de los sectores ultraconservadores del partido Republicano a que la Reserva Federal salga al rescate del sistema financiero estadounidense no tiene tanto que ver con la airada reacción de los ciudadanos víctimas de los desafueros y la corrupción de los ejecutivos, como con que su aceptación supone reconocer la importancia del estado como ente regulador y protector de los intereses de la comunidad frente a los intereses del capital privado y que hasta la caza entendida como deporte tiene sus reglas. La libertad de mercado de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia ha de prevalecer sobre la libertad y el bienestar de los ciudadanos, de modo que el desafío que tienen los gobiernos no es tanto acudir en ayuda de las empresas y bancos al borde de una supuesta quiebra, pues esto sería tan estúpido como exigirles en el futuro que los empresarios trabajen por un sueldo y repartan sus beneficios entre todos, sino desarrollar una legislación que reglamente los límites de la libertad de mercado a fin de que su ejercicio no conculque el derecho de los ciudadanos a vivir dignamente y el de los países a disfrutar de sus propias riquezas.
