jueves, 17 de septiembre de 2009

FOLKLORE INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

Ante el pintoresco referéndum de Arenys de Munt (Cataluña) convengo en que no hay que rasgarse las vestiduras por su celebración, porque está más que claro que es una jugarreta para presionar a los jueces del Constitucional por la cuestión del Estatuto. Mucha gente no ha visto esta intención, porque se ha actuado políticamente de un modo tan provinciano como chapucero.

En principio, si bien en democracia todos tenemos derecho a preguntar, cuando se trata de preguntas que afectan a las instituciones o a la conformación del Estado hay que hacerlas a través de los cauces establecidos por la Constitución. No hay otro camino, salvo que se trate de política de baja altura o de crear el clima propicio para salidas violentas.

Hay que considerar que en una democracia, los ciudadanos ceden parte de su soberanía a sus representantes, lo que significa que son éstos -los diputados- y no ellos quienes tienen que formular las preguntas o tomar decisiones en el Parlamento. No estamos en un estado asambleario sino parlamentario y por lo tanto no se pueden celebrar referendos ni movilizar a los ciudadanos a la ligera, como ha venido sucediendo en los últimos años en España.

Si el Parlamento autonómico catalán y el nacional –los legítimos representantes de los ciudadanos- aprobaron un nuevo Estatuto de autonomía, la pregunta no es si los catalanes quieren ser independientes (¿de qué?), sino por qué se cuestiona la validez de tal Estatuto sometiéndolo a la decisión de unos jueces por iniciativa de un partido (PP). Ante la evidente respuesta, los partidos políticos de Cataluña –todos- en lugar de hacer folklore independentista (o anti-independentista) podrían convocar una manifestación ciudadana que haga visible, por si alguien tiene dudas, el apoyo del pueblo catalán al Estatuto aprobado por sus representantes parlamentarios y refrendado por el Parlamento nacional. Por su parte, los jueces del Constitucional tienen la obligación y la responsabilidad de resolver con celeridad la cuestión que se les planteó por miopía y mezquindad política reconociendo no el Estatuto sino la soberanía del Parlamento.