jueves, 23 de diciembre de 2010

CADENA PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS ARGENTINOS

Videla, Menéndez y otros jerarcas del genocidio argentino

En una histórica sentencia, el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, ha condenado a Jorge Rafael Videla, presidente de la dictadura, Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército y a catorce ex militares, policías y penitenciarios, a cadena perpetua por los crímenes cometidos contra presos políticos en Córdoba.

La sentencia, cuyo valor histórico trasciende las pronunciadas por el Tribunal de Nüremberg contra los jerarcas nazis, al ser la primera vez que un tribunal civil de un país juzga y condena a militares, policías y carceleros con jueces y leyes propias a criminales de lesa humanidad. Los condenados, que deberán ingresar en una cárcel común, lejos de reconocer su culpabilidad, aprovecharon su turno para reivindicar sus acciones delictivas en cumplimiento de la «misión encomendada por la Nación» y «ahorrar sufrimientos a la patria».
Como se recordará, la acción represiva de los militares argentinos, que comenzó durante los gobiernos peronistas presididos por el general Perón y María Estela Martínez, Isabelita, se recrudeció a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y se mantuvo hasta la restauración democrática, en 1983. Durante este período miles de personas fueron torturadas y asesinadas, cerca de treinta mil de las cuales fueron hechas desaparecer en fosas comunes o arrojadas al Río de la Plata o al océano, en los llamados «vuelos de la muerte», y más de medio millón de perseguidos debieron exiliarse para salvar sus vidas. Asimismo,  durante el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» los militares emprendieron el desmantelamiento de las infraestructuras productivas y el saqueo sistemático de los bienes de miles de opositores, con graves consecuencias económicas y morales que aún siguen afectando a la salud social del país.
La histórica sentencia es un paso importante para la consolidación democrática de Argentina, pero aún quedan por investigar y procesar a la cúpula de la Iglesia católica argentina, a la dirigencia sindical comprometida con la dictadura y a varias empresas multinacionales, que se valieron de la represión militar para aniquilar a dirigentes obreros, especialmente a los más combativos que actuaban al margen de la CGT en las áreas industriales de Rosario, Córdoba y Tucumán.