El rechazo parlamentario de la llamada Ley Sinde, que incluye una normativa contra las descargas piratas en la red, constituye un grave retroceso en la lucha contra la piratería. La actitud mezquina de la oposición ha dado lugar a uno de los episodios más irresponsables de la vida democrática española.
La industria cultural constituye uno de los pilares básicos de la economía. La producción musical, cinematográfica y literaria representa un alto porcentaje del PIB y la piratería a escala mundial pone en peligro su existencia y, consecuentemente, el medio de vida de los creadores y artistas.
En nombre de una supuesta libertad de acceso a los contenidos, se ha extendido la creencia entre los internautas de que el producto cultural ha de ser gratuito, porque tienen derecho a la cultura, al conocimiento, etc. Sin embargo, este colectivo virtual no reclama la gratuidad a los otros agentes del acceso y pagan sin rechistar abusivos peajes a quienes controlan las autopistas de la información.
En esa actitud equivocada olvidan que los creadores de contenidos están amparados por la ley de propiedad intelectual que regula los derechos morales y patrimoniales del autor sobre su creación. Esto significa que los creadores, en tanto propietarios de un bien, si no ceden expresamente sus derechos nadie puede arrebatárselos en nombre de ninguna clase de libertad ni derecho.
A nadie se le ocurre abogar por el trabajo gratuito en oficinas, fábricas, hospitales o tiendas aduciendo el bien común y menos la gratuidad de la vivienda o los servicios de transporte, de agua potable, etc. Y no se le ocurre nada de esto porque vivimos en una sociedad liberal que ha adoptado el capitalismo como sistema económico y la democracia parlamentaria como sistema democrático.
En esa actitud equivocada olvidan que los creadores de contenidos están amparados por la ley de propiedad intelectual que regula los derechos morales y patrimoniales del autor sobre su creación. Esto significa que los creadores, en tanto propietarios de un bien, si no ceden expresamente sus derechos nadie puede arrebatárselos en nombre de ninguna clase de libertad ni derecho.
A nadie se le ocurre abogar por el trabajo gratuito en oficinas, fábricas, hospitales o tiendas aduciendo el bien común y menos la gratuidad de la vivienda o los servicios de transporte, de agua potable, etc. Y no se le ocurre nada de esto porque vivimos en una sociedad liberal que ha adoptado el capitalismo como sistema económico y la democracia parlamentaria como sistema democrático.
Este sencillo razonamiento sin embargo escapa precisamente a quienes deberían tenerlo siempre presente, como son los representantes políticos encargados de legislar con ecuanimidad. El rechazo de la ley de Economía sostenible, llamada Ley Sinde, ha sido un ejemplo de cobardía y mezquindad de la oposición política española. Cobardía porque ha cedido al chantaje de «los internautas» -¿quiénes son? ¿donde están? ¿quiénes los mueven?-, y mezquindad porque piensa en los votos que puede ganar votando a favor de una ley supuestamente impopular, antes que en defender los legítimos derechos de un colectivo que, independientemente de ser el sostén primero y principal de la industria cultural, contribuye al crecimiento espiritual y la felicidad de la sociedad. Lo que ha hecho la oposición, encabezada por PP, es darle patente de corso a los piratas.
