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| Foto del blog APCAE |
La huelga salvaje protagonizada por los controladores aéreos españoles y que paralizó durante más de dos días el espacio aéreo del país ha significado un golpe brutal del sindicalismo amarillo no sólo contra la economía del país y los derechos civiles, sino también contra el espacio democrático al obligar al Gobierno a apelar al estado de alarma.
Los controladores -también los pilotos- forman parte de un colectivo que, al pertenecer a un sector estratégico de la actividad y seguridad de un país -«pieza esencial del ajedrez que se juega en el transporte aéreo», dice la APCAE, Asociación Profesional de Controladores Aéreos de España-, tienen una alta exigencia de responsabilidad profesional y personal. Tal exigencia es razonable que sea debidamente atendida mediante remuneración y horarios justos y formación adecuada.
Nadie sensato puede obviar esto del mismo modo que nadie sensato puede obviar que el trabajo de los controladores -y de los pilotos- pertenece al ámbito de los servicios públicos y que, en este sentido, el legítimo derecho a sus reclamaciones y reivindicaciones de grupo no deben trascender los límites establecidos por el Estatuto de los Trabajadores y los también legítimos derechos de los demás ciudadanos.
Es decir, que el colectivo de los controladores no debería de olvidar que la alta responsabilidad de su trabajo no lo exime del cumplimiento de la ley y que las huelgas salvajes solapadas bajo el burdo pretexto de la baja médica por estrés es una vía errónea para reivindicaciones cuya legitimidad económica o ética no han sido debidamente fundamentadas, más allá de una dudosa "situación de estrés" colectiva, y sobre las que planea la percepción de insolidaridad social a causa del paro y la crisis económica mundial.
La USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) ha desarrollado una estrategia de lucha altamente peligrosa para defender lo que muchos ciudadanos perciben como «privilegios», saltándose las normas que el estado de derecho confiere a los trabajadores. Y no sólo eso. En su autismo social no exento de amarillismo y prepotencia de clase ha querido «echar un pulso» al Gobierno, cuando en realidad lo estaba echando al Estado de derecho. Esta acción a todas luces irresponsable de los dirigentes de la USCA y cuyos móviles políticos o partidistas no están nada claros, ha supuesto una agresión al espacio democrático que ha obligado al Gobierno a tomar una medida tan grave como es la de decretar el «estado de alarma» y militarizar el sector para garantizar el cumplimiento de un servicio público, que sienta un precedente verdaderamente peligroso para la democracia española.
Tras lo sucedido entre los días 3 y 5 de diciembre, no sólo cabe al Gobierno tomar las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de un servicio público estratégico para la seguridad, la economía y la salud social, sino también una profunda reflexión de la clase política y de los controladores. A la primera, sobre el sentido del Estado y a los segundos sobre la naturaleza de su profesión como sobre su responsabilidad ante la sociedad. Ni la oposición mezquina, como la del partido derechista, ni el sindicalismo amarillo, como el de la USCA, no pueden seguir volando en el espacio democrático español.
