EL DISCURSO DE LOS CÍNICOS

¿Trajes? ¿De qué trajes habla?

Los furibundos ataques de la cúpula del PP contra el candidato socialista a las próximas elecciones presidenciales, por el llamado «caso Faisán», contrasta con el cerrado silencio que manifiesta ante el procesamiento por corrupción del presidente valenciano Francisco Camps. 

Si ya produce asco que una parte de los votantes valencianos tengan tripas como para haber dado su voto a una banda de presuntos corruptos, como es la que encabeza Francisco Camps en la comunidad valenciana, más lo produce el ejercicio de cinismo del principal partido de la oposición, el derechista Partido Popular (PP), al centrarse únicamente en tener o recuperar la poltrona desde aquel famoso exabrupto de Aznar, «váyase señor González». Después de una agobiante, enrabietada y mezquina oposición durante dos legislaturas al Gobierno socialista,  durante las cuales no sólo no colaboró en ningún asunto de Estado sino que boicoteó algunas decisiones gubernamentales poniendo en duda la solidez financiera española en el plano  internacional, el discurso de los cínicos -voz que deriva del griego kyn-nos, perro- sigue centrado en su asalto al poder. 

Ni los más ignorantes dudan de que dos de las cuestiones más sensibles en estos momentos son la economía y el terrorismo. Nadie duda de que el ex Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es quizás quien ha impulsado la política más eficaz para debilitar a ETA y abocarla a su desaparición. Sin embargo, el discurso de los cínicos se centra en descalificar a la persona y sembrar dudas sobre su honestidad al frente del ministerio. Al mismo tiempo, el discurso de los cínicos omite el alto grado de corrupción que contamina al PP en casi todas las comunidades y ayuntamientos donde gobierna, con el fútil pretexto de estar «centrados en lo que realmente interesa a los españoles».  Para los cínicos cualquier cosa vale para descalificar, ensuciar y pedir la dimisión de sus rivales, pero no para los suyos, aunque estén trajeados hasta las cejas.

Cabe preguntarse cómo es que se rasgan ahora las vestiduras porque el Gobierno «haya dilapidado la gran herencia que dejaron sus gobiernos» y no se las rasguen ante la certeza de que fueron ellos, con la desrregulación del suelo y sus políticas ultraliberales, quienes favorecieron los pelotazos y la burbuja inmobiliaria, cuyas consecuencias ahora están obligados a pagar todos los españoles. El espectáculo que ofrecen y el ejercicio de cinismo y mezquindad que realizan son tan repugnantes que me pregunto si alguno de ellos tiene conciencia o sabe lo que es la decencia.

¡ES HORA DE PAGAR LOS DERECHOS DE AUTOR!

ACEC, AELC y Gremi d'Editors acuerdan el modelo de «Contrato de Edición de Obra de Encargo».

La industria editorial española, cuya sede capital es Barcelona, es una de las más poderosas del mundo y la hegemónica  en el ámbito de la lengua castellana. Sin embargo, sus prácticas y usos editoriales van en flagrante perjuicio hacia la dignidad y los derechos de los escritores profesionales.

La mayoría de las editoriales directamente o a través de empresas intermediarias -los packagers o «talleres»- conculcan sistemáticamente los derechos de autor mediante una gran variedad de recursos. Entre éstos se pueden contar el tratamiento del autor como «colaborador», «redactor», «prestatario», etc., el desconocimiento y la omisión de su nombre en la obra que ha realizado o colocado entre ilustradores, maquetistas, coordinadores, correctores, directores ejecutivos, etc., y hasta la burda estratagema de no darle los ejemplares justificativos a fin de que no tenga elementos para hacer cualquier reclamación.

Pero si lo anterior es grave desde el punto de vista moral, mucho más lesivo para los intereses patrimoniales del autor es su negación como tal y la apropiación indebida de sus derechos autorales con el subterfugio de calificar toda obra como «colectiva».

Como se sabe, toda obra colectiva es aquella que por iniciativa del editor se realiza con un gran número de autores, cuya aportación es difícilmente discernible. Este es el caso de las enciclopedias, los diccionarios y algunos tipos de manuales. Sin embargo, una colección temática de libros no es necesariamente una obra colectiva. De ser así, plantear que colecciones como la célebre Austral, de Espasa Calpe, o Andanzas, de Tusquets, son obras colectivas sería un gran absurdo.

La cuestión parte de la [mal] intencionada consideración de la obra de encargo como obra colectiva. El hecho se produjo cuando algunos editores de texto vieron que, debido al articulado de la Ley de Propiedad Intelectual, podían perder el control comercial de sus colecciones si los maestros y profesores creadores de los textos cedían los mismos a la competencia una vez cumplido el plazo de cesión acordado. Para evitar que esto sucediera se valieron de la relativa ambigüedad del artículo 8 de la LPI para aplicar a todo encargo el concepto de «obra colectiva» y apropiarse indebidamente de los derechos de autor. Este recurso no sólo les dio el control absoluto de sus colecciones sino que también les reportó ingentes beneficios económicos al reducir el pago de derechos a un exiguo tanto alzado.

El 11 de junio de 2010, la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Catalunya), la AELC (Associacio d'Escriptors en Llengua Catalana) y el Gremi d'Editores de Catalunya sellaron un histórico acuerdo al presentar, entre otros modelos de contratos de edición y traducción, el contrato de edición de obra de encargo. La gran novedad de este modelo de contrato, que se puede consultar en las páginas webs de las tres instituciones mencionadas, es que los autores reconocen a los editores el control de la explotación comercial de la obra y los editores respetan los derechos del autor y pagan a éste un determinado porcentaje sobre las ventas en concepto de tales derecho de autor. 

Dado este paso de gigante para mejorar la situación de decenas y decenas de escritores profesionales cabe esperar que las reclamaciones de éstos ante los editores y ante la Justicia sean debidamente atendidos.

EL DESCENSO DE RIVER Y LA NÁUSEA

River Plate, el club más laureado del fútbol argentino ha consumado su decadencia y ha descendido a segunda. Miles de hinchas enfurecidos han salido a la calle pidiendo responsabilidades. Las escenas de hombres acompañados de sus hijos llorando y vociferando podrían ser acaso desgarradoras si no fuesen porque revelan lo peor de la cultura del país.

La dictadura militar acaecida entre 1976 y 1982 provocó una extraordinaria sangría de vidas y su política de latrocinio y de terror condenaron a la sociedad a la miseria económica y moral, a cuya superación una clase política populista y corrupta no ha contribuido. Esa quiebra de los valores éticos afecta a todos los grupos y estamentos de la sociedad y determina y condiciona los comportamientos individuales favoreciendo el desarrollo de la subcultura de la ignorancia y la brutalidad como recurso de poder.

En este contexto, la dramática decadencia del fútbol argentino no debe medirse por la calidad de sus jugadores, que sigue siendo estimable, sino por las estructuras que los rigen y en las cuales tienen tanto poder de decisión las llamadas «barras bravas» como los dirigentes. La mayoría de ellos, encabezada por el máximo dirigente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) puesto a dedo por la dictadura militar, representa una pequeña tribu mafiosa conectada con las más altas esferas del poder político y sindical. Más allá de los errores puntuales en el terreno deportivo que pudieran haber cometido los dirigentes de River, cabe preguntarse por la trama de intereses y corrupciones que han intervenido para el descenso de categoría de una institución deportiva histórica.

Pero causa perplejidad escuchar a los hinchas de River (como seguramente hubieran hecho los hinchas de Boca, de San Lorenzo, de Estudiantes, etc.) amenazar a los dirigentes porque les «han matado el alma». Al ver estos miles de individuos que hoy vociferan su bravuconería porque el club del que son hinchas pasará una temporada en el infierno, uno se pregunta dónde estaban y por qué no salieron con la misma bravura cuando en Argentina el gobierno peronista primero y la Junta militar después reprimían, mataban, desterraban y hacían desaparecer a miles de argentinos. La respuesta es tan brutal que provoca náusea y dolor de sólo pensarla.

INDIGNACIÓN Y SOBERANÍA POPULAR

Fotografía: Pablo Tello

El movimiento ciudadanista M-15 ha salido fortalecido tras las manifestaciones del 19-J. Los indignados han vuelto a llenar las calles haciendo oír su voz coral para protestar contra un sistema alejado de las necesidades de las personas y cuya inhumanidad ha llevado la violencia a la intimidad de los hogares y secuestrado la soberanía popular.

La indignación no es ciega. Si bien es pariente de la ira a diferencia de ésta, la indignación no nace del instinto sino del espíritu. No es una reacción de violencia visceral, sino de reafirmación de la dignidad del individuo ofendido y violentado por los abusos del poder. Cuando esta reacción se generaliza es posible que pueda degenerar en la ira y arrastrar a los indignados a la violencia, pero mientras esto no suceda debe entenderse como una fuerza positiva cuyo objetivo es la restauración de los valores éticos y de un modo de vida centrado en las personas y su felicidad. 

El tratamiento de shock, para utilizar la metáfora de Naomi Klein, sufrido en la sociedad mundial para imponer las ideas ultraliberales, ha convertido el mundo y a sus habitantes en un soberbio mercado global, donde las únicas leyes que valen son las del beneficio económico en detrimento del bienestar de las personas.

Para que ello fuese posible, el capital financiero a través de las políticas económicas de los grandes organismos -FMI, Banco Mundial, Club de París, etc.-, bancos y sociedades privadas-Goldman Sachs, Banca Morgan, etc.- han tenido que secuestrar la soberanía popular, debilitar hasta la extenuación a los Estados y someter a los Gobiernos a. sus reglas del juego. Esto lo consiguió no sólo valiéndose de la violencia fáctica -golpes de Estado, dictaduras, etc.- sino de otras formas más sutiles de acción -golpes de mercado, políticas de corrupción- que han contribuido a crear una cultura social cuyo brillo exitista -los tiburones, los yuppies, los grandes ejecutivos, son parte de ese ejército- ha ocultado la cosificación de las personas y su reducción a entes consumidores.

Ante este panorama, cabe esperar que el 15-M, al reivindicar la condición humana y la dignidad de las personas como objetivo central de todo sistema, tendrá la fuerza suficiente como para rescatar la soberanía popular. Esto supone reconocer la validez de las instituciones y de situar en ellas a las personas más idóneas para cumplir con el mandato popular y gestionar la res publica independizándose de las políticas depredadoras de los organismos financieros que controlan el mundo. Entonces sí la queja se habrá convertido en una idea y la revolución ciudadana habrá sido posible. Entonces sí tendrá sentido el sacrificio colectivo, pero mientras tanto, sin soberanía plena seguiremos bajo la dictadura del gran capital y pagando la crisis ficticia que han creado los Milton Friedman y sus epígonos. Los idiotas útiles del poder. 

¿A DÓNDE VA EL 15-M?

¿Revolución?

Un grupo de manifestantes del movimiento ciudadanista 15-M abucheó, insultó y agredió físicamente a los diputados cuando entraban a la sede del Parlament catalán, en Barcelona, y otro zarandeó en Madrid a Cayo Lara, dirigente de Izquierda Unida, al grito de «aprovechado» y «no nos representas». También el alcalde madrileño del PP, Ruiz Gallardón, y el diputado socialista en las Cortes Valencianas, Joan Lerma, fueron descalificados por los indignados.

La indignación es la ira provocada por algo reprobable que atenta contra la dignidad de la persona y aquella que la expresa lo hace generalmente con la vehemencia propia de quien se siente profundamente herido. El M-15 ya muestra algunos síntomas inequívocos de esta vehemencia ante la pasividad o el paternalismo de la clase política que no parece entender que no estamos ante una pataleta juvenil, sino ante una reclamación mayor sobre sus conductas. Desde un discutible victimismo, los políticos y sus medios afines han llegado al absurdo de exigir corrección política y pacifismo a quienes precisamente han sido violentados desde el poder. Sin embargo, llegados este punto, cabe hacer ciertas consideraciones.
Thomas Moro, el célebre autor de la Utopía, escribió que las leyes constituyen un muro frente a la violencia, pues más allá de ellas reina el caos. La defensa de este principio lo llevó al cadalso en 1535. Siguiendo esta misma línea de pensamiento hemos de tener presente que estamos en un Estado de derecho y en el marco de una democracia representativa y que el Parlamento es el lugar donde reside la soberanía popular delegada en los representantes que se han elegido a través del voto. Esto no hace intocables a los representantes, cuyas conductas pueden ser cuestionadas por los ciudadanos -para eso se hacen elecciones periódicas-, pero sí son intocables las instituciones. Ellas son los pilares de una forma de vida mayor que si se socavan pueden acabar con todo su edificio y no parece que esta sea la intención del M-15, pues no se observa en la mayoría de sus integrantes síntomas revolucionarios. Las revoluciones surgen de las ideas y no de las quejas y aquí estamos ante la queja por una mala administración de la cosa pública que ha puesto en peligro el bienestar de los ciudadanos. Y la queja señala como culpables a quienes quizás menos culpa tengan -sacando aparte a los corruptos-, pues ellos -los políticos- han sido meros correveidiles de los verdaderos culpables, los que detentan el poder económico y financiero y encarnan esa nueva divinidad llamada mercado.

Los dirigentes del M-15 deberían tener presente que estamos en una democracia representativa y no asamblearia y que, por lo tanto, ya deberían haber abierto caminos de diálogo con la clase política reuniendo a todos los partidos políticos para presentarles sus puntos de vista a fin de cambiar la dirección de la acción política enfocándola hacia el bienestar de los ciudadanos y no hacia el beneficio de las grandes corporaciones.

El M-15 debería saber que desde 1973, cuando el general Pinochet derribó al gobierno legítimo de Salvador Allende, este golpe de Estado estuvo precedido de un golpe de mercado. Aquel hecho histórico inició la implementación de políticas ultraliberales que caracterizaron el capitalismo salvaje y que se hicieron irresistibles durante las eras de Thatcher y Reagan, con la bendición de Juan Pablo II, posibilitando el progresivo debilitamiento de los Estados y sus gobiernos hasta convertirlos en meros gestores y productores de leyes que favorecieran los intereses del mercado. Así empezó a gestarse el desmantelamiento de las soberanías populares, pues ya no fueron las personas las destinatarias de los beneficios sino las grandes corporaciones. No es casualidad que la mayor industria del mundo ya no sea la alimenticia, sino la bélica y que sean los ciudadanos los que ahora estén pagando las facturas de guerras, como las de Iraq, las subidas especulativas del petróleo y que muchos países que intentan salir de esa dinámica reciban «ataques bursátiles», como los varios que ha sufrido España en estos últimos años. 

Mientras el M-15 asume su papel de portavoz de la indignación de millones de personas víctimas de la violencia del mercado y sus esbirros, la mayoría silenciosa que vota y decide también debería reflexionar sobre el sentido de su voto y considerar que su responsabilidad va más allá de su dependencia ideológica o clientelismo, y la clase política debería hacer gestos visibles de cambio de conducta, de querer restaurar la confianza perdida, y de transmitir a la sociedad la idea de que en lugar de un empleo bien remunerado tiene una misión.

CIUDADANISMO

En la práctica, el ciudadanismo se traduce en un movimiento o conjunto de movimientos más o menos espontáneos impulsados por el deseo de una democracia más directa y participativa motivado por el anquilosamiento funcional de los partidos políticos, la frivolización mediática de su actividad en la gestión de la res publica, y, en general, por la degradación del horizonte ético en la conducta social. 

El ciudadanismo es una propuesta de regeneración moral de la vida y la administración públicas, que a veces se manifiesta en grupos articulados en partidos políticos, como la Plataforma Ciudadanos para el Cambio, que estuvo integrada en el PSC (Partit del Socialistas de Catalunya) durante algunos años, o en Movimientos Democracia Ya y M-15, que iniciaron sus protestas en la plaza del Sol de Madrid, pero cuyo carácter asambleario lo hace difuso y poco efectivo. 

Pasada la efervescencia inicial y apartado el foco de las cámaras televisivas y los micrófonos radiales, sus propuestas se dispersan, se desvanecen por agotamiento o por una abstención improductiva ante las urnas, ya que su apoliticismo acaba actuando a favor de los sectores más inmovilistas que controlan el poder. 

El rechazo a los partidos políticos y a toda doctrina supone la neutralización del espacio ideológico y con ello la suplantación de los partidos y sus militantes por colectivos o grupos de apoyo a causas o reivindicaciones sociales concretas que, independientemente de su bondad o justicia, socavan el valor de las instituciones favoreciendo una dominación sin ideología y tecnocrática que acompaña a las corrientes conservadoras y acaba interfiriendo la libertad ciudadana. Las virulentas campañas de las víctimas del terrorismo contra el llamado proceso de paz impulsado por el Gobierno socialista y las agresivas campañas contra el aborto o educación ciudadana representan el mismo impulso que Pierre Rosanvallon llamó «contrademocracia».

EL GOBIERNO CATALÁN CONTRA LAS LETRAS CATALANAS

El conseller de Cultura Ferran Mascarell

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, presidido por el convergente Artur Más, ha decretado la desaparición de la Institució de les Lletres Catalanes.

En consonancia con un drástico programa de recortes presupuestarios, el Gobierno autonómico ha anunciado que la ILC desaparece como «entidad autónoma» para convertirse en un «órgano asesor del departamento competente».

No obstante el sectarismo nacionalista con que esta institución ha actuado siempre desde su creación en 1987, excluyendo de apoyos y subsidios a escritores y poetas que escriben y se expresan en castellano [no debe olvidarse que letras catalanas son tanto las que se expresan en catalán como en castellano], la medida del gobierno de CiU supone limitar a su mínima expresión el apoyo gubernamental a la cultura del país, al mismo tiempo que pone de manifiesto la escasa sensibilidad social de la derecha. 

No es casualidad que, para resolver supuestamente la crisis y reducir el endeudamiento público, los gobiernos derechistas entiendan por eficacia cortar por el hilo que sostiene los derechos sociales, la cultura, la educación y la sanidad. Tampoco es casualidad que haya sido precisamente un gobierno de derechas el que autorizó la carga policial contra los indignados de plaza Cataluña. Si esta es la derecha moderada, civilizada, ahora cabe preguntarse ¿qué pasará en España cuando, como vaticinan las encuestas, el pueblo vote a la derecha troglodita del PP?